El caso del soldado Camilo Mejía, quien no regresó a Iraq luego de su licencia, echa luz sobre el programa oficial estadounidense que ofrece la ciudadanía a aquellos que presten servicios militares.
El gobierno de Estados Unidos cree que Mejía, un sargento del ejército degradado a soldado raso, no es nada más que un vulgar desertor, pues desobedeció la orden directa de reintegrarse a su unidad en Iraq.
Mejía, de 28 años, no niega haberse negado a regresar al frente. Pero asegura haber sido testigo de abusos y maltrato de prisioneros en un campamento de detención cerca el aeropuerto de Bagdad, y que el derecho internacional establece su derecho a no regresar.
Entre los abusos que enumera, figuran simulacro de fusilamiento y privación del sueño mediante martillazos en la pared de las celdas.
Sus acusaciones ganan credibilidad luego de las denuncias sobre abusos y torturas en la prisión de Abu Ghraib, cerca de Bagdad, y en otras de Iraq, así como en la base naval en Guantánamo, Cuba, donde fueron depositados cientos de detenidos en Afganistán y Pakistán.
Mejía, hijo del conocido músico izquierdista nicaragüense Carlos Mejía Godoy, estuvo allí cinco meses, viendo esas cosas de primera mano. Tiene el deber, según el derecho internacional, de no regresar al Golfo, dijo uno de los abogados de Mejía, Todd Ensign.
El soldado es ciudadano de Nicaragua por nacimiento y de Costa Rica porque de allí procede su madre, Maritza Castillo. Es residente permanente de Estados Unidos y se enroló en el ejército en 1995, lo que le permitió obtener ayuda para estudiar psicología en la Universidad de Miami.
Mejía alega que un tratado de 1951 entre Estados Unidos y Costa Rica implica que no puede ser obligado a cumplir servicio militar por más de ocho años.
Este es una de las 40.000 personas de origen extranjero que revistan en el ejército estadounidense.
Los pobres están siempre desesperados. A medida que avanza la guerra, habrá más reclutamientos entre las minorías y áreas blancas pobres, explicó Rodolfo Acuña, profesor de Estudios Chicanos de la Universidad de California en Northridge.
Las oportunidades en Estados Unidos son limitadas, lo que convierte el servicio militar en una alternativa para los pobres, agregó Acuña.
Informes de prensa indican que reclutadores de las fuerzas armadas viajan a localidades pobres en la frontera con México y a comunidades indígenas en Canadá para seducir a sus residentes con la tarjeta verde, el documento que garantizan la residencia permanente.
La denominada Iniciativa de Acceso Hispano alienta a los reclutadores a apuntar en dirección de universidades y escuelas secundarias con estudiantado de origen mayoritariamente latinoamericano, buena parte con residencia ilegal.
Ese programa los autoriza, incluso, a exigir a las autoridades escolares acceso a la dirección y al teléfono de los alumnos. Son, incluso, libres de contactarlos en sus hogares, a menos que sus padres no lo permitan.
Mejía ya había cumplido nueve años en el ejército cuando regresó a su hogar en Miami, tras concedérsele 14 días de licencia, y decidió que no continuaría prestando servicios en Iraq.
Pero sus argumentos no convencieron al tribunal militar que lo halló culpable el 21 de este mes de deserción, y lo sentenció a un año de detención, pasaje al grado de soldado raso y retención del salario.
Después de ocho años, los extranjeros no pueden servir (en las fuerzas armadas) a menos que hayan iniciado el proceso de (obtención de la) ciudadanía, dijo Ensign a IPS. Camilo (Mejía) dijo que sus comandantes lo presionaron para que solicitara la ciudadanía, lo que le originó dudas.
Realmente, lo estaban reteniendo ilegalmente, y ése es otro elemento en su defensa, añadió. Hemos considerado apelar ante un tribunal federal, y el gobierno de Costa Rica podría quedar involucrado.
Mejía es el primer soldados que se entrega a las autoridades militares luego de negarse a revistar en las tropas en Iraq, pero podría no ser el último. Hasta ahora, unos 600 soldados prefirieron ser declarados ausentes sin licencia para evitar ser enviados al frente.
Una vez en las fuerzas armadas, los uniformados que no son ciudadanos estadounidenses tienen poca esperanza de avance, pues no pueden alcanzar grados de oficial ni cumplir algunas misiones, por razones de seguridad.
Los no ciudadanos tienen menos posibilidades de revistar en la fuerza aérea, la marina de guerra o en los servicios de apoyo, o de obtener una buena educación. Por eso, están en el frente. Los militares saben que sus padres no votan, por lo que no hay quejas. Es muy cínico, dijo Acuña.
Hasta febrero, unos 13.000 reclutas iniciaron el trámite acelerado de ciudadanía, según cifras oficiales.
Hasta abril, cerca de 150 soldados de ascendencia latinoamericana habían muerto en Iraq. Las cifras siguen aumentando, al igual que las demandas de activistas para que los militares de ese origen regresen a casa.
Entonces había en Iraq 135.000 soldados estadounidenses, 22 por ciento de los cuales tenían sangre latinoamericana.
Algunas de las primeras bajas de la Operación Libertad Iraquí eran inmigrantes que buscaban la ciudadanía. José Antonio Gutiérrez, un guatemalteco que cruzó ilegalmente la frontera a los 11 años y se unió a los Marines, fue el segundo soldado muerto en la guerra.
José Angel Garibay emigró de México al occidental estado de California cuando era niño. En marzo de 2003 concluyó su trámite por la obtención de la ciudadanía, cuando murió durante un combate en la ciudad iraquí de Nasiriya.
Ambos obtuvieron la ciudadanía de manera póstuma. Un proyecto de ley que les garantizaría ese estatuto a esposas, padres e hijos de los fallecidos en batalla languidece en los cajones del Congreso legislativo desde el año pasado.
La Oficina de Censos de Estados Unidos calculó que entre ocho y nueve extranjeros residen ilegalmente en el país, aunque otras fuentes estiman que son muchos más. Unos 33 millones de residentes legales (12 por ciento de la población) nacieron fuera de las fronteras estadounidenses.
El trueque de servicios militares por ciudadanía no es nuevo. Durante las guerras de Vietnam y el Golfo, unas 100.000 personas lograron de ese modo iniciar el trámite acelerado que establece la ley.
Pero a medida que se acumulan las bajas, cada vez más inmigrantes creen que los muertos duplicarán a los soldados que logren alcanzar la ciudadanía.
Mejía continúa manifestándose públicamente contra lo que considera una guerra por el petróleo.
Cuando vemos que ninguna de las razones por las que se nos dijo que íbamos al frente resultó verdaderas (…) y que no ayudamos a la gente y que la gente no nos quiere, no hay contrato ni obligación militar que justifique ser parte de la guerra, sostuvo Mejía.
