¿Qué nos espera cuando salgamos por esta puerta? Hemos hablado mucho y ¿quién nos garantiza que no haya represalias?, inquirió al salir de la audiencia pública en Colombia un periodista y miembro de la Unión Patriótica (UP) sobreviviente de un atentado y ahora exiliado en Suecia.
La ansiosa pregunta fue lanzada durante el primer intento por acercar al estado colombiano con las víctimas de la matanza contra la UP, en lo que se denomina la solución amistosa, un paso obligado en el proceso que avanza desde 1997 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La denuncia presentada en la comisión que funciona en ámbitos de la Organización de Estados Americanos (OEA) por familiares de muertos y sobrevivientes de la UP pretende que el estado colombiano reconozca responsabilidad en esos crímenes, mientras que el gobierno del derechista Alvaro Uribe busca la impunidad para los comprometidos en 80 por ciento de los casos.
Alrededor de tres millares de muertos y 1.000 sobrevivientes dejó el ataque sistemático contra los integrantes de la UP, la coalición izquierdista surgida 20 años atrás en medio del intento de inserción política de las insurgentes Fueras Armadas Revolucionarias de Colombia, que negociaban la paz con el gobierno de entonces.
En la etapa actual del proceso, que tuvo su primera instancia pública el lunes y el martes, comenzó a actuar el llamado Grupo de Trabajo, integrado por el demandado estado colombiano y las querellantes Comisión Colombiana de Juristas y Reiniciar, la organización no gubernamental que representa a familiares de víctimas y sobrevivientes de la UP.
Al encuentro, instalado por el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, llegaron viudas y viudos, madres, padres y huérfanos y sobrevivientes de atentados y torturas, procedentes de Bogotá y del central departamento de Cundinamarca.
Por las autoridades acudieron, además de Santos, delegados de la cancillería, de la Procuraduría (ministerio público), de la Fiscalía y del Defensoría del Pueblo.
En la reunión, donde ambas partes cumplieron al formalidad de su presentación y los delegados oficiales explicaron el papel que cumplirán a lo largo del esfuerzo de solución amistosa, los demandantes prestaron testimonio de lo vivido y muchos hicieron hincapié en que los ataques contra la UP aún continúan.
En el primer día del encuentro reiteradas intervenciones en ese sentido dieron por momentos la sensación de que los dolientes podrían llegar a retirarse del esfuerzo de acercamiento.
El riesgo del rompimiento volvió a percibirse en los últimos minutos del segundo día, cuando el Grupo de Trabajo evidenció importantes desacuerdos en cuanto a las expectativas de los demandantes y la voluntad contante y sonante del demandado.
Este es un proceso que arranca con profunda desconfianza, reconoció Santos. Sólo en la medida en que se vean resultados se va a lograr que la desconfianza disminuya y el estado colombiano y las víctimas de la UP puedan llegar a una solución amistosa, como ejemplo para el mundo y para futuros procesos, añadió.
La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue invitada por ambas partes a hacer un acompañamiento del Grupo de Trabajo.
El objetivo es conseguir que el estado asuma su responsabilidad y tome las medidas necesarias para asegurar que no ocurran más tragedias a raíz de todo lo que se va a despertar en las audiencias, dijo Michael Frühling, director de la Oficina.
No hay que olvidar que el año pasado hubo más de 30 casos de asesinatos de miembros de la UP, agregó.
Si la solución amistosa resultase exitosa, a lo largo del año se harán siete encuentros regionales más. Después seguirán talleres que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos, hacer justicia y acordar una reparación.
Pero si el esfuerzo de acercamiento fracasa, el proceso seguirá su curso en la Comisión, con sede en Washington, y, eventualmente, puede llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica y que también funciona en el sistema de la OEA.
Santos se mostró decidido a sacar adelante la solución amistosa antes de que termine el gobierno de Uribe en 2006. Una solución amistosa con las víctimas honra al estado colombiano, explicó.
Pero el exterminio de la UP tiene tales dimensiones, que la documentación dista de ser completa. Por eso los talleres buscan recopilar información para el proceso y rehacer la memoria colectiva. Sólo por el mapa electoral (de los crímenes) sabemos de dónde son las víctimas, dijo la directora de Reiniciar, Jahel Quiroga.
Quiroga explicó a IPS que, en la mayoría de los casos, sólo se ha podido acopiar el nombre, el lugar del crimen, la fecha y el presunto autor.
El año pasado, Reiniciar realizó 25 talleres con víctimas en 10 regiones del país para explicarles sus derechos dentro del proceso. Son ellas mismas las que deben identificar a los sobrevivientes, a sus familias, y reunirlos, expresó.
Frühling recordó a un grupo de periodistas que la experiencia internacional muestra que grandes espacios de amnesia reproducen y promueven la impunidad.
Un informe del Defensor del Pueblo documentó en 1992 que la impunidad en los casos por crímenes contra la UP llegaba a 99 por ciento. Una de las quejas recurrentes de los asistentes a las audiencias de esta semana es que esa falta de justicia se mantiene hasta hoy.
Como ocurre siempre que hay un crimen gigantesco, ni siquiera los directamente afectados tienen un panorama de la dimensión real de la tragedia, dijo a IPS el filósofo Iván Cepeda, de la Fundación que lleva el nombre de su padre Manuel Cepeda, el periodista y senador de la UP asesinado en 1994.
Para Cepeda, lo más importante de este espacio es que va a permitir que los sobrevivientes entiendan que su unión es la fuente de la fuerza necesaria para hacer que se esclarezca el caso de la UP.
Es un proceso en el cual es posible que la sociedad colombiana empiece a entender la magnitud de la tragedia de la UP, señaló.
El líder de los paramilitares derechistas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, admitió públicamente cinco veces ser el autor del asesinato de Manuel Cepeda, crimen al que resultaron vinculados también efectivos de las fuerzas militares.
Según Quiroga, 80 por ciento de los ataques contra miembros de la UP fueron cometidos o atribuidos a los paramilitares, quienes se encuentran ahora en medio de una negociación con el gobierno de Uribe para desmovilizarse a cambio de la exoneración o penas flexibles y leves para sus crímenes.
Aunque ambos procesos coinciden en el tiempo, sus ritmos son distintos. Iniciado en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), el paso hacia la etapa de solución amistosa con la UP se dio en 2000, cuando gobernaba Andrés Pastrana (1998-2002).
En cambio, el diálogo con las AUC, que comenzó con Uribe a fines de 2002, podría culminar este año con una salida que, para Frühling, se contradice precisamente con los postulados de verdad, justicia y reparación, que son irrenunciables en la negociación con la UP.
Estamos hablando, dijo Frühling, de que quienes han sido responsables de estos crímenes cntra la UP, y siguen cometiéndolos hoy en día, van a ser protegidos, en contravía de un proceso hacia la reconciliación.
Sin embargo, Frühling ve una vinculación positiva entre ambos intentos. En la solución amistosa surgirán pautas importantísimas para cualquier otro proceso de negociaciones, sea con grupos paramilitares o con las guerrillas, porque todos vamos a decirle al estado que tiene que ser consistente consigo mismo, agregó.
El diplomático reiteró que la solución amistosa constituye, en coincidencia con lo dicho por Santos, un ejemplo positivo para otros procesos que ya están en marcha o que deben darse más adelante.
El Partido Comunista, integrante de la UP, acompañó la instalación del encuentro con la denuncia del asesinato, el viernes pasado, de su militante Lucero Henao (44 años), líder campesina del Meta, en los Llanos Orientales, y de su hijo David (16 años), cuya autoría atribuye a las AUC.
Henao era cabeza de familia y deja ocho huérfanos, la menor de cuatro años y la mayor de 22. Ella y David fueron buscados en su casa y sacados a rastras, para ser asesinados en presencia de los demás chicos, denunció con la voz entrecortada una participante, quien expresó indignada que este crimen no mereció mención en la prensa de Colombia.
