Los signos más inquietantes del actual panorama en Birmania son la ausencia de toda libertad y el prolongado encarcelamiento de opositores políticos, que en algunos casos llevan 14 o 15 años en prisión, resumió el experto de la ONU Paulo Sergio Pinheiro.
El relator especial de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) sobre la situación de los derechos humanos en Birmania sostuvo que no existen libertades básicas en ese país de 48 millones de habitantes y reclamó la liberación inmediata de los presos políticos.
El informe del brasileño Pinheiro, presentado este viernes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, estimó que hay unos 1.300 presos políticos y que los arrestos continúan.
La última misión de Pinheiro a Birmania fue en noviembre de 2003. La solicitud para una nueva visita le fue denegada por las autoridades militares del país con el argumento de que se superponía con otras delegaciones de organizaciones multilaterales.
Rangún se refería a la presencia en el país entre el 1 y 4 de marzo, del enviado especial del secretario general de la ONU, el embajador Razali Ismail, de Malasia, y a la misión enviada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Razali cumple el mandato de la asamblea general de la ONU, de facilitar la reconciliación nacional y la democratización de Birmania, regida por los militares desde julio de 1988.
La OIT, por su parte, examina la respuesta de Birmania a las denuncias sobre trabajo forzado.
En cambio, el mandato de Pinheiro emana de la Comisión, el máximo organismo de derechos humanos del foro mundial, y forma parte de los procedimientos específicos sobre países, que se ocupan además de las situaciones en Burundi, Cuba, República Democrática del Congo y los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.
Pinheiro dijo a IPS que pocos días atrás las autoridades de Rangún le comunicaron su disposición a recibirlo. Ahora discutimos las fechas convenientes a las dos partes, precisó.
El relator recibió información de Razali sobre los planes del gobierno militar de convocar a una convención nacional que debe redactar la constitución del país, en el segundo semestre de este año.
Pinheiro da crédito al anuncio de las autoridades. Ellos han iniciado el proceso y ahora lo continúan, dijo.
El experto brasileño atribuye importancia en ese proceso de democratización a la iniciativa emprendida en Bangkok por el Foro de Apoyo Internacional a la Reconciliación Nacional en Birmania, que en diciembre pasado obtuvo el compromiso de Rangún de convocar la convención nacional.
La iniciativa de Bangkok es un aspecto positivo, aunque espero que sus miembros me ayuden a demostrar a las autoridades birmanas la conveniencia de que las estipulaciones de los derechos humanos sean incorporadas al plan de transición política, dijo Pinheiro.
El plan de transición a la democracia, denominado hoja de ruta, fue anunciado en agosto de 2003 por el primer ministro, general Khin Nyunt.
En caso de que esa transición política progrese y comiencen a reconocerse las libertades fundamentales, no habría motivos para oponerse a la reanudación de la asistencia exterior a ese país, estimó Pinheiro.
Sería un error esperar la consolidación de la democracia para ayudar al país. Si el proceso avanza, desaparecerán los obstáculos para empeñarse en la ayuda. La principal preocupación son los derechos de la población. Recomendaré firmemente la cooperación si el gobierno demuestra voluntad de compromiso, dijo el relator a IPS.
Si el gobierno de Myanmar muestra señales concretas de atender las preocupaciones existentes sobre los derechos humanos, disminuirían los reparos de la comunidad internacional a asumir compromisos con el país, insistió.
Sin embargo, su informe expresa preocupación por las violaciones de derechos humanos, en particular las ocurridas el 30 de mayo de 2003 en la septentrional localidad de Depayin, que representaron un retroceso para la situación de los derechos humanos, dijo.
En los incidentes de Depayin, fue atacada una caravana de la opositora Liga Nacional por la Democracia, encabezada por su líder, Aung San Suu Kyi, galardonada en 1991 con el premio Nobel de la Paz.
Después del ataque quedaron tendidos en la ruta los cuerpos de entre 50 y 70 personas, muertas o heridas, dijo el informe.
Pinheiro reclamó la liberación de todos los detenidos en Depayin, en particular de Suu Kyi y de tres miembros del comité central de la Liga, U Tin Oo, U Aung Shwe y U Lwin.
Según el gobierno, de las 153 personas detenidas en relación con los incidentes de Depayin, 151 han sido liberadas. Empero, Pinheiro recibió información de otras fuentes que elevan el número total de detenidos inicialmente a 250.
El relator dijo que después de su última visita a Birmania, varios estudiantes fueron condenados a penas de 7 a 17 años de prisión por distribuir panfletos críticos de la hoja de ruta y de la convención nacional.
También dio cuenta de la condena a muerte de nueve personas acusadas de traición por supuesta conspiración para atacar con bombas a edificios gubernamentales y asesinar a miembros de la junta de gobierno, el Consejo Estatal de Paz y Desarrollo.
El representante de Birmania, U Mya Than, replicó ante la Comisión que los incidentes de Depayin habían sido episodios desafortunados que se podrían haber evitado si Suu Kyi hubiera actuado de buena fe y cooperado con las autoridades.
