Un tribunal de apelaciones de Gran Bretaña facultó al gobierno a dar por buena evidencia obtenida en testimonios arrancados bajo tortura en otros países.
Así, luego de declarar durante años que su política ética de relaciones exteriores implicaba condenar a los regímenes que apelan a la tortura, Londres dio un radical giro al avalarla.
La decisión fue apoyada por dos votos contra uno en un tribunal de apelaciones, en un caso en el cual defensores de los derechos humanos gestionaban la libertad de 10 extranjeros sospechosos de terrorismo pero detenidos sin acusación durante más de dos años.
La Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad aprobada en 2001, tras los atentados que dejaron 3.000 muertos en Estados Unidos el 11 de septiembre de ese mismo año, permite a las autoridades británicas mantener personas detenidas sin cargos indefinidamente.
El gobierno del Partido Laborista esgrimió esa ley ante las protestas de organizaciones de derechos civiles que cuestionan la detención indefinida de los extranjeros.
El juez Lord Laws indicó en su sentencia, emitida esta semana, que el secretario (ministro) del Interior británico tiene derecho a utilizar evidencia llegada a sus manos que haya o puede haber sido obtenida a través de la tortura por agencias de otros Estados sobre los cuales no tiene poder.
La sentencia resulta funcional a las nuevas políticas del gobierno de Tony Blair, según organizaciones de derechos humanos y civiles.
El primer ministro y su secretario del Interior necesitan blanquear su actitud hacia la tortura. ¿La consideran aceptable o inaceptable?, cuestionó el activista Barry Hugill, de la organización Liberty.
Hugill calificó la detención de los 10 extranjeros de bahía de Guantánamo británica. Estos hombres son mantenidos al amparo de operativos de inteligencia desconocidos. Si cometieron un delito, deberían ser procesados o, de lo contrario, liberados, sostuvo.
El juez Lord Laws fue apoyado en su sentencia por el juez Pill. Pero el juez Neuberger advirtió al gobierno británico que no debería aprovechar el fruto de la tortura.
Las sociedades democráticas enfrentadas con amenazas terroristas no deberían aceptar que la amenaza justifica el uso de la tortura, o que el fin justifica los medios, alertó Neuberger.
Al usar la tortura, o aun adoptando los frutos de la tortura, un Estado democrático debilita su posición ante los terroristas al adoptar sus métodos, perdiendo, por lo tanto, el predicamento moral de una sociedad democrática y abierta, sostuvo el magistrado.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional manifestó que, con su fallo, el tribunal de apelaciones abdicó vergonzosamente de su responsabilidad.
El estado de derecho y los derechos humanos se han convertido en bajas de las medidas tomadas tras el 11 de septiembre. El fallo es una aberración legal y moral, agregó Amnistía.
La demanda que motivó la sentencia fue presentada en nombre de 10 de los 12 hombres detenidos en prisiones de alta seguridad de Gran Bretaña al amparo de la Ley Antiterrorista. Las autoridades permitieron a otros dos abandonar el país.
Sólo uno de los sospechosos, identificado con la letra M, ganó una apelación judicial, en su caso contra un documento que lo describía como terrorista internacional.
La sentencia de esta semana implica que los supuestos terroristas pueden ser mantenidos en prisión de manera indefinida al amparo de cualquier información obtenida por policías o militares de los detenidos en la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, o bajo otros regímenes extranjeros.
La defensora de los 10 extranjeros, Gareth Pierce, calificó la sentencia de aterradora.
El caso demuestra que hemos perdido completamente la senda en este país, legal y moralmente. Tenemos obligaciones internacionales que nos impiden usar evidencia obtenida mediante tortura en cualquier procedimiento, sostuvo Pierce.
El gobierno de Blair estableció una política de relaciones exteriores ética, según la cual no respalda a regímenes que recurren a la tortura. El cambio de política que se infiere de su demanda judicial significa que podrá aceptar evidencia obtenida mediante tortura por aquellos Estados a los que ha condenado por practicarla.
El gobierno británico se ha ubicado en el ojo de una tormenta judicial, y su posición parece difícil de mantener.
