Es necesario hacer del Foro Mundial de Educación (FME) un movimiento con fuerza para influir en decisiones sobre las políticas de los Estados en esta materia, para asegurar el derecho de todos a la enseñanza, instó un experto colombiano presente en el encuentro inaugurado este miércoles.
Esa urgencia en pasar de un foro de debates temático a una plataforma de acción debería estar presente en esta tercera edición del FME que se extenderá hasta el próximo sábado, dijo a IPS el pedagogo Ramón Moncada, coordinador en su país la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, promovida por una red de 80 organizaciones no gubernamentales.
En su evaluación, la misma Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) se equivocó al aceptar el objetivo de universalizar la enseñanza básica en el mundo sólo en 2015, como una de las metas del milenio (Los Objetivos de Desarrollo de la ONU para el Milenio).
Desde el punto de vista del derecho a la educación, este objetivo debería ser inmediato, aunque los expertos en los equilibrios macroeconómicos lo consideren utópico, incluso para 2015, por sus cálculos matemáticos, sostuvo.
Los ajustes fiscales, impuestos a los países en desarrollo para que paguen su deuda externa, son el principal obstáculo a un aumento substancial de las inversiones en educación, para que hacer efectivo ese derecho humano, explicó.
Convertir la deuda en inversiones educacionales podría ser uno de los puntos de la Plataforma Mundial de Educación, que a Moncada le gustaría ver definida en el FME, que desde 2002 tiene lugar anualmente en esta meridional ciudad brasileña de Porto Alegre, en un proceso paralelo al Foro Social Mundial, nacido en 2001 también en esta capital del estado de Río Grande del Sur.
El Congreso de la Internacional de la Educación (IE), confederación sindical que representa a 29 millones de profesores de todo el mundo, decidió por su parte reclamar que los gobiernos apliquen seis por ciento del producto nacional bruto en la enseñanza, como una forma de asegurar educación publica de calidad para todos.
Cumplir la meta de educación básica para todos en 2015 exige entre 16.000 y 25.000 millones de dólares al año, adicionales a las inversiones actuales, según Fred van Leewen, secretario general de la IE.
Los aportes necesarios no están ocurriendo, los países ricos están lejos de cumplir la promesa de destinar 0,7 por ciento de sus productos nacionales brutos a la ayuda al desarrollo, observó.
Empoderar la sociedad, fortaleciendo las organizaciones sociales y la conciencia de los pueblos, es el camino para que haya más inversiones en la enseñanza y se afirme de hecho su prioridad, retóricamente anunciada por todos los gobernantes, dijo a IPS Marta Maffei, la presidenta de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
En su opinión, una parte pequeña de las inversiones en la industria bélica bastaría para solucionar los graves problemas sociales del mundo, de hambre, salud y carencia educacional.
El Banco Mundial se jactó de destinar 2.000 millones de dólares anuales a la educación, muy poco comparado a los 45 millones que aplica sólo Brasil, pero aún así ese organismo multilateral logra inducir muchas políticas equivocadas en el sector, lamentó la también diputada por la Alianza por una República de Iguales.
La urgencia de Moncada se justifica también por la realidad vivida en su país, donde él estima en tres millones los niños y adolescentes fuera de la escuela.
La prioridad del actual gobierno del presidente colombiano Alvaro Uribe a la seguridad, es decir a las armas y soldados, para combatir la guerrilla izquierdista, sacrifica las inversiones sociales, lamentó.
En Colombia, la educación sufre el problema adicional de la guerra civil que involucra tres fuerzas armadas, los militares, los paramilitares y la guerrilla que opera en el país hace 40 años, controlando parte del territorio nacional. Los maestros a veces se quedan en situación insostenible ante la presión de estos grupos beligerantes.
La violencia en el país provocó el desplazamiento forzado de gran parte de la población colombiana. La cifra oficial, que comprende sólo los casos registrados, es de 400.000, pero otros datos indican que existen dos millones de desplazados de sus hogares, informó Moncada.
Muchos no pueden registrarse o no les interesa hacerse visibles para el Estado, indicando que la cifra más grande está más cerca de la realidad, señaló.
Los maestros también son víctimas de las confrontaciones armadas. A veces son obligados directamente a desplazarse, otras veces son las comunidades enteras donde trabajan las que se van, dejándolos sin alumnos. Pierden el derecho de enseñar, un riesgo a que están sujetos especialmente los profesores de algunas asignaturas como ciencias sociales, concluyó.
