Ocho altos oficiales militares retirados estadounidenses, con grados de general o almirante, pidieron al presidente George W. Bush que designe una comisión independiente para investigar las prácticas de detención e interrogatorio por parte de Estados Unidos en Iraq, Afganistán y cualquier otra parte del mundo.
Esos oficiales retirados, que en su mayoría se desempeñaron con alto rango en servicios legales de las Fuerzas Armadas, afirmaron en una carta a Bush que las investigaciones realizadas hasta ahora sobre el asunto tuvieron mandatos demasiado limitados, y no podían ser consideradas reamente independientes.
Entre esas investigaciones está la dirigida por dos ex secretarios (ministros) de Defensa, que dio a conocer sus hallazgos el mes pasado.
Si queremos llegar a la verdad de lo que ocurrió, y asegurarnos de que ese tratamiento no se repita, necesitamos una investigación integral, conducida por personas cuyas acciones no estén en cuestión, sostuvo el contraalmirante retirado John D. Hutson, ex defensor general de la marina de guerra, que en la actualidad dirige el Centro de Leyes Franklin Pierce, en el estado nororiental de New Hampshire.
Hasta ahora, los investigadores no han señalado responsabilidades de altos mandos militares o civiles. De ese modo separan culpa de responsabilidad, y eso es la antítesis del modo en que operan los militares, alegó.
Otros firmantes son el general retirado de infantería de marina Joseph Hoar, ex jefe del Comando Central del país, el general retirado James Cullen, ex juez de la Corte de Apelaciones Penales del ejército, el general retirado David Brahms, asesor legal de la infantería de marina de 1983 a 1988; el general retirado John Fugh, ex defensor general del ejército, y el vicealmirante Lee Gunn, ex inspector general de la marina de guerra.
La carta fue dada a conocer en una conferencia de prensa organizada por Human Rights First (HRF, Derechos Humanos Primero, en inglés, antes Comité de Abogados por los Derechos Humanos), y es el pedido de investigación más reciente en una serie que comenzó cuando medios de comunicación divulgaron en abril fotografías de presos iraquíes víctimas de tortura en la prisión Abu Ghraib, en las afuera de Bagdad.
Desde entonces, sucesivas indagaciones ordenadas por el Pentágono (Ministerio de Defensa), incluyendo cortes marciales para siete soldados acusados de torturar, revelaron una generalizada práctica de violaciones de los derechos humanos de personas detenidas por fuerzas estadounidenses, desde Afganistán a la base naval de Guantánamo, en el extremos oriental de la isla de Cuba.
En agosto, 130 destacados juristas dieron a conocer una declaración con duras críticas a los abogados del gobierno responsables de memorandos redactados aparentemente para justificar la tortura en el marco de la guerra contra el terrorismo lanzada por Bush tras los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
En esos memorandos, rechazados por el gobierno tras su divulgación en medios de comunicación, los abogados más importantes de la Casa Blanca, el Departmento de Justicia, el Departmento de Defensa y la oficina del vicepresidente (Dick Cheney) intentaron justificar acciones violatorias de los derechos más básicos de todos los seres humanos afirmaron.
Entre esos juristas había 12 ex jueces federales, ocho ex presidentes de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés) y un ex director del Buró Federal de Investigaciones (más conocidos por sus siglas en inglés, FBI).
La declaración de agosto fue seguida por otra de la ABA, que reúne a unos 400.000 abogados, condenatoria del trato a detenidos ha avergonzado a nuestra nación y socavado nuestra posición en el mundo.
El público aún no ha sido informado adecuadamente sobre la extensión de las violaciones de los derechos humanos de prisioneros, pese a la existencia de claros indicios de una extendido patrón de métodos de detención abusivos, sostuvo la Asociación de Abogados.
Aún no sabemos quiénes están detenidos, dónde están, y cuáles son las condiciones de reclusión e interrogatorio a las que se les somete, destacaron.
Desde la declaración de la ABA, otras dos investigaciones concluyeron que los abusos se extendieron más allá de lo admitido por el gobierno, y que altos funcionarios civiles, entre ellos el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, son responsables, al menos indirectamente, de lo que una de esas investigaciones, encabezada por James Schlesinger, ex secretario de Defensa, llamó una falla de conducción.
La otra investigación fue realizada por el ejército.
Analistas opinan que esos dos informes, y en especial el de Schlesinger, muestran que los abusos en Afganistán e Iraq fueron propiciados por los memorandos y por la decisión gubernamental de que los detenidos como presuntos integrantes de la red terrorista Al Qaeda y del movimiento Talibán, ambos fundamentalistas islámicos, no fueran considerados prisioneros de guerra.
Eso significó que a tales detenidos no se les aplicaran las normas establecidas en las Convenciones de Ginebra sobre trato a personas detenidas.
De todos modos, los ex militares opinan que el centenar de indagaciones penales, militares y administrativas sobre abusos contra prisioneros no han reunido las condiciones necesarias.
Las investigaciones militares puramente internas, por más competentes que sean, no pueden examinar el cuadro completo y por su naturaleza sufren también una crítica falta de independencia, arguyeron en su carta a Bush.
Ese es también el caso del grupo encabezado por Schlesinger, integrado por cuatro miembros la Mesa de Políticas de Defensa del Pentágono, seleccionados por el propio Rumsfeld, y además no podía obligar a nadie a dar testimonio.
HRF y las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional y Human Rights Watch reiteraron el miércoles el pedido de una investigación independiente, en un informe de 28 páginas, en el que destacaron la necesidad de aclarar informes entre las conclusiones de las indagaciones realizadas hasta ahora.
El inspector general del ejército, por ejemplo, no fue capaz de identificar fallas sistemáticas que condujeran a abusos, pero el general George Fay, autor del más reciente informe del ejército sobre el mismo asunto, concluyó que el ambiente volátil en que ocurrieron los abusos se debió en parte responsabilidades del liderazgo y del comando, así como a problemas sistemáticos.
Dos investigaciones del ejército concluyeron que los abusos en Abu Ghraib fueron consecuencia de las acciones de una pequeña cantidad de soldados y otros individuos, y en algunos casos en fallas de algunos jefes en la tarea de mantener la disciplina entre sus subordinados.
Pero el informe Schlesinger sostiene que los abusos no fueron sólo la falla de algunos individuos en el cumplimiento de normas conocidas, y fueron más que la falla de algunos jefes en el mantenimiento de la adecuada disciplina, porque hubo responsabilidad institucional y personal en niveles más altos, que el grupo del ex secretario de Defensa no tuvo poderes para investigar.
Sin resolver esas contradicciones, las principales agencias del gobierno no pueden garantizar que los abusos no se repetirán, dijo la directora en Washington de HRF, Elisa Massimino.
