Agazapadas, las palas mecánicas amenazan el bosque nativo en la norteña provincia argentina de Salta, hábitat de muchas especies y hogar de campesinos e indígenas. Las máquinas levantan el suelo como una alfombra, y todo se quema para convertir la selva en tierra de cultivo.
Si vienen aquí no tendremos más animales, dijo a Tierramérica Donato, de la etnia indígena wichí eben ezer, miembro de una de las 25 familias que habitan la ex reserva natural de General Pizarro.
La reserva de 25.000 hectáreas en el departamento de Anta, perdió ese carácter este año cuando el gobierno decidió incorporarla a actividades agrícolas y la adjudicó en una subasta a la mejor oferta económica.
Había sido establecida en 1995 para proteger especies arbóreas como el quebracho blanco (Aspidosperma quebracho-blanco), el quebracho colorado (Schinopsis quebracho-colorado), el palo amarillo (Aloysia gratísima) y el urundel (Astronium urundeuva).
Entre las especies animales vulnerables de la reserva se encuentran el loro hablador (Amazona aestiva); dos variedades de armadillo, el tatú carreta (Priodontes maximus) y el quirquincho (Tolypeutes mataco); el yaguareté o jaguar (Panthera onca), el mono caí (Cebus apella), el oso melero (Tamandua tetradactila) y el carpincho (Hydrochaeris hydrochaeris), el roedor más grande de América del Sur.
Ahora, esas especies vuelven a estar en peligro por las tractores y las palas mecánicas (llamadas aquí topadoras), que arrasan con el monte aledaño a la reserva y se aproximan a su núcleo.
Noemí Cruz, de la Administración de Parques Nacionales en Salta, dijo a Tierramérica que las máquinas ya hicieron incursiones en la reserva.
La tala en lo que fue territorio protegido está de momento detenida por recursos de amparo interpuestos contra la venta de las tierras. Las operaciones no pueden comenzar mientras los tribunales no emitan un fallo.
Las empresas (que compraron las tierras) se excusaron diciendo que fue un error de los trabajadores, dijo Cruz, preocupada porque la Administración de Parques resta apoyo a las acciones de la organización ecologista Greenpeace Argentina.
En las últimas semanas, activistas de Greenpeace en motocicletas y disfrazados de jaguares obstaculizaron el trabajo de las máquinas.
Cuando nos veían, los conductores se bajaban de las topadoras y nos pedían información, dijo a Tierramérica Emiliano Ezcurra, de la campaña de biodiversidad de la organización.
El daño que causan lo conocen los conductores mejor que nadie. La pala levanta el suelo y amontona lo que arranca a un costado. Entonces, el trabajador enciende las matas y trozos de árboles y observa como huyen los animales, a veces en llamas.
Algunos, desorientados en la fuga, se estrellan contra los tractores.
Dentro de la reserva se encuentra la aldea de Pizarro, de 3.000 habitantes. Además de la minoría wichí, cazadora y recolectora, el resto de la comunidad está conformado por campesinos que viven en armonía con el bosque.
Para subsistir crían ganado, recogen miel y cultivan la tierra.
Los terrenos son fiscales, pero los han ocupado por tanto tiempo que ya no recuerdan desde cuándo.
Casimira Gómez tiene 76 años. Lleva una rama a modo de muleta para defenderse de las iguanas y compensar la fuerza que perdió por una fractura de cadera nunca operada.
Sus padres vivieron allí, en el mismo campo en el que ella subsiste con una casilla y su ganado. No quiero irme. Si me llevan a un pueblo ¿qué voy a criar ahí?, pregunta. La gente no es tan buena en los pueblos, dice.
Pobladores como Gómez son intrusos, según la justicia federal, que deberá resolver los recursos de amparo presentados por organizaciones ambientalistas, abogados de las comunidades y académicos.
El gobierno de Salta arguye que la reserva está degradada y que utilizará los recursos de la venta para mejorar carreteras.
Los legisladores provinciales aprobaron la medida y en junio comenzó la subasta. Las tierras se dividieron en lotes de 2.000 hectáreas, y se reservaron otras 2.000 para los intrusos.
Las autoridades jamás pusieron un guardabosque, sólo vienen una vez al año y caminan por los senderos sin adentrarse en el monte. Si lo intentaran, verían que no puede haber degradación en zonas donde no es posible el acceso, dijo a Tierramérica un vecino de Pizarro, Carlos Ordóñez.
Sandra Caziani, bióloga y profesora de agroecología de la Universidad Nacional de Salta, considera inadmisible la opción del gobierno.
En toda área protegida hay un nivel de degradación, y la responsabilidad por esa negligencia es de las mismas autoridades, dijo a Tierramérica.
El mayor costo de la venta de tierras se verá cuando pase el auge de la soja, el cultivo más lucrativo en Argentina, que impulsa el avance de la frontera agrícola, sostuvo.
En los meses secos, la temperatura supera los 50 grados en Salta. Imagínese lo que va a ocurrir sin el monte. Eso va a ser un desierto, dijo la bióloga, integrante del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
No hay réplicas de ese hábitat, conocido como Chaco serrano, con pendiente suave que permite el cultivo. Es un área de referencia para zonas de monte dedicadas a la agricultura, señaló.
Caziani y una docena de académicos enviaron sin éxito a las autoridades una carta explicando por qué la reserva no debía venderse.
El mayor valor del área es que representa un ecosistema que desaparecerá completamente reemplazado por cultivos, arguye.
En circunstancias como ésta, Caziani desearía que fuera real una deidad local, la madre del monte, que según la tradición atrae a los hacheros y los pierde en el corazón del bosque. (
