La diputada chilena que en octubre denunció la participación de legisladores en una red de paidofilia puede ser despojada en marzo de su inmunidad parlamentaria para ser sometida a proceso por injurias, señaló este lunes el juez a cargo del caso.
Al mismo tiempo, en el marco de este mismo conflicto, el cogobernante Partido Por la Democracia (PPD) informó que estudia una acción penal por obstrucción a la justicia contra la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), la principal fuerza de oposición y a cuyas filas pertenecen dos de los parlamentarios acusados de paidófilos.
El 10 de octubre del año pasado la diputada Pía Guzmán, del derechista Partido Renovación Nacional (PRN), provocó un terremoto político al declarar en televisión que había tres parlamentarios involucrados en una red de prostitución de menores descubierta con el arresto del empresario Claudio Spiniak.
La parlamentaria agregó que dos de esos legisladores pertenecían a la Alianza por Chile, la coalición derechista que integran la UDI y el PRN, y que el tercero era de la Democracia Cristiana, integrante de la coalición gobernante de centroizquierda que conforman también el PPD y los partidos Socialista y Radical Socialdemócrata.
Aunque Guzmán no dio nombres, posteriores trascendidos de prensa apuntaron a los senadores Jovino Novoa y Carlos Bombal, ambos de la UDI y ex funcionarios civiles de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), como vinculados a la red de Spiniak.
La denuncia desató una crisis en la alianza derechista y el presidente de la UDI, Pablo Longueira, presentó a fines de octubre ante los tribunales una querella por injurias contra la diputada del PRN, a quien acusó de prestarse para una conjura contra su partido.
Según Longueira, detrás de las acusaciones hay un montaje que pretende hacer fracasar la candidatura presidencial del alcalde de Santiago y miembro de la UDI Joaquín Lavín, quien en las encuestas encabeza las intenciones de voto para los comicios de diciembre de 2005.
El juez especial de instrucción Juan González, quien instruye el sumario por la querella de la UDI, dijo este lunes que en marzo pedirá a la Corte de Apelaciones el desafuero (suspensión de la inmunidad parlamentaria) de Guzmán, requisito para someterla a proceso.
La suspensión del fuero parlamentario no implica necesariamente suposición de culpabilidad y un fallo posiblemente adverso a Guzmán de la Corte de Apelaciones puede ser recurrido ante la Corte Suprema de Justicia, encargada del pronunciamiento final en estos casos.
Consultado si los antecedentes que ha investigado ameritan una detención de la diputada del PRN, el juez González respondió que podría estimarse en ese sentido.
Pero Claudio Ferrer, abogado de Guzmán, señaló que no cabe duda de que la Corte de Apelaciones va a rechazar la petición de desafuero, lo cual implicará un rápido término del proceso, porque así se va a llegar al sobreseimiento (cierre sin culpables) de la causa.
El optimismo de Ferrer contrastó con las críticas que hizo al juez González el vicepresidente del PRN, Rodrigo Hinzpeter.
Es una cuestión bastante inédita en nuestra cultura judicial y sorprendente. No es habitual ni conveniente que los magistrados adelanten sus decisiones judiciales. Es una mala práctica, sostuvo Hinzpeter.
El dirigente del PRN estimó injusta la anunciada petición de desafuero, ya que la diputada no tuvo ánimo de injuriar. Tenemos la convicción de que Pía Guzmán actuó imprudentemente pero sin intención de injuriar a nadie.
El caso Spiniak, como se le conoce, ha dado lugar a cuatro causas judiciales paralelas, la principal de las cuales está en manos del magistrado Sergio Muñoz, quien investiga a los proxenetas que servía al empresario, así como a los menores que fueron explotados y los participantes en orgías de paidofilia.
A su vez, la jueza Gabriela Pérez instruye el sumario por una supuesta extorsión a Daniel Calvo, el magistrado que inicialmente tuvo a su cargo el caso Spiniak, del cual fue removido luego de que el canal Chilevisión revelara que era cliente habitual de un sauna para homosexuales.
Por último, la magistrada Eleonora Domínguez está a cargo de la querella de la UDI por la supuesta conjura, en la cual la colectividad derechista inculpa sobre todo al diputado del PPD Guido Girardi y a otros legisladores de ese partido oficialista.
Girardi posibilitó en noviembre declaraciones en la televisión, con el rostro y la voz deformadas, de un menor identificado con las iniciales L.Z., quien avaló las versiones sobre participación de políticos en las orgías de Spiniak. El niño, según trascendió, habría individualizado a través de fotografías al senador Bombal.
La UDI anunció la semana pasada una acción judicial contra Girardi, asegurando que L.Z. confesó en una declaración judicial que fue inducido a mentir por el diputado.
Girardi negó esas acusaciones y este lunes el PPD anunció que estudia una querella contra la UDI por obstrucción a la justicia, ya que el partido derechista contrató personas y ofreció dinero a otras para testificar ante los jueces y desacreditar las sospechas sobre sus senadores.
La UDI intentó igualmente hace algunas semanas desvirtuar declaraciones de Gema Bueno, quien en 1998, cuando tenía 15 años, permaneció siete meses recluida en una casa de Spiniak.
Durante ese período, la joven fue obligada a mantener regularmente relaciones sexuales con prácticas sadomasoquistas con un amigo de Spiniak, cuya descripción correspondería al senador Novoa, según versiones de prensa. (
