La concesión de licencias ambientales para expandir la explotación minera en Honduras moviliza a poblaciones afectadas, grupos ecologistas y alcaldías, al comprobarse debilidades de la Ley de Minería, que pueden agravar la destrucción ambiental y la pobreza.
La primera señal fue de los pobladores del Valle de Siria, en el central departamento de Francisco Morazán, donde extrae oro la compañía transnacional Entremares, de origen estadounidense.
Un reciente estudio de impacto en la salud atribuye a métodos inapropiados de explotación la aparición de enfermedades en la piel y de calvicie en los pobladores del valle de Siria.
Según el médico Juan Almendares, director de la no gubernamental organización Madre Tierra quien encabezó estudios efectuados a 23 familias, muchos recién nacidos presentan problemas cutáneos, y niñas y niños en edad escolar "están perdiendo el cabello sin explicación".
Los trabajos de Entremares despertaron rechazo del cardenal católico Oscar Andrés Rodríguez, quien dos años atrás encabezó una marcha de protesta con los pobladores, sin resultado alguno, pues la minera continúa extrayendo oro.
Los ejecutivos de la firma niegan que exista contaminación y atribuyen las denuncias a una campaña de desprestigio que busca frenar el desarrollo.
Una denuncia similar se dio en la región occidental, donde dos comunidades se movilizaron contra las empresas Maverick, de origen canadiense, y Minerales de Occidente S.A. (Minosa), propiedad del hondureño Banco Atlántida.
En enero del año pasado, Minosa fue multada con 54.000 dólares por contaminar el ambiente, al comprobarse un derrame de cianuro que causó mortandad de peces en el río Lara, principal afluente del Higuito, que abastece de agua potable a la región de Santa Rosa de Copán, una de las cunas de la antigua civilización maya.
Se comprobaron además irregularidades en el otorgamiento de la licencia ambiental.
Pero esa autorización fue renovada a Minosa en agosto de 2003, cuando la empresa amenazó con declararse en quiebra.
Juan Carlos Elvir, alcalde de Santa Rosa de Copán, dijo a Tierramérica que la movilización contra de las empresas mineras es tan firme que "hasta amenazas a muerte hemos recibido".
Según Elvir, su comunidad no se opone al desarrollo, pero considera que debe lograrse en forma equilibrada y respetando el ambiente.
Los pobladores condenan el método de extracción a cielo abierto, pues requiere cortar todos los árboles y la vegetación de la zona, para después excavar hasta llegar a la veta donde se encuentra el mineral buscado.
Una vez extraídas las rocas, se mezclan con ingredientes como cianuro para liberar los metales. Esta técnica, según expertos, es aplicable en zonas desérticas, pero en Honduras se ha practicado en valles de vegetación frondosa.
"Ellos (las empresas) cortan de tajo un bosque o un cerro sin medir las consecuencias ambientales. Están agotando nuestros recursos naturales y las consecuencias las vamos a pagar quienes vivimos en la zona o regiones aledañas", enfatizó el alcalde.
Elvir ha encabezado asimismo acciones contra Maverick, junto con su par de La Labor, Amílcar Rodríguez, en el occidental departamento de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala.
La empresa cuenta con una licencia ambiental otorgada por el Estado para explotar 400 hectáreas en el corazón de la reserva nacional El Güisayote, uno de los principales pulmones ambientales del occidente hondureño.
Una comisión evaluadora conformada por funcionarios ambientales, la fiscalía del Estado, pobladores, organizaciones no gubernamentales, activistas y alcaldías, comprobó que el otorgamiento de la licencia fue ilegal, pues violó normas que prohiben la explotación en zonas protegidas.
La comisión sostuvo que los "daños provocados por las actividades de corte y nivelación son considerables y evidentes dadas las condiciones topográficas y características del suelo en la zona".
La industria minera genera en Honduras 45 millones de dólares anuales. Los metales más explotados son el plomo, la plata, el zinc y, en menor cantidad, el oro.
En 112.492 kilómetros cuadrados de territorio, 35.359 kilómetros han sido cedidos para exploración y explotación de minerales.
La mayor parte de las concesiones, a unas quince empresas, se registran en el norte, el sur y el occidente del país.
Las licencias que libra la Dirección de Fomento a la Minería (Defomin) deben revisarse, pues "tenemos muchas denuncias de irregularidades y creemos que las concesiones deben ser otorgadas tras la búsqueda de un consenso con los municipios afectados o beneficiados", dijo a Tierramérica el procurador del Ambiente, Elmer Lizardo.
Por su parte, Joaquín Agüero, asesor del Ministerio del Ambiente, manifestó que el problema obedece a que la Ley de Minería, aprobada por el Congreso tres años atrás, dio demasiadas facultades a la Defomin.
Es un ente "totalmente desconcentrado de la Secretaría del Ambiente y nadie lo regula ni controla", dijo Agüero a Tierramérica.
* Publicado originalmente el 10 de enero por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
