El texto adoptado por la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en Colombia adquirió este año una dureza inusitada, resaltaron activistas de derechos humanos al concluir esta semana la sesión anual de ese cuerpo especializado.
Las críticas se refieren específicamente a la concesión de facultades de policía judicial a las fuerzas militares colombianas y a los planes del gobierno de Alvaro Uribe de realizar reformas legales para dar impunidad a los grupos paramilitares, en contra de las recomendaciones de la Comisión el año pasado.
La declaración también alude a ataques de Uribe a organizaciones no gubernamentales (ONG), a algunas de las cuales acusó de terroristas.
La última declaración de la presidencia de la Comisión sobre Colombia es uno de los textos más severos emitidos por ese organismo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), evaluó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.
"El documento este año es incluso más contundente que el año pasado, porque el gobierno colombiano abusó demasiado en el incumplimiento de recomendaciones de la Comisión del 2003", dijo a IPS.
"Es más, el gobierno llegó a decir que Colombia no había contraído compromisos con la Comisión el año pasado, cuando es sabido que la declaración del presidente se negocia con el gobierno", agregó Gallón, que asistió a las sesiones de la Comisión en Ginebra.
La discrepancia se centró en una recomendación en particular que la Comisión hizo el año pasado de que Colombia no le diera facultades de policía judicial a las fuerzas militares.
Gallón sostuvo que el gobierno hizo lo contrario: presentó un proyecto de ley y reformó la Constitución para darle a las Fuerzas Armadas esas facultades, y el propio presidente colombiano dijo que él no había sido consultado sobre esa recomendación. "Eso es falso, y si fuera cierto, no es más que una excusa", dijo Gallón.
El propio vicepresidente colombiano, Francisco Santos, participa de las negociaciones con la Comisión, observó.
Gallón se hizo eco de las preocupaciones de la organización Amnistía Internacional con respecto a la situación de los derechos humanos en Arauca, una región colombiana limítrofe con Venezuela.
Amnistía sostuvo que el gobierno de Uribe ha transformado la región de Arauca en un laboratorio de pruebas para sus nuevas políticas de seguridad.
Arauca es una zona aislada, tradicionalmente pobre, donde han descubierto hace pocos años pozos de petróleo que aportan "mucha plata fresca", pero la población sigue siendo menesterosa, dijo Gallón.
En ese departamento tiene fuerte presencia la guerrilla izquierdista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y también, aunque en menor medida, el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También hay una gran presencia de fuerzas paramilitares derechistas "tolerada por el gobierno" y una gran militarización, dijo Gallón.
Hace dos años, cuando Bogotá decretó el estado de excepción, creó unas zonas especiales, mas o menos militarizadas, que llamó zonas de rehabilitación y consolidación, en dos sitios del país. Uno fue Arauca y otro, Sucre y Bolívar.
"El gobierno y los agentes gubernamentales consideran y actúan como si toda la gente de Arauca fuera guerrillera. Para ellos, toda esa gente es sospechosa, y por tanto detienen gente sin orden judicial, masivamente", agregó Gallón.
La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye la exigencia del cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno de Colombia este año.
En especial, la Comisión de la ONU se dirigió al Grupo de los 24 (G-24) países donantes que se reunieron en Londres con el gobierno de Colombia en julio de 2003. En la declaración de Londres se insistió en el cumplimiento de los compromisos internacionales por parte de Bogotá.
Además, el organismo pidió al G-24 que en la próxima reunión con Colombia, prevista para el próximo noviembre, se revise el cumplimiento de las recomendaciones.
Organizaciones de derechos humanos estimaron que la declaración de la presidencia de la Comisión es un instrumento valioso y que "hay que sacarle algún fruto".
El año pasado, se registraron cerca de 4.000 muertes en Colombia por acciones ajenas a los combates, en la calle, en la casa o en el trabajo.
Cerca de 69 por ciento de esas personas fueron asesinadas por grupos paramilitares, la mayoría de las veces con apoyo o con tolerancia de agentes estatales, y ocho por ciento por agentes estatales directamente. Y 23 por ciento por grupos guerrilleros.
Esa es la situación más trágica y afecta fundamentalmente a campesinos o activistas sociales, a personas que en general son consideradas por los combatientes como cómplices o amigos del adversario, lamentó el director de la Comisión Colombiana de Juristas.
Este cuadro se completa con un altísimo grado de impunidad. "Prácticamente no hay violaciones de los derechos humanos que se sancionen", dijo Gallón.
"En este momento eso está agravado porque la Fiscalía se está orientando a proteger a violadores de derechos humanos, paramilitares y militares. Y ya ha intervenido directamente en varios casos notorios para absolver o para no acusar a estas personas y exonerarlas de responsabilidad", afirmó.
La guerra civil de Colombia, que lleva más de 40 años, es la más larga de América.
