El presidente de Argentina, Néstor Kirchner llegará a la capital española este martes con un clavo ardiendo en la mano: el reclamo de argentinos residentes en España de que este país cumpla tratados bilaterales vigentes sobre derechos laborales y de residencia.
Una de sus primeras actividades será presentar el libro Migraciones, editado por la Casa Argentina de Madrid, en el que se analiza la situación de los migrantes en general y en particular la de los argentinos que se encuentran en España en situación irregular, sin permiso oficial de residencia y trabajo.
Otro asunto de gran importancia y presente en su agenda tiene que ver con el turismo e incluye la inauguración del stand argentino en la Feria Internacional del sector, el mismo martes.
Un tercer tema destacable son las relaciones con las empresas españolas que tienen inversiones en Argentina. Esta vez, a diferencia de su anterior visita a España, Kirchner no asistirá a reuniones con grupos ni asociaciones de empresarios, sino que mantendrá encuentros individuales con directivos de las mayores entre esas firmas.
Respecto de la situación de los migrantes argentinos, el presidente de la Casa Argentina, Enrique Borcel, dijo a IPS que la visita es una oportunidad única para que se reclame al gobierno español que cumpla con los tratados bilaterales y los acuerdos internacionales sobre la migración..
Esos acuerdos establecen con claridad que los españoles en la Argentina y los argentinos en España tienen el mismo derecho a la residencia y el trabajo que en sus países de origen, aclaró Borcel, residente en España desde los años 70.
En 1863 se firmó el Tratado de Reconocimiento, Paz y Amistad entre la Argentina y España, publicado en la Gaceta de Madrid el 25 de junio de 1864, y en él se establece que los súbditos de uno y otro país podrán ejercer libremente sus oficios y profesiones en territorio del otro, recordó.
Ese tratado no ha sido denunciado y está vigente según varias resoluciones judiciales de los últimos años, sostuvo el jurista argentino Carlos Slepoy.
Ello, señaló a IPS, no admite duda y además no debe imponerse obstáculo ni condición alguna para su cumplimiento, ni para la residencia y el ejercicio de actividades económicas o profesionales del nacional de un país en el territorio del otro.
Además hay un Convenio de Emigración suscrito el 18 de octubre de 1948 que establece en forma taxativa que cada uno de los gobiernos deben autorizar la libre migración de sus ciudadanos al territorio del otro, y que los migrantes quedarán equiparados en derechos y obligaciones a los habitantes del país de acogida, apuntó Borcel.
Finalmente, el Tratado General de Cooperación y Amistad del tres de junio de 1988 dispone que cada parte otorgará a los nacionales de la otra facilidades para la realización de actividades lucrativas, laborales o profesionales, por cuenta propia o ajena, en pie de igualdad con los nacionales del Estado de residencia.
Ese tratado indica también que las respectivas autoridades garantizarán el efectivo goce de las facilidades mencionadas, sujeto al criterio de reciprocidad.
A estas demandas argentinas se anticipó el subsecretario de Trabajo español, José María Olano, quien el miércoles 21, al llegar a Buenos Aires, se pronunció en contra de otorgar los derechos reclamados, pues dijo que sería un tratamiento privilegiado.
La declaración de Olano llama la atención, porque el departamento a su cargo editó en 2001 el Anuario de Migraciones, en el que consta que en 2000 había 254.073 españoles inmigrantes en la Argentina y sólo 9.422 argentinos en España, según datos de 1999, dado que aún no se disponía de los de 2000.
Desde entonces, y debido a la crisis económica que asoló al sureño país, la situación ha variado considerablemente, pero ninguna de las cifras que se manejan, sean oficiales u oficiosas, indica que la cantidad de argentinos en España supere en la actualidad a la de los españoles que había en 2000 en Argentina.
Los argentinos cuya situación en España es calificada de irregular, por no contar con papeles de residencia otorgados por las autoridades españolas, son de 80.000 a 120.000, según diversas fuentes.
Para analizar el cumplimiento de los tratados bilaterales firmados por ambos países, Argentina planteó en 2003 la formación de una comisión bilateral que fue aceptada por España, pero las autoridades españolas postergan desde entonces el inicio de las conversaciones.
En esa línea, Olano se refirió a las preocupaciones de Kirchner por los argentinos irregulares diciendo que el gobierno español no dará una respuesta negativa y que invitará a la Argentina a trabajar juntos para poder realizar una inmigración ordenada.
El gobierno del centroderechista José María Aznar entiende por inmigración ordenada el establecimiento de cupos anuales especialmente autorizados, política que está desarrollando en los últimos años con Ecuador.
Así, quienes desean emigrar a España deben solicitar antes una visa especial y esperar la autorización respectiva, algo que contradice los tratados vigentes con Argentina.
Mientras tanto, los acontecimientos se aceleran y los ciudadanos argentinos en situación irregular en España comienzan a percibir que han perdido el trato permisivo que las autoridades españolas les dispensaban hasta ahora.
Muchas de esas personas se preguntan cuál será su futuro si el gobierno de Aznar no da marcha atrás.
El domingo, el inmigrante argentino Sergio Marinelli, quien tiene en trámite su permiso laboral y de residencia, pero igual consiguió trabajo como parrillero en Algeciras, al sur de España, fue detenido por carecer de esos documentos.
Pasó cuatro horas en calabozos policiales, fue desnudado, humillado y vejado antes de que se decretase su expulsión del país por carecer del permiso de residencia, decreto que ha recurrido ante la justicia, apoyado por la Casa Argentina.
Por otra parte, las autoridades españolas han obligado a los ayuntamientos a facilitar al Ministerio del Interior los datos de los ciudadanos extranjeros que se inscriban en sus padrones.
Esa inscripción es un derecho de cualquier inmigrante que se instale en cualquier pueblo o ciudad de España, y permite acceder a actividades culturales y educativas, becas escolares y sanidad pública.
Con esos datos en su poder, el Ministerio puede decretar el arresto y la apertura de un proceso de expulsión en los casos de quienes carezcan de permiso de residencia o tengan la visa vencida.
El gobierno central también obliga a las líneas aéreas a que le notifiquen el nombre de aquellos viajeros que no utilicen billetes de regreso al país de origen.
Otra decisión de las autoridades españolas cuestionada es un acuerdo firmado con el colegio notarial de España, por el cual el ministerio del Interior recibe, de inmediato, copia de cualquier poder notarial que un inmigrante envíe a su país de origen, invitando a un familiar a visitarlo en España.
Esta invitación es un recurso utilizado por muchos de ellos para la reagrupación familiar, pues permitía a los invitados ingresar al país por un corto periodo de tiempo.
En cuanto al encuentro de Kirchner con las empresas españolas, no se prevén problemas.
El ministro de Economía de España, Rodrigo Rato dijo que esas firmas han dejado de quejarse de la situación económica de Argentina, pues su recuperación les permitió llevarse algo a los bolsillos, informó el diario argentino Clarín.
La visita de Kirchner no ha sido catalogada como oficial, pero el presidente argentino cenará con el rey Juan Carlos, jefe de Estado español, y almorzará con José María Aznar.
Se prevé que en esas reuniones se abordarán los temas de su agenda privada, aunque la embajada de Argentina en Madrid niega tener información y ha declinado hacer cualquier declaración al respecto.
