La cancillería de Chile debe remitir la próxima semana a la Corte Suprema de Justicia el pedido de extradición del ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999), acusado de corrupción en varios tribunales de su país.
La solicitud, enviada el jueves desde Buenos Aires, reúne todas las condiciones para su aprobación, según los antecedentes suministrados este viernes a IPS por el abogado Ciro Colombara, vinculado a la organización Transparencia Internacional, especializada en el combate a la corrupción.
El gobierno argentino de Néstor Kirchner remitió el pedido de extradición tras una solicitud del juez federal Jorge Urso, quien lleva a cabo una de las investigaciones por apropiación indebida de recursos del Estado contra el ex mandatario, en un proceso por administración fraudulenta en la adjudicación de licitaciones para construir dos cárceles.
Urso emitió el 21 de abril una orden internacional de captura contra el septuagenario ex gobernante justicialista, luego de que éste se negara a comparecer ante él pese a reiteradas citaciones.
Desde Chile, donde reside junto a su esposa, la ex Miss Universo 1987 Cecilia Bolocco (de 39 años), Menem alega que es víctima de una persecución política.
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La embajada de Argentina en Santiago debía entregar este viernes el pedido al Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que a su vez debe derivarlo a la Corte Suprema, cuyo fallo podría demorarse unos seis meses, según el canciller argentino, Rafael Bielsa.
Uno de los requisitos para dar curso a una extradición es que el delito esté tipificado como tal tanto en el país solicitante como en el que recibe el pedido, lo cual se conoce como el principio de la doble incriminación, aclaró Colombara.
Menem es investigado también por omisión maliciosa en la declaración de sus bienes, y jueces de Argentina y de Suiza rastrean cuentas bancarias de sus allegados y familiares en ese país europeo para determinar si existió una red de testaferros para el desvío de fondos públicos y lavado de dinero.
El magistrado a cargo del proceso sobre omisión maliciosa también libró una orden de captura internacional, y se estima que la semana próxima completará un nuevo pedido de extradición.
La justicia argentina también ha comenzado a indagar acerca del pago de sobresueldos a los ministros de Menem y podría reabrir el proceso por contrabando de armas a Croacia y Ecuador durante su gobierno, causa por la cual el ex presidente estuvo en prisión domiciliaria seis meses en 2001.
Luego fue absuelto por la Corte Suprema de su país, integrada por jueces designados en su mandato, y reestructurada en la actual administración de Kirchner.
Un segundo requisito para la extradición es que los delitos de que se acusa al ex mandatario sean castigados por penas de presidio mayores a un año, condición que también se cumple en el caso de Urso.
Un tercer aspecto a considerar para dar paso al pedido argentino, indicó Colombara, es la existencia de tratados de extradición entre los dos países involucrados.
Si bien Chile y Argentina no tienen un acuerdo bilateral al respecto, ambos firmaron y ratificaron la Convención de Montevideo de 1933, sobre extradiciones.
A esto se agrega un acuerdo sobre la misma materia firmado por los cuatro miembros plenos del Mercosur (Mercado Común del Sur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los dos asociados externos del bloque, Bolivia y Chile, en vigencia desde mayo de 2002.
Según ese instrumento, los seis Estados se obligan a entregarse recíprocamente a las personas que se encuentren en sus respectivos territorios y sean requeridas por las autoridades competentes de otro Estado Parte, para ser procesadas por la presunta comisión de algún delito, para que respondan a un proceso en curso o para la ejecución de una pena privativa de libertad.
El otro aspecto determinante para el fallo que debe emitir la Corte Suprema es que el acusado, Menem, no esté acusado por un supuesto delito político.
Si bien el ex mandatario sostiene que es objeto de una persecución de Urso y de otros jueces orquestada por Kirchner, el gobierno chileno de Ricardo Lagos considera que en Argentina rige un Estado de derecho y que Menem goza por tanto de todas las garantías constitucionales en el país vecino.
A comienzos de este mes, el ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial Francisco Vidal descartó cualquier posibilidad de otorgar asilo político en Chile a Menem, luego de que versiones de prensa indicaron que el ex presidente intentaba acogerse a esa condición.
Fieles a la premisa de que el asunto corresponde exclusivamente a los cauces jurídicos, ni la presidencia ni la cancillería emitieron este viernes comentarios sobre el pedido de extradición.
En cambio, el ex mandatario no pudo sustraerse a la tentación de hablar. En declaraciones a la cadena británica BBC afirmó que si Chile da lugar al pedido de extradición, no esperará que lo vayan a buscar, sino que regresará a su país por su propia voluntad.
Menem cuenta en Chile con un equipo de abogados mayoritariamente miembros del cogobernante Partido Demócrata Cristiano, entre ellos el ex embajador en Buenos Aires y ex ministro Carlos Figueroa.
El ex presidente y abogado, que asegura vivir en Chile con una renta mensual de 10.000 dólares que le genera su bufete en Argentina, contrató también en Santiago una asesoría de imagen con una firma dirigida por el militante socialista Enrique Correa, ex ministro del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994).
IPS intentó averiguar en la firma de Correa si Menem planea alguna estrategia de defensa en el ámbito comunicacional, pero no recibió respuesta.
