La cumbre de la Caricom exigió una investigación internacional independiente sobre las circunstancias que rodearon la caída del presidente de Haití, Jean-Bertrand Aristide, y su posterior exilio en Africa.
Al concluir la reunión de dos días en Kingston, el primer ministro de Jamaica y presidente de turno de la Caricom (Comunidad del Caribe), P. J. Patterson, no anunció si el bloque suspendería o expulsaría a Haití, uno de sus 15 miembros.
De todos modos, Patterson advirtió que la organización no estaba dispuesta a "deliberar en ninguna reunión con matones y anarquistas", en alusión a los insurgentes cuyo avance armado sobre Puerto Príncipe provocó la caída de Aristide.
El presidente de la Caricom también aludió a los rebeldes como "personas con una reputación contraria a los principios de las sociedades civiles a los que adherimos".
"La cuestión de la participación de Haití en el Consejo de la Caricom deberá ser considerado y, en cierta medida, dependerá de lo que suceda en ese país en los próximos días", afirmó el primer ministro jamaiquino.
Aristide huyó de Haití el domingo, luego de semanas de violencia desatadas por fuerzas opositoras y tropas rebeldes que exigían su renuncia. Los insurgentes acusaban al mandatario de corrupción y de mal manejo de los asuntos gubernamentales.
Pero al llegar a República Centroafricana, Aristide informó por teléfono a varios líderes caribeños, entre ellos Patterson, que soldados estadounidenses lo obligaron a retirarse de su residencia a punta de pistola y que ignoró durante buena parte del trayecto el destino del avión en el que cruzó el océano Atlántico.
Washington negó la acusación. Pero Patterson dijo que los jefes de gobierno caribeños, que también dialogaron telefónicamente con el presidente sudafricano Thabo Mbeki, no estaban convencidos de que Aristide hubiera renunciado voluntariamente.
"A pesar de lo que escuchamos en público y al margen de lo que supimos en privado, decimos, simplemente, que la situación exige una investigación (…) bajo el auspicio de algún cuerpo internacional independiente como la Organización de las Naciones Unidas", dijo Patterson.
El gobernante jamaiquino anunció que los países del Caribe aprovecharán todos los foros internacionales a los que pertenecen, como la Organización de Estados Americanos (OEA), para asegurarse de que se realice una investigación independiente.
Lo que sucedió en Haití es un "precedente peligroso" no sólo para Puerto Príncipe, sino para gobiernos democráticamente elegidos de todo el mundo y, en especial, los pequeños estados del Caribe, según Patterson.
La región protestará "en los términos más fuertes posibles contra cualquier cosa que tenga como consecuencia la remoción, por medios inconstitucionales, de personas que fueron debidamente elegidas para su cargo".
Los gobernantes del Caribe se mostraron asombrados por la velocidad con que el Consejo de Seguridad de la ONU alcanzó un acuerdo el domingo para enviar una misión de mantenimiento de la paz a Haití, tras la partida al exilio de Aristide.
Los países caribeños habían urgido cuatro días antes al Consejo que ayudaran a resolver la situación, y alertaron entonces que la desestabilización de Haití tendría consecuencias en los vecinos estados caribeños.
"No podemos olvidarnos de destacar que aquello que parecía imposible (en la sesión ordinaria del Consejo) el jueves pudo ser cumplido en una reunión de emergencia el domingo", ironizó Patterson.
Los líderes del Caricom reiteraron su compromiso con la antigua colonia francesa y su "intención de seguir constructivamente comprometidos en los esfuerzos dirigidos a crear condiciones necesarias para la seguridad en el largo plazo, el bienestar y el progreso del pueblo".
Algunos países caribeños que habían manifestado su disposición a participar en una fuerza de mantenimiento de la paz en Haití lo harán, aseguró Patterson.
Pero el gobernante jamaiquino acotó que la contribución más importante de la región en los próximos tiempos será en asistencia humanitaria, en la reconstrucción de la economía y de la sociedad civil y en el fortalecimiento de las instituciones democráticas.
Caricom había desarrollado antes del desenlace del fin de semana un plan de paz que habría obligado a Aristide a compartir el poder político con la oposición.
Aristide lideró la oposición civil en las postrimerías de la sangrienta dictadura de la familia Duvalier, cuando era un sacerdote católico.
François (Papa Doc) Duvalier murió mientras ejercía el poder en 1971, luego de nombrar sucesor a su hijo de 19 años, Jean-Claud (Baby Doc) Duvalier. Luego de un sangriento levantamiento, el joven Duvalier huyó al exilio en 1986.
Tras salir triunfante por una abrumadora mayoría en elecciones libres, Aristide asumió por primera vez la presidencia en diciembre de 1990, pero fue derrocado por un golpe militar en 1991, nueve meses después.
En 1994, fue restaurado en el poder por 21.000 soldados estadounidenses, en una operación que costó 1.000 millones de dólares al gobierno del entonces presidente Bill Clinton (1993-2001).
Pero aquella asistencia estaba condicionada a un severo programa de ajuste económico que deterioró aun más la agricultura del país. Además, en los últimos años, tanto Washington como el Banco Mundial retuvieron la ayuda prometida, a medida que se agravaba la crisis política.
En los siguientes comicios, Aristide no pudo presentarse como candidato, pues la constitución le prohibía la reelección consecutiva. El triunfador fue René Preval, también del oficialista partido Lavalas, quien gobernó entre 1996 y 2001.
La actual crisis se originó en los comicios legislativos de mayo de 2000, cuando Lavalas obtuvo un nuevo y contundente triunfo. Observadores internacionales consideraron limpias las elecciones, pero la oposición cuestionó la elección de ocho senadores oficialistas y denunció fraude.
En noviembre de ese año, Aristide fue nuevamente elegido presidente y en 2001 comenzó su actual período de cinco años. Pero la oposición boicoteó el acto electoral, alegando que el caso de los ocho senadores probaba las prácticas fraudulentas.
Desde entonces, la OEA y la Caricom se hicieron cargo, sucesivamente, de muchas gestiones para alcanzar un acuerdo.
Siete de los ocho senadores cuestionados renunciaron y Aristide aceptó la propuesta de la OEA de celebrar nuevas elecciones legislativas. Pero el opositor partido Convergencia Democrática estimó que no había garantías suficientes.
El presidente anunció en la Cumbre de las Américas celebrada el mes pasado en Monterrey, México, que convocaría comicios legislativos a fines de julio, y que permanecería al frente del gobierno hasta el fin de su mandato, en 2006. Pero no logró su objetivo.
A eso se sumó en las últimas semanas el levantamiento armado dirigido por ex oficiales del ejército y de la policía cuestionados por sus antecedentes en materia de derechos humanos.
***** +Comunidad del Caribe, en inglés (http://www.caricom.org/)
(FIN/IPS/traen-mj/pr/ip/04)
