El movimiento de desocupados de Argentina aparece más fragmentado que nunca, pero aún así logró un renovado protagonismo en las últimas dos semanas a través de cortes de calles, ocupaciones de edificios públicos y de firmas transnacionales, cabinas de peaje y otras acciones de especial impacto periodístico.
"A nosotros lo que nos desvela es la falta de trabajo", sintetizó para IPS Nora Seitz, de la Unión de Trabajadores Piqueteros, que a su vez forma parte junto a otras siete organizaciones del Bloque Obrero Popular (BOP).
Este colectivo es uno entre las decenas de conglomerados de trabajadores desempleados surgidos en la última década al calor de la crisis económica, la falta de puestos laborales y la creciente pobreza, y cuya denominación se la deben a la modalidad de protesta preferida de bloqueo de calles en ciudades y rutas nacionales.
Esas razones que le dieron origen persisten hoy en Argentina, donde 47,8 por ciento de sus 37 millones de habitantes viven en la pobreza y la desocupación afecta a 14,4 por ciento de los activos, indicador este último que se eleva a casi 20 por ciento si se cuentan también como desempleados a quienes cobran el subsidio para jefas y jefes de hogar sin empleo implementado en 2002.
Desde hace un año, el BOP resolvió que no se limitaría a cortar el tránsito ni a reclamar subsidios y decidió manifestarse frente a sedes de empresas para pedir "empleo genuino, remarcó Seitz.
Así, en los últimos días ocuparon las boleterías (casillas de expendio de pasajes) de la estación de trenes de Constitución, en Buenos Aires, y arrancaron a la concesionaria privada de ese servicio la promesa de reincorporar a nueve trabajadores despedidos y de crear 52 fuentes nuevas de trabajo.
"Nosotros no queremos interrumpir el tránsito ni perjudicar a los usuarios de los trenes sino presionar a las empresas para que creen empleo a través de perjudicarlas económicamente, explica Seitz.
La toma de boleterías permite a los usuarios de trenes viajar gratis, lo cual otorga a los manifestantes un respaldo popular que no cosechaban con los cortes de ruta.
"Los medios (periodísticos) tratan de separar a los desocupados del resto de la sociedad con un discurso que hace hincapié en el caos del tránsito por los cortes, pero no encontramos un rechazo mayoritario de los usuarios de trenes, sino al contrario", aseguró Seitz, quien estudió turismo pero está desocupada.
"Es impresionante la gente que nos desea suerte, nos escucha y nos ayuda a repartir volantes, comentó.
No obstante, la encuestadora Graciela Romer informa que entre junio de 2001 y mayo de este año cayó de 56 a 33 por ciento la cantidad de consultados que expresaron que estas acciones son "reclamos legítimos de los sin empleo.
En cambio aumentaron en el mismo período de 35 a 62 por ciento quienes sostienen, al ser entrevistadas, que las protestas están "manejadas por activistas que no representan al pueblo.
Pero la modalidad de invadir sedes empresariales igual es cada vez más habitual en Argentina.
En las últimas dos semanas se sucedieron ocupaciones de boleterías, cabinas de peaje de caminos y de edificios, como los de la firma petrolera Repsol-YPF, la cadena de comida rápida Mc Donalds, el hipermercado Carrefour y el hotel Sheraton, así como del Estado, en particular ministerios y sedes judiciales.
Entre los que ocupan empresas hay diferencias. No todos reclaman trabajo. La agrupación que ocupó nueve locales de Mc Donalds el 18 de este mes fue el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) liderado por Raúl Castells, cuyo rostro ocupó esta semana la tapa de las revistas semanales Veintitrés y Txt.
El sector encabezado por Castells, que asegura movilizar unos 10 mil desocupados, reclama a las empresas alimentos y libros, mientras que al gobierno le exige ampliar la cantidad de subsidios a todos los desempleados, aumentar el monto del aporte de 150 a 350 pesos mensuales (de 50 a 120 dólares), crear fuentes de trabajo y critica su línea económica.
Estas formas directas de protestar, empero, no son seguidas por las agrupaciones que integran el Bloque Piquetero Nacional y la Corriente Clasista y Combativa, además de otras muchas organizaciones de desocupados del interior del país, que apelan a sus tradicionales marchas callejeras con pancartas, cortes de calles y rutas.
Este sábado, el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón junto a otras organizaciones que transformaron los subsidios en múltiples microempresas comunitarias, cortaron el puente Pueyrredón, de acceso a la capital, para exigir que se esclarezca el homicidio de dos piqueteros perpetrado por la policía en 2002.
Esas muertes en medio de una sangrienta represión de una protesta multitudinaria hicieron que se anticipara la convocatoria a elecciones por parte del entonces presidente Eduardo Duhalde, designado por el Congreso el 31 de diciembre de 2001 para completar el mandato hasta 2003 del renunciante Fernando de la Rúa. Estas movilizaciones, aunque complementarias, difieren en la agenda de reivindicaciones, en las estrategias de las protestas y en el discurso político. Pero también ya existe una buena parte del movimiento piquetero que abandonó las calles y se acercó al gobierno de Néstor Kirchner, como es el caso Barrios de Pie y Federación de Tierra y Vivienda entre otros.
El movimiento piquetero surgió hace más de 10 años a instancias de desempleados que debieron ocupar las calles por no contar ya con el lugar de trabajo para expresar sus reclamos y que éstos tuvieron repercusión a través de los medios de comunicación.
Los primeros en organizarse y apelar a esta modalidad fueron trabajadores industriales expulsados por la caída de la actividad y empleados de empresas públicas de energía y de servicios dejados afuera de sus labores con las privatizaciones.
Pero, a medida que aumentó la desocupación, se multiplicaron las organizaciones de desocupados con base en los barrios más marginados. Esas nuevas agrupaciones no sólo contaban con ex trabajadores formales sino que también convocaba a procedentes del sector informal de la economía y a quienes aspiraban a un trabajo por primera vez, sobre todo mujeres y jóvenes.
La socióloga Maristella Svampa, autora del libro "Entre la ruta y el barrio. La experiencia de las organizaciones piqueteras, explicó a IPS que los diferentes grupos de desocupados "buscan ahora diversas maneras de protestar, porque la mayoría de ellos tomó conciencia de que la repetición de cortes no era efectiva y que debían buscar nuevas acciones, o tender puentes con otros sectores.
Para Svampa, una de las novedades de los últimos tiempos es la cristalización del nuevo bloque de piqueteros cercanos al gobierno.
La Federación de Tierra y Vivienda y Barrios de Pie, dos de los más importantes, realizaron el día 21 un congreso para delinear "una nueva coalición política que dé apoyo al gobierno de Kirchner y lo defienda de grupos que, según dicen, intentan "desestabilizarlo.
Para Luis D'Elía, líder de la Federación de Tierra y Vivienda, Kirchner dio "una dirección totalmente diferente a la de épocas oscuras del modelo neoliberal desde que asumiera el gobierno en mayo de 2004.
En respuesta a ese respaldo, el gobierno envió para que asistiera a la reunión de piqueteros a los ministros Carlos Tomada, de Trabajo, y Alicia Kirchner, de Acción Social y hermana del mandatario, y al secretario general de la presidencia, Oscar Parrili. Este gesto amplificó las diferencias al interior del movimiento de desocupados.
Svampa sostuvo que, más allá de las críticas de otros líderes del movimiento como Castells, que acusan a D'Elía de recibir favores del gobierno, el acercamiento responde a una "afinidad ideológica genuina entre estos grupos y Kirchner, que, a pesar de mantener altos índices de desocupación y pobreza avanzó en la estabilización económica y en la agenda de derechos humanos.
Para la socióloga, el movimiento "más interesante es el BOP, que además de ocupar boleterías, van a las puertas de las fábricas para buscar alianzas con los trabajadores ocupados y reclaman trabajo genuino.
También destacó a las agrupaciones como la que cortaron el Puente Avellaneda, que reivindican su derecho a trabajar y buscan apoyo para sus emprendimientos comunitarios.
En cambio, la experta consideró que el caso de Castells es difícil de encuadrar. "No muestra ideas claras, no se conoce cuáles son sus objetivos estratégicos, es caudillesco, personalista, autoritario. Sus acciones directas, como la toma de Mc Donalds, pueden ser originales y tener gran eficacia política pero se distorsionan, porque no tienen una base ideológica coherente, criticó.
Castells no ayuda a instalar "el reclamo por los derechos que reivindican los otros grupos, sino que acentúa el perfil más extorsivo del pedido de alimentos y libros a Carrefour o Wall-Mart, o garrafas de gas licuado para familias sin conexión a la red de gas natural, como exigió ante las autoridades de Repsol-YPF, apuntó Svampa.
En este marco, el gobierno de Kirchner plantea una estrategia múltiple para enfrentar el diversificado movimiento de desempleados.
Por un lado aparecen funcionarios que acusan a los piqueteros de asustar a las empresas que mantienen abiertas fuentes de trabajo y de perjudicar a usuarios de autopistas y rutas interrumpidas en sus acciones. Otros convocan a los dirigentes al diálogo.
También se identifican aquellos que procuran la división del movimiento, cooptando a algunas agrupaciones y finalmente los que promueven la persecución penal de la protesta.
Al respecto, Svampa recordó que hay unas 3.000 personas procesadas desde 1997 en adelante por participar en manifestaciones piqueteras.
Un ejemplo de ello es el propio Castells, quien fue detenido varias veces por intervenir en reclamos ante empresas. También Alberto "Pipino Fernandez, un ex trabajador de la petrolera YPF en la noroccidental provincia de Salta, enfrenta 76 procesos por cortes de ruta en su distrito.
