La colombiana Libia Grueso, de 43 años y activista en la defensa de comunidades negras, obtuvo este año el premio ambiental de la estadounidense Fundación Goldman, por la estrategia de desarrollo sostenible que dirigido en el sudoeste de su país, con base en una alianza entre la ecología y la cultura.
Trabajadora social, educadora ambientalista y cofundadora del Proceso de Comunidades Negras (PCN), Grueso es una de las promotoras de la llamada Ley 70, que permitió en 1993 el reconocimiento oficial de las comunidades negras como una etnia con derechos culturales y territoriales en la zona que han habitado ancestralmente.
Sus primeras conquistas ambientales se dieron a principios de los años 90, cuando logró frenar el uso de 21 retroexcavadoras con las que se extraía oro aluvial en ríos del sudoccidental departamento de Valle del Cauca, en la costa del océano Pacífico, causando irreversibles impactos ecológicos y culturales.
También consiguió detener hasta su replanteamiento un proyecto de poliducto para gas natural, gasolina y combustible diesel (gasóleo) que iba a atravesar y poner en riesgo el delicado y precioso ecosistema de manglares y selvas en el municipio de Buenaventura, del mismo departamento.
Su meta ahora es lograr que el Estado apruebe una política ambiental especial para la costa del Pacífico.
El premio ambiental Goldman, que se entrega cada año a seis personas, fue creado en 1990 para recompensar a quienes impulsan proyectos ambientales excepcionales e inspirar a otros para que sigan su ejemplo.
Lo que sigue es una síntesis del diálogo de Grueso con Tierramérica.
—¿Qué significado tiene este premio para usted? —Es una oportunidad para dar a conocer otra cara de Colombia, y especialmente el aporte y valor de las comunidades afrocolombianas del Pacifico.
—¿A qué se dedica el PCN, que usted representa? —A la promoción, protección y aplicación de los derechos étnicos, culturales, territoriales sociales y políticos de las comunidades afrocolombianas y la defensa de los hábitat naturales que les sirven de espacio vital.
—En la vida práctica, ¿en qué ha beneficiado a esas comunidades la aprobación de la Ley 70? R. Si no existiera hoy esa ley, no tendríamos los programas de etnoeducación para las comunidades afrocolombianas, ni las becas de ayuda para los jóvenes excluidos del sistema educativo por falta de recursos. No existirían los consejos comunitarios que ejercen autoridad dentro de los territorios colectivos; ni los planes de uso y manejo para los bosques y recursos naturales con participación de las comunidades negras que habitan estos territorios. Tampoco funcionarían las comisiones consultivas donde los líderes definen frente a las entidades de gobierno las decisiones que afectan a las comunidades, ni habría representantes en los consejos de las corporaciones, ni existiría en el Ministerio del Interior una oficina de asuntos étnicos para comunidades afrocolombianas. No estaría en construcción un reglamento que regule la explotación minera ni se estaría hablando de normas para la protección del conocimiento tradicional en el uso de plantas medicinales. Y todo eso es sólo parte de la aplicación práctica de la Ley 70.
—¿Cómo incide el conflicto armado en el trabajo del PCN, y con qué garantías cuenta ese grupo para realizar su labor? —El conflicto impide el desarrollo pleno y la vivencia del derecho al territorio en nuestras comunidades, pone en riesgo especialmente a los jóvenes, y en general a las comunidades afrocolombianas, que son hoy la primera población en desplazamiento forzado. Según datos de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, en 2002 hubo dos millones de personas desplazadas, y 82 por ciento de ellas fueron integrantes de comunidades afrocolombianas del Pacifico, los montes de María y los valles interandinos.
—¿En qué utilizará el dinero del premio? —En dos cosas: la compra o construcción de una sede para la organización en Buenaventura, y el saldo en el pago de colegios para mis dos hijos. (
