Brasil y Argentina son países en default (insolvencia) social y ambiental, según el modelo de índice de riesgo país alternativo (IRPA) presentado este martes en el I Foro Social de las Américas que se realiza en la capital de Ecuador.
El IRPA incorpora una nueva metodología, con elementos que miden la vulnerabilidad de los países en cuanto a su desarrollo, explicó a IPS el economista uruguayo Eduardo Gudynas, uno de los creadores de este novedoso indicador.
La organización D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina) y el Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), desarrollaron este método como una réplica a los criterios con que consultoras financieras internacionales efectúan sus tradicionales calificaciones de riesgo de las deudas soberanas de países pobres.
Con el riesgo país se condiciona la política económica de los gobiernos en áreas tan sensibles como la deuda externa, asunto analizado en varios de los paneles de este foro que bajo el lema otra América es posible congrega en Quito hasta este viernes a 8.000 personas de 40 países, de acuerdo con datos de los organizadores.
Otro mundo es posible y hay que tener un índice para medirlo, comentó con humor el economista ecuatoriano Alberto Acosta, del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, al elogiar esta iniciativa del equipo de investigadores de D3E y Claes, con sede en Montevideo.
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El IRPA busca reflejar la probabilidad de deterioro social, económico y ambiental que enfrentan los países latinoamericanos. Mientras el riesgo país tradicional enfatiza aspectos económicos y financieros, el IRPA incorpora otras dimensiones, como la social, la política y la ecológica, explicó Gudynas.
De acuerdo con este nuevo índice, Costa Rica es el único país latinoamericano que tiene un IRPA tolerable, mientras en el otro extremo, dos de las mayores economías regionales, Argentina y Brasil, están en insolvencia social y ambiental.
El índice desarrollado por los investigadores uruguayos se basa en una escala en la cual el valor cero corresponde a un riesgo aceptable y el peor riesgo al valor 33,34.
Con un registro de uno a cinco, un país tiene una situación de riesgo tolerable, de amenaza con valores a 5,01 a 10, situación crítica entre 10,01 y 20 y de default con índices de 20,01 hacia arriba.
El IRPA de Brasil es de 28,12 y el de Argentina de 22,72. Detrás de ellos, en situación crítica, están Perú (17,68), Bolivia (15,01), Colombia (13,86), Chile (12,58), Nicaragua (12,48), Venezuela (11,76), México (11,64), Ecuador (11,45), Honduras (11,06) y Uruguay, con 10,52.
En situación de amenaza se encuentran Paraguay, con un IRPA de 9,75, Guatemala (8,89), Panamá (7,64), República Dominicana (7,52) y El Salvador (6,53), para cerrar la lista con el índice de 4,62 de Costa Rica, único país con riesgo tolerable según este nuevo instrumento de medición.
La propuesta base del IRPA incorpora para la selección de indicadores dimensiones económicas, sociales, ambientales, institucionales y tecnológicas, pero en muchos casos con enfoques alternativos en su valoración.
Así, por ejemplo, un país puede tener un alto ingreso por exportaciones, pero ser vulnerable si tiene una gran proporción de productos primarios en sus ventas externas porque ello implica más deterioro ambiental.
La economista Rocío Lapitz, también del equipo de D3E y Claes, señaló que los indicadores convencionales de riesgo-país están diseñados para medir la posibilidad de incumplimiento de pagos de un país y por tanto indicar a los empresarios si ese país es conveniente o no para invertir.
Lapitz destacó que el método de medir el riesgo país con base en la comparación de la cotización bursátil de los bonos de deuda de un país con los bonos del Tesoro de Estados Unidos solo se aplica a los países en vías de desarrollo y no a los industrializados.
Las agencias calificadoras aplican indicadores económicos, financieros y también políticos, pero no indicadores sociales ni ambientales, agregó la experta.
La importancia que se otorga al riesgo país se debe a la debilidad estructural de América Latina en materia de deuda. Es un instrumento creado por agencias de intermediación financiera que lo han hecho en función de sus objetivos. El problema es que nuestros gobiernos lo adoptan como guía, dijo a IPS Alejandro Villamar, de México.
El riesgo país tradicional no mide calidad de vida ni posibilidades de desarrollo. Mide capacidad y disposición de pago, pero no garantiza sustentabilidad del pago de la deuda externa, porque es de muy corto plazo y tremendamente limitado, señaló Acosta.
Priorizar el pago de la deuda es crear un deterioro social programado, agregó el economista, que citó como ejemplo al gobierno ecuatoriano de Lucio Gutiérrez, que destina los excedentes de las ventas de petróleo al servicio de la deuda y al mismo tiempo impone límites a la inversión social.
La abogada ambientalista Margarita Florez, de Colombia, manifestó extrañeza por el riesgo país relativamente bajo de una nación tan violenta como la suya, pero recordó también que el gobierno comenzó hace algunos años a indemnizar a las compañías petroleras por los daños de atentados para mantener así una buena calificación.
Dentro de las paradojas del indicativo del riesgo país, Gudynas apuntó que si un gobierno decide mejorar su legislación ambiental lo más probable es que tenga una peor calificación de riesgo por parte de las agencias, que verán este aspecto como un aumento de costos para los inversionistas.
El modelo presentado por los investigadores uruguayos tiene un carácter propositivo y preliminar, con vistas a que sean las propias comunidades las que vayan incorporando indicadores alternativos de riesgo adecuados a su realidad, en lo que constituye también un ejercicio de participación democrática.
