En Argentina hay 82 militares condenados a prisión por graves delitos cometidos durante la dictadura de 1976-1983. Once de ellos están en arresto domiciliario y periódicamente se conocen violaciones de ese régimen.
El último en salir de modo indebido fue el ex general Guillermo Suárez Mason, procesado por 635 delitos, quien cumplió el 23 de enero 80 años y habría sido tentado a celebrarlo en una cena con odaliscas. Un anónimo enviado a la cancillería lo delató el lunes, y ahora podría ir a una prisión común.
Suárez Mason había sido el único fugado antes del juicio en 1985 a los ex jefes de la dictadura. Fue hallado en Estados Unidos y extraditado en 1988, pero poco después de volver al país recibió el indulto del entonces presidente Carlos Menem (1989-1999) convirtiéndose así en el único militar indultado sin haber recibido sentencia.
En 1998, la justicia comenzó a ocuparse de la desaparición sistemática de menores nacidos en cautiverio, un delito de la dictadura que no había sido alcanzado por el indulto. Por esa causa Suárez Mason volvió a ser arrestado, como otros ex represores, y luego se sumaron dos procesos más en su contra.
Una de ellas fue la del secuestro y asesinato de 20 militantes de la agrupación armada izquierdista Montoneros en 1979. Además, hay pedidos de captura internacional contra Suárez Mason de los poderes judiciales de Alemania, España e Italia, por crímenes cometidos contra extranjeros durante la dictadura.
El arresto domiciliario es una alternativa a la prisión común que pueden solicitar los presos mayores de 70 años o los enfermos de sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
La abogada Carolina Vartsky, directora del Programa Memoria del Centro de Estudios Legales y Sociales, explicó a IPS que la prisión domiciliaria no es un beneficio sino una garantía, que se otorga independientemente de la gravedad del delito, y que se deben tomar los recaudos necesarios para su adecuado cumplimiento.
La ley prevé que las personas presas en su casa no deben tener vigilantes que les impidan salir. Pero si se prueba que violaron el arresto sin permiso, el juez que les otorgó la garantía puede revocarla, y ordenar su detención en una cárcel común o, en el caso de estos ex militares, en una dependencia de la fuerza correspondiente.
Los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado solicitaron este martes la revocación del arresto domiciliario de Suárez Mason y su traslado a una cárcel común.
Yo no salí de acá se defendió este martes, desde su departamento en Buenos Aires, el ex general que comandó el temido I Cuerpo de Ejército de 1976 a 1979. Bajo su jurisdicción funcionaron más de 40 centros clandestinos de detención, por los que pasó la mayoría de los miles de desaparecidos que dejó el régimen.
No obstante, el (ahora ex) embajador de Ecuador en Argentina, teniente coronel Germánico Molina, admitió que el 23 de enero fue a su casa para entregarle un obsequio de cumpleaños, y que mientras estaba allí llegó un amigo (de Suárez Mason) para invitarlo a una cena que se habría realizado en una dependencia del Club Argentinos Juniors.
Molina aseguró que fue ese amigo el que llevó al preso a la comida. Sin embargo, el jefe del gabinete de asesores del ministerio de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, reveló que en un fax anónimo recibido por la cancillería se denunció que el propio embajador pasó a buscar a Suárez Mason en un auto de la embajada, y lo llevó de vuelta a su casa cinco horas mas tarde.
Al recibir esa información, el canciller Rafael Bielsa se comunicó con el embajador, quien le confirmó haber ido con Suárez Mason a esa cena. No obstante, intentó desvincularse del detenido al asegurar que había ido a entregarle un presente a pedido de un tercero, Rubén Chiriboga, hijo de un diplomático ecuatoriano.
En cuatro años sólo salí de mi casa para ir al Hospital Militar, dijo Suárez Mason. No estuve en el club (Argentinos Juniors), pueden llamar y averiguarlo, desafió.
La cancillería argentina solicitó al gobierno ecuatoriano que removiera a su embajador, y la respuesta no se hizo esperar. Este martes, el propio presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez ordenó a Molina que volviera de inmediato a su país.
La presidenta de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carloto, consideró una burla y una ofensa la visita de Molina a Suárez y exigió que el ex general pase a una prisión común.
Suárez no habría sido el primero en violar su arresto. El más antiguo caso es el del ex almirante Emilio Massera, sorprendido en el centro de Buenos Aires en 1986, antes del indulto, cuando debía estar preso en una cárcel militar.
Cuando Massera volvió a ser detenido, por desaparición de niños, pidió arresto domiciliario, pero sus ansias de libertad o su certeza de impunidad volvieron a manifestarse en 1999: un periodista lo fotografió paseando fuera de su quinta con piscina y cancha de tenis.
La justicia no anuló en aquel momento su régimen de prisión domiciliaria, pero poco después Massera pasó a residir en el Hospital Naval, con un grave problema de salud.
De todos modos, Massera, al igual que la mayoría de los militares represores detenidos, no podría haber salido del país sin ser arrestado por Interpol, ya que tiene pedido de captura internacional por delitos de lesa humanidad que se juzgan en España y por otras causas que se investigan en Francia, Alemania e Italia.
Otro caso es el del ex dictador Jorge Rafael Videla, arrestado en su domicilio por sustracción de menores y otros delitos cometidos durante la dictadura. Hace cuatro años fue visto por vecinos asistiendo a misa en una parroquia de la localidad de Torquinst, provincia de Buenos Aires, donde vive una de sus hijas.
El ex comandante Reynaldo Bignone, detenido en su casa por secuestro de menores, confesó a una periodista francesa que salía todos los días con distintas excusas, entre ellas ir a nadar al Círculo Militar, o asistir a reuniones periódicas en una institución a la que acude su hijo discapacitado.
El ex jefe de uno de los batallones del Ejército durante el régimen, Carlos Tepedino, fue fotografiado hace un año fuera de su departamento de Buenos Aires. Vecinos y dueños de comercios de la zona aseguraron que ese ex militar, procesado por robo de niños, salía periódicamente a hacer pequeñas compras. (
