A tres días del asesinato a balazos de un dirigente social en Argentina, organizaciones sindicales, de derechos humanos y de desempleados convocaron este lunes a una movilización para repudiar el crimen y denunciar un presunto intento de instalar un clima de violencia y desestabilización en el país.
Tras leer un documento de consenso titulado Queremos verdad y justicia, dirigentes de agrupaciones que trabajan en el campo social declararon que, a pesar de sus profundas diferencias políticas, resolvieron unirse en el total rechazo a cualquier forma de agresión o represión de la protesta.
Los activistas calificaron el asesinato del militante Martín Cisneros, cometido el viernes, como un crimen político, y anunciaron una huelga a partir del mediodía de este viernes para marchar por la vida y para frenar los intentos de instalar un clima de violencia y desestabilización en Argentina.
Vamos a seguir trabajando para profundizar los cambios que impulsa el gobierno (de Néstor Kirchner) y para construir un amplio frente de organizaciones que representen a las nuevas mayorías, aseguró el dirigente Luis D'Elía, de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV).
Por su parte, en la misma conferencia de prensa, la dirigente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, advirtió que cada vez que nos maten, van a producir lo contrario de lo que buscan, nos van a encontrar unidos, y llamó a miles a participar de la movilización de este viernes.
Ante el daño físico, el asesinato o la cárcel de cualquier militante social nos van a encontrar a todos juntos, remarcaron los activistas en el documento que rechaza la muerte a balazos de Cisneros el viernes pasado en la puerta de su casa en el barrio de La Boca.
Cisneros era uno de los organizadores del comedor Los pibes de la FTV, que funcionaba en ese vecindario, en la zona sur de la capital del país. Según declaraciones de vecinos y compañeros de militancia, el matador fue un vendedor de drogas contratado como sicario por la policía federal.
El crimen coincidió con el segundo aniversario del asesinato de dos dirigentes del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, baleados por la policía durante una protesta callejera en 2002.
La muerte de Cisneros ocurrió una semana después del crimen de Diego Lucena, hijo de otro dirigente de una agrupación de piqueteros (nombre con que se identifican los desempleados que bloquean vías de tránsito como forma de protesta), por el cual también se acusa a la policía.
Los familiares y amigos de Lucera reaccionaron incendiando el jueves un vehículo de la policía de Isidro Casanova, barrio cercano a la capital en la provincia de Buenos Aires.
Tras el asesinato de Cisneros, militantes y vecinos indignados, encabezados por D'Elía, se agolparon el sábado de madrugada en la comisaría 24, correspondiente a la zona del crimen, y la mantuvieron ocupada hasta que las autoridades dispusieron el arresto del principal sospechoso, Juan Duarte, vinculado a la policía.
El asesinato de Cisneros consiguió unir a dirigentes del fragmentado movimiento de piqueteros, nacido a mediados de los años 90 con el aumento del desempleo.
La FTV y otras organizaciones habían convocado el lunes 21 a un congreso de grupos dispuestos a respaldar al gobierno de Kirchner, del Partido Justicialista, y resistir lo que califican de presuntos intentos de desestabilizar su administración, provenientes sobre todo del sector del ex presidente Eduardo Duhalde (2002-2003), correligionario del mandatario y su aliado político en las elecciones del año pasado.
Pese a pertenecer al mismo partido, Kirchner lidera una corriente independiente de la estructura partidaria, mientras Duhalde, quien preside la secretaría permanente del Mercosur, mantiene un férreo control del distrito que gobernó dos veces, la populosa provincia de Buenos Aires.
Tras el congreso de la FTV, Barrios de Pie y otras agrupaciones, se radicalizaron las diferencias dentro del diverso movimiento de desempleados. La Corriente Clasista y Combativa, el Bloque Piquetero Nacional y otras organizaciones intensificaron las protestas callejeras y criticaron a los piqueteros oficialistas.
Pero estas disidencias se esfumaron repentinamente con el asesinato de Cisneros.
Tras participar juntos del sepelio de Cisneros el domingo, los líderes piqueteros se sumaron a legisladores, sindicalistas y activistas humanitarios para convocar a la marcha de este viernes contra la violencia.
D'Elía acusó a sectores vinculados a Duhalde de querer crear un clima de violencia, y dijo que esa intención es avalada por algunos medios de comunicación que critican la protesta piquetera y exigen al gobierno que la reprima.
Ojalá que si Duhalde quiere seguir participando en política lo haga por la vía democrática y no como lo hizo en diciembre de 2001, que eligió la vía de los saqueos y la desestabilización del gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa, apuntó D'Elía.
El dirigente se refirió así a rumores que adjudican a seguidores de Duhalde la ola de saqueos cometidos en medio de movilizaciones y protestas que pusieron fin a la polémica gestión de De la Rúa (1999-2001), en los que murieron casi 30 personas.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la que hacen parte varios sindicatos vinculados principalmente al sector público, anunció que la protesta será acompañada de un cese de actividades a partir del mediodía.
En diálogo con IPS, el diputado Claudio Lozano, economista de la CTA, explicó que las organizaciones interpretaron que todo asesinato de un militante de una organización social y popular se inscribe dentro de una estrategia destinada a crear un clima de represión y 'mano dura' a fin de controlar un cuadro social complejo.
Si bien el gobierno remarcó que no reprimiría las protestas sociales, hay un operativo para cambiar esa idea, subrayó. Y dentro de ese operativo coinciden intereses diversos, expresados por funcionarios del propio gobierno, por empresarios, sectores políticos, económicos y medios de comunicación, sostuvo Lozano.
Hay una Argentina devastada, con 50 por ciento de la población viviendo en la pobreza y no puede haber otra cosa que tensión social, justificó el legislador. El problema principal no es la modalidad de la protesta, que a muchos molesta, sino el hambre en este país de 37 millones de habitantes, resaltó el economista.
En ese escenario, el asesinato de Cisneros busca debilitar la expresión popular para empujar al gobierno a reprimir a los que quedaron fuera del sistema, para que no molesten más, subrayó. (
