DERECHOS HUMANOS-CUBA: Acusadores acusados

El gobierno de Cuba aseguró que Estados Unidos preparó, una vez más, una resolución contra la isla para que algún otro país la presente en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra hasta abril.

”Ya existe un documento preparado por el Departamento de Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores estadounidense)” para un nuevo intento de condenar a Cuba en la Comisión, dijo el canciller cubano Felipe Pérez Roque, quien añadió que el texto fue entregado el miércoles en Washington a ”un grupo selecto de diplomáticos” de países miembros de ese organismo.

Pérez Roque acaba de regresar a Cuba desde Ginebra, donde la delegación del país desarrolla una fuerte ofensiva para contrarrestar censuras a su desempeño en materia de respeto a los derechos humanos, que considera parte de la campaña hostil de Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia cubana evitó mencionar países que pudieran prestarse a la estrategia de Washington, y entre los 53 miembros de la Comisión hay 11 latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú.

Pérez Roque habló extensamente del tema sin dar lugar a preguntas de periodistas, y defendió la legitimidad de los juicios realizados el año pasado, en que 75 disidentes fueron condenados a severas penas bajo cargos de conspirar con Estados Unidos para desestabilizar al país.

El proyecto que atribuyó a Washington pediría a La Habana, ”dentro del pleno ejercicio de su soberanía”, cooperar con Christinne Chanet, representante especial para Cuba del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyo ingreso a la isla ha sido hasta ahora rechazado por el gobierno que encabeza Fidel Castro.

El mismo pedido fue planteado en la Comisión durante su periodo de sesiones del año pasado, cuando Chanet ya estaba designada, y la misión de la representación especial para Cuba del Alto Comisionado, que es supervisar el respeto por los derechos humanos en la isla, fue definida en 2002.

Así mismo, demandaría la adopción de medidas que aseguren la libertad de expresión y derechos fundamentales como el que asegura el debido proceso de los ciudadanos, y deploraría, en relación con ese punto, los encarcelamientos de opositores.

Un texto en inglés distribuido al término de la presentación ante la prensa del jefe de la diplomacia cubana pide además tomar medidas para facilitar el diálogo con grupos políticos organizados para promover el pleno desarrollo de las instituciones democráticas.

Cuba ha reiterado de modo tajante que no acepta ser sentada en el banquillo de los acusados en Ginebra, y afirma que Estados Unidos promueve este tipo de decisiones, o expresiones directas de condena, para justificar el bloqueo de más de 40 años contra la isla.

La moción sobre Cuba aprobada el año pasado en la Comisión, y patrocinada por Costa Rica, Perú y Uruguay, tuvo 24 votos a favor y 20 en contra, y hubo nueve abstenciones. La Habana la consideró reprobatoria y criticó duramente a los gobiernos que la apoyaron.

Sin embargo, en círculos diplomáticos internacionales fue calificada de ”blanda”, ya que no contenía una condena expresa y ni siquiera mencionaba las condenas a opositores y el fusilamiento, tras juicios sumarísimos, de tres personas que lideraron el secuestro de una lancha y sus pasajeros, con la frustrada intención de llevarla a Estados Unidos.

En el actual periodo de sesiones, la delegación de la isla rechazó un informe crítico preparado por Chanet, quien lamentó que siga ”sin respuesta” una demanda de indulto para los 75 disidentes encarcelados enviada a Castro.

Chanet califica en su reporte de ”particularmente alarmantes” las condiciones de detención de esos opositores, y relata que son ”transferidos de un lugar a otro, alejados de sus familias y cumplen sus condenas hacinados”.

Al respecto, el canciller Pérez Roque insistió en que los opositores arrestados ”colaboraron con una potencia extranjera” (Estados Unidos) y en que Cuba ”tiene derechos a defenderse”.

Aseguró que Cuba y las autoridades penitenciarias cumplen ”las reglas mínimas de (la Organización de las) Naciones Unidas” sobre el tratamiento de los reclusos y afirmó que los opositores presos son tratados ”con respeto y sin vejaciones” y reciben atención médica adecuada.

Pérez Roque apoyó sus afirmaciones con el testimonio de los médicos que atienden a los opositores presos Martha Beatriz Roque y Oscar Espinoza Chepe, afectados por graves problemas de salud según sus familiares o allegados.

También fueron presentadas en vídeo varias entrevistas realizadas por la televisión cubana a esposas y familiares de los disidentes presos.

Félix Báez, especialista en medicina interna del hospital capitalino Carlos J. Finlay, afirmó que Espinoza Chepe no padece cáncer ni cirrosis hepática, como se ha divulgado, aunque sí tiene desde hace años granulomatosis hepática.

El médico aseguró que ese economista opositor, sentenciado a 20 años de prisión, ”goza de buen estado de salud” y pesa en este momento 170 libras (unos 77 kilogramos).

La esposa del opositor, Miriam Leyva, se ha quejado con insistencia de las condiciones en que se encuentra recluido su marido enfermo.

A su vez, la doctora Anet Alvarez Pérez aseguró que Roque, la única mujer del grupo de condenados y también condenada a 20 años, tiene una displasia mamaria que es debidamente atendida y no un cáncer de mama como se ha asegurado.

Ambos médicos fueron invitados al estrado por Pérez Roque, quien los interrogó sobre sus pacientes y les pidió disculpas por distraerlos de sus tareas profesionales.

En tanto, Gisela Delgado, esposa de Héctor Palacios, quien purga una pena de 25 años, relató en entrevista con una reportera cubana que su marido fue operado recientemente de cálculos en la vesícula.

”No tengo quejas, eran médicos civiles (…) y la atención fue buena”, dijo Delgado. Esa entrevista y otras con esposas y otros familiares de los 75 disidentes presos no han sido difundidas por la televisión, que es estatal.

Blanca Reyes, esposa del periodista y opositor Raúl Rivero (condenado a 20 años de cárcel) se negó a contestar preguntas de los periodistas cubanos en ausencia de la prensa extranjera, para evitar, según dijo, ”manipulaciones”.

El ministro de Relaciones Exteriores se quejó de la ausencia de despachos internacionales sobre un reciente material exhibido en televisión sobre el régimen penitenciario cubano. (FIN/2004)

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