Cuatro compañías de Estados Unidos avanzarán este año hacia la explotación de petróleo y gas natural en Nicaragua, tras completar negociaciones con el gobierno sobre una concesión por cinco años de unos 25.000 kilómetros cuadrados en mar y tierra, rechazada por etnias indígenas afectadas.
Trabajos de prospección que se prevé comenzar cuando estén listos los estudios de impacto ambiental determinarán si los recursos son fáciles de extraer, si habrá dificultades o resultaría muy costoso, explicó a Tierramérica el director de Hidrocarburos, Fernando Ocampo.
En caso que haya resultados exitosos, cálculos preliminares prevén una producción de 50.000 barriles diarios de 159 litros de petróleo y unos 83.200 litros diarios de gas natural, que aportaría al país unos 300 millones de dólares anuales.
Actualmente, los dos productores de América Central son Guatemala y Panamá, con 24.671 y 1.000 barriles diarios, respectivamente, según datos de 2002.
Las últimas indagaciones técnicas, efectuadas por científicos japoneses con tecnología de punta, determinaron la existencia de petróleo en una roca madre localizada en una cuenca del mar Caribe de Nicaragua, con un potencial equivalente a 50 años, según datos del Instituto Nicaragüense de Energía.
Las cuatro empresas de capital estadounidense que ganaron en septiembre las licitaciones son Infinity, MKJ Exploraciones, Oklanicsa y Hellen Greathouse.
Hay un avance del 50 por ciento de las negociaciones para firmar los contratos, y antes de continuar la exploración, las empresas deben efectuar estudios de impacto ambiental que tendrá que aprobar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.
Esos estudios, que comenzarán en septiembre y durarán ocho meses, caracterizarán el área de prospección, el tipo de vida de las comunidades, formas de vida marina y fauna susceptible de extinción, explicó Ocampo.
La concesión abarca zonas que llegan hasta los límites marítimos nicaragüenses en el Caribe (excluyendo la isla Corn, así como los cayos Miskitos, Perlas y otros ubicados en esa zona) y el Pacífico (excluyendo las playas), un área terrestre en la costa caribeña y otra entre Managua y el departamento de Rivas, al sur del país.
Ocampo subrayó que se excluyeron zonas protegidas como los cayos Miskitos y las playas de anidación de tortugas de Chacocente (Carazo) y la Flor, en las costas del Pacífico.
Pero las comunidades del Caribe dudan que el gobierno tenga recursos económicos y técnicos para controlar a las firmas extranjeras y evitar que dañen el ambiente.
El dirigente miskito Humberto Thompson, integrante del grupo ambientalista Red Oil Watch Mesoamericana, recordó los daños provocados desde 1930 por empresas extranjeras al buscar petróleo en el país.
Ese grupo trabaja con organizaciones civiles del Caribe nicaragüense para proteger los recursos, el ambiente y los derechos humanos de los indígenas.
Thompson pronosticó que el uso de explosivos para abrir pozos submarinos matará a peces y tortugas.
Además, de los pozos no sólo saldrá petróleo, sino también gases que contaminarán el mar y, en tierra firme, el aire y el manto acuífero de ríos y pozos, alegó.
Animales silvestres como venados, iguanas o aves se alejarán, y eso quitará a la población local medios de subsistencia, aseguró el líder indígena, con base en experiencias de 1930 a 1975 en las costas del Caribe y el Pacífico.
La apertura del país a firmas petroleras extranjeras fue interrumpida en 1979, tras la revolución sandinista, y reanudada en julio de 2002 por el presidente Enrique Bolaños.
Pero Ocampo arguyó que una de las técnicas más modernas para detectar la potencial existencia de crudo es el uso de ondas sonoras que no amenazan a la vida marina, y que las explosiones en tierra serían controladas, en áreas alejadas de las zonas de desove y anidación de tortugas, aves y fauna silvestre.
El gobierno dice que va a haber empleo, que será la solución a la pobreza, pero la historia de otros pueblos como Ecuador y Guatemala no dice eso. Los indígenas que habitan en las zonas aledañas a los yacimientos petroleros siguen siendo pobres, enfatizó Thompson.
En el Caribe hay unas 140 comunidades indígenas, que suman de 70.000 a 80.000 personas de las etnias miskito, sumo, rama y garífuna, además de diversos y mestizos.
En esa zona, aislada del resto del país y con poca infraestructura, se calcula que la pobreza afecta a 80 por ciento de la población, que vive principalmente de la pesca y actividades agrícolas marginales.
Los nativos temen que las transnacionales les impidan acceder a sus zonas tradicionales de pesca, ya que lo primero que hacen es contratar protección militar para restringir el acceso, afirmó Thompson.
*Publicado originalmente el 7 de febrero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
