La justicia estadounidense absolvió a la organización ambientalista Greenpeace Internacional, acusada por el gobierno al amparo de una ley penal que no se aplica hace 114 años.
El juez de Distrito Adalberto Jordan, de la sudoriental ciudad de Miami, dejó sin efecto el miércoles la acusación contra Greenpeace por su protesta contra un barco que cargaba de 70 toneladas de caoba, ilegalmente talada en Brasil, rumbo al puerto de esa ciudad estadounidense.
En el tercer día de audiencias, Jordan dijo que la acusación no había aportado evidencia suficiente como para ser considerado por el jurado.
La tradición estadounidense de libre discurso logró hoy una victoria, dijo el director ejecutivo de Greenpeace, John Passacantando.
Pero nuestras libertades no están aseguradas. El gobierno de (George W.) Bush y sus aliados parecen decididos a sofocar nuestra tradición de protesta civil, una tradición que ha fortalecido a nuestro país a lo largo de la historia, añadió.
Se trata de la primera vez que el gobierno federal estadounidense acusa a una organización no gubernamental por actos de protesta. El proceso capturó la atención de los medios de comunicación nacionales e internacionales.
Personalidades como el ex vicepresidente Al Gore y el senador del estado de Vermont Patrick Leahy cuestionaron la acusación.
El caso se refirió al abordaje en abril de 2002 del carguero APL Jade, que transportaba la caoba, por parte de dos voluntarios de Greenpeace desde una embarcación de la organización.
Pocos meses antes, el presidente Bush se había comprometido a ayudar a los países en desarrollo a impedir la tala ilegal de caoba. Por eso, los activistas instalaron en el buque un letrero que decía Presidente Bush, detenga la tala ilegal.
Los dos activistas, así como otros cuatro que permanecieron en el barco de Greenpeace, fueron arrestados cuando llegaron a Miami, se declararon culpables de un delito menor y pasaron el fin de semana en la cárcel.
Pero 15 meses después, el Departamento (ministerio) de Justicia demandó en Miami a Greenpeace por violación de una ley de 1872, aplicada en los tribunales por última vez en 1890.
La norma tenía el objetivo original de impedir que representantes de burdeles y bares ingresaran a los barcos que tocaban puerto, con el objetivo de promocionar sus servicios entre la tripulación.
La decisión del juez se basó sobre un tecnicismo, porque el barco carguero se encontraba a seis millas náuticas del puerto.
Greenpeace nunca dejará de defender nuestro planeta, dijo el activista Tom Wetterer, de Greenpeace, para quien la sentencia es un mensaje de que el gobierno no puede formular cualquier demanda contra una organización para silenciarla.
Howard Simon, director en el estado de Florida de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), se preguntó si el hecho de que los fiscales hayan sido arrojados fuera de la corte en dos días y medio no significa que toda la demanda estaba mal concebida desde el comienzo.
De todos modos, el caso aún representa un motivo de preocupación para organizaciones no gubernamentales que se sienten cada vez más atacadas por el gobierno de Bush e instituciones vinculadas con él.
El neoconservador American Enterprise Institute y la Sociedad Federal de Estudios de Derecho y Políticas Públicas crearon en junio, por ejemplo, el sitio web http://www.ngowatch.org, dedicado a analizar la estructura y actividades de más de 100 organizaciones no gubernamentales internacionales, entre ellas Greenpeace.
Estos dos institutos acusan a las organizaciones no gubernamentales de tener una agenda globalista en perjuicio de la soberanía estadounidense y del interés nacional.
Es falso que estas organizaciones sean de base, dijo la vicepresidenta del American Enterprise Institute, Danielle Pletka.
La secretaria (ministra) de Trabajo, Elaine Chao, y el fiscal general John Ashcroft, entre otros funcionarios del gobierno, también cuestionaron con fuerza a ciertas organizaciones opuestas a políticas de Washington.
El Departamento de Justicia que encabeza Ashcroft insistió en que la acusación contra Greenpeace no respondía a motivaciones políticas sino a la necesidad de afianzar la seguridad del puerto de Miami.
El parlamentario brasileño Hamilton Cesar, testigo de la defensa de Greenpeace, dijo al diario The Miami Herald que la sentencia ayudará a luchar contra las actividades ilegales de empresarios madereros en su país.
