El discurso belicoso del presidente de Guatemala, Oscar Berger, contra las organizaciones sociales, mudó a uno de conciliación, luego de que esos sectores hicieron gala de fuerza y unidad en un paro nacional realizado el martes.
La protesta social fue necesaria y exitosa, pues el gobierno parece haber entendido que debe dar un giro, dijo a IPS desde la capital guatemalteca el activista Gustavo Meoño, director de la Fundación Rigoberta Menchú.
El gobierno de Berger vive momentos difíciles a seis meses de asumir la presidencia del país centroamericano.
Ochenta por ciento de los casi 12 millones de habitantes son pobres y 60 por ciento de las tierras productivas están en manos de 20 por ciento de los propietarios rurales.
Al fragor de la protesta pacífica, que paralizó gran parte de país, el gobierno enterró su amenaza de usar la fuerza y aceptó dialogar con unas 100 organizaciones sociales, entre campesinas, sindicales y de pequeños comerciantes, que convocaron a la huelga.
Tras varias horas de negociación, en las que participó el gobierno y el Poder Judicial, el martes por la noche se acordó suspender el paro, que inicialmente era por 48 horas, y abrir un compás de espera de 90 días para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.
Los grupos sociales demandan el freno de los desalojos violentos de campesinos que ocupan tierras privadas, 24 en lo que va del año, la suspensión de proyectos gubernamentales para elevar las cargas impositivas y la revisión de un acuerdo de libre comercio firmado a fines de mayo con Estados Unidos.
Félix Méndez, del Comité de Unidad Campesina (CUC), consideró que el movimiento de protesta dobló las manos al gobierno de Berger. Ganamos, pues conseguimos que acepte el diálogo y prometa cambiar sus políticas, señaló el dirigente a IPS.
No hemos visto nada bueno en seis meses de gobierno por lo que fue bueno ponerle un alto, expresó Méndez.
Rodolfo Pocop, líder del Frente Común Maya Campesino, sostuvo que lo logrado se debió a decisión de los estratos más pobres de desafiar las amenazas de represión gubernamental.
Como pocas veces, el movimiento social guatemalteco tan golpeado por la guerra interna (1960-1996), se mostró unido y eso es importante, pero no asegura que siga así en el futuro, declaró Meoño.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Quesada, prometió vigilar los procesos de desalojos de campesinos ocupantes de fincas, y castigar los abusos cometidos, mientras el gobierno nombrará un fiscal general para atender el tema.
Antes de la huelga, Berger había amenazado con usar toda la fuerza represiva del Estado para evitar que los intereses de un grupo de dirigentes paralizaran el país.
Pero luego se comprometió a no impulsar la aprobación de un paquete fiscal, que incluye el aumento del impuesto al valor agregado de 12 a 15 por ciento, ni a elevar otros impuestos generales.
Sobre el tratado de libre comercio firmado por cinco países de América Central con Estados Unidos, aún pendiente de aprobación legislativa, el mandatario prometió que dará a conocer sin reserva todo lo negociado y aseveró que, de ser necesario, someterá su vigencia a referendo.
Vamos a esperar los tres meses acordados sin realizar protestas, pero si hay incumplimientos volveremos a protestar, advirtió Méndez, del CUC.
La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua), responsable de seguir el cumplimiento de los acuerdos de paz que pusieron fin en 1996 a 36 años de guerra civil, había demandado el viernes a gobierno y movimientos sociales evitar respuestas violentas.
La Minugua está preocupada por el riesgo de un estallido social.
La misión de la ONU repudió la violencia con la que agentes policiales han ejecutado órdenes judiciales de expulsar a campesinos que ocuparon fincas en reclamo de mejores condiciones de vida.
En los desalojos se quemaron casas, se golpeó a campesinos y se usó fuerza excesiva, denunció Méndez. Estamos regresando a las peores épocas de la represión, añadió.
Según el director de la Fundación Rigoberta Menchú (nombre de la indígena premio Nobel de la Paz), los problemas de la tierra son antiguos y graves, y si no se encuentran salidas negociadas se corre el riesgo de que resurja la violencia.
El desmantelamiento, en 1954, de la reforma agraria, impuesto mediante un golpe de Estado ayudado por tropas estadounidenses, se constituyó en una de las razones centrales de la guerra.
La lucha por la tierra y la ausencia de democracia fueron combustibles del conflicto. Casi 200.000 personas murieron, 150.000 en ejecuciones extrajudiciales y 54.000 en desapariciones, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, establecida en los acuerdos de paz.
La mayoría de las víctimas eran indígenas, población predominante de ese país centroamericano.
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la situación de precariedad en el campo, donde se concentra la mayor parte de población indígena, sigue tan grave o peor que antes de firmada la paz.
Según esa agencia de la ONU, la pobreza extrema aumentó en Guatemala de 16 a 21 por ciento entre 2000 y 2002. El mayor incremento se dio en las áreas rurales, donde se elevó de 24 a 31 por ciento.
Durante la guerra, las organizaciones sociales guatemaltecas fueron duramente reprimidas, por lo que terminaron atomizadas y debilitadas. No obstante, en los últimos años, y a instancias de los acuerdos de paz, retomaron fuerza.
La protesta de esta semana demostró que la esperanza de unidad del movimiento social se mantiene y eso es importante para el fortalecimiento de la democracia, consideró Meoño.
Pero respecto de la consolidación de la democracia, el director de la Fundación Rigoberta Menchú señaló preocupación por las dificultades del gobierno, que afronta creciente oposición legislativa y desconfianza de las organizaciones sociales.
