Teólogos y teólogas de España cuestionan a la jerarquía de la Iglesia Católica del país por mirar hacia atrás al levantarse contra reformas legislativas impulsadas por el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, alguna de las cuales afectará la ayuda financiera que recibe del Estado.
Las leyes que regulan las uniones homosexuales y el divorcio, así como las comprometidas para el aborto, la eutanasia y las que afectan las clases de religión y la financiación estatal de la Iglesia, provocaron duras críticas de obispos y cardenales, entre ellos del presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos del Vaticano, Julián Herranz.
El teólogo Enrique Miret Magdalena dijo a IPS que se debe acabar con todos los privilegios de que goza la Iglesia Católica desde que se instauró la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), entre los que se cuentan recibir financiamiento del Estado y el dictado de clases de religión en las escuelas.
La Iglesia debe autofinanciarse y, si recibe algún dinero del Estado para obras sociales, debe dar cuenta de su empleo, como están obligadas a hacerlo las fundaciones y organizaciones no gubernamentales, apuntó Miret Magdalena, un químico, científico, teólogo y periodista que a los 90 años de edad preside la Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII.
La educación religiosa la tienen que sufragar los propios fieles, como prueba de su fe y de su interés en recibirla o de que la reciben sus hijos, añadió.
Miret Magdalena presidió el tercer fin de semana de este mes en Madrid una reunión a cuyo término 35 teólogos y teólogas suscribieron la declaración Cristianismo y sociedad no confesional, en la que critican la postura de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de España y de otras organizaciones allegadas.
El texto fue suscrito, además de Miret Magdalena y otros, por José Antonio Gimbernat, Juan José Tamayo, José María Diez Alegría y Casiano Floristán, algunas de ellos miembros de la Asociación Juan XIII y otros profesores universitarios.
Los firmantes sostienen que existe una posición de la jerarquía católica que admite a regañadientes la modernidad, rechaza los postulados básicos de una ética no religiosa, se muestra insensible al pluralismo religioso de nuestra sociedad, se obsesiona en imponer su código moral y cosmovisión social, considerados los únicos verdaderos, y tiende a poseer el monopolio de la ética.
Además, subrayan que no creen que la función de los obispos sea decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, y menos aún negar al Estado la capacidad para legislar sobre determinadas cuestiones relacionadas con la igualdad de todos los ciudadanos.
La posición de los obispos, adicionan los teólogos, no responden a la realidad ni se compaginan con otras declaraciones de líderes políticos socialistas, que han expresado su respeto por todas las creencias religiosas y el compromiso de cumplir los acuerdos del Estado Español con las distintas religiones.
A la pregunta de la razón por la cual los obispos mantienen esa posición, Miret Magdalena respondió que se debe a que todos ellos fueron elegidos por el nuncio (embajador del Papa), sin consultar a los fieles.
Uno de esos obispos, el de la central provincia de Avila, Jesús García Burillo, dirigió una carta a sus feligreses afirmando que solamente en momentos de golpes de Estado se produjeron tantos cambios que afectan a la moralidad que un pueblo ha mantenido como inapreciable valor durante siglos, refiriéndose a las reformas impulsadas por Zapatero.
Esas reformas, precisó, significan un violento terremoto cultural y la asignatura laica sobre el hecho religiosa en las escuelas equivaldría a una religión del Estado.
Por otro lado, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), Luis Carbonell, manifestó a IPS que esa institución está dispuesta a llevar al gobierno ante los tribunales de justicia para impugnar la retirada de la materia de religión.
Y, como pasó cuando lo hicimos en 1999, los jueces nos volverán a dar la razón, agregó. Concapa representa a tres millones de familias, cifra resultante de sumar los adherentes a organizaciones diseminadas por toda España y que integran la Confederación, informó Carbonell presidente.
Esas organizaciones, subrayó, en menos de un mes y medio han reunido 500.000 firmas para impugnar la ley y cuando superen el millón presentarán el escrito al gobierno, para reclamarle que retire su proyecto de modificación de la Ley de Enseñanza en vigor.
Acerca de la posición de la Asociación Juan XXIII sostiene que sus argumentos carecen de validez porque sus integrantes están en contra de la Iglesia.
El responsable de la Comisión de Enseñanza de la Conferencia Episcopal, obispo Modesto Romero, también declaró que no se puede descartar la presentación de recursos contra la reforma de la Ley de Enseñanza. Porque, explicó, el cambio propuesto podría violar el artículo 27.3 de la Constitución y el acuerdo entre el Vaticano y España suscrito en enero de 1979.
Los teólogos y teólogas reunidos en Madrid, refiriéndose a estas posiciones de la Iglesia, se lamentaron que los obispos cierren filas con los votantes de la derecha, excluyendo a los de la izquierda, entre los cuales existen no pocos católicos, defiendan un modelo patriarcal sin fisuras, no se autocritiquen, estén más atentos a los privilegios de la Iglesia Católica que a las urgencias del reino de la justicia y sean más romanos que universales.
Su pronunciamiento, subrayaron por último, es en nombre de muchos católicos que acogieron gozosamente el (Concilio) Vaticano II, del que parecen estar alejados no pocos obispos españoles, y saludaron con aplausos el final del totalitarismo franquista, el derrumbe de una cristiandad sin cristianismo, la llegada titubeante pero esperanzadora de la democracia, la devolución del derecho de ciudadanía a los derrotados y marginados y el progreso logrado entre todos en diferentes campos.
