En vísperas de la Cumbre de las Américas, influyentes expertos urgen al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, a atender el vínculo con los países andinos de América del Sur, considerado al borde del colapso.
Un informe del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés) divulgado este jueves advierte que Estados Unidos ha invertido miles de millones de dólares en esa región pero con demasiado énfasis en asuntos de seguridad y narcotráfico y poco en estrategias regionales amplias.
Las políticas de Estados Unidos contra las drogas en la región andina no procuran los objetivos de consolidación democrática y prosperidad, sostuvo la experta Julia Sweig, coordinadora del proyecto Andes 2020, del Centro de Acciones Preventivas del CFR.
El grupo de expertos encabezado por el vicepresidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Daniel Christman, insta a Bush a reubicar la ayuda para estimular el desarrollo rural y realizar reformas legales y fiscales para reducir la gran brecha entre ricos y pobres en los llamados países andinos.
Se trata de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, algunas de las cuales concentran la mayor parte de los cultivos ilegales de coca, marihuana y adormidera (amapola).
El énfasis de Washington en la lucha contra el narcotráfico es la mayor debilidad de su política hacia la región andina, señaló el CFR.
El informe sale a luz cuando Bush se prepara para reunirse, los próximos lunes y martes, con sus pares de América Latina, entre ellos los de la zona andina, en la nororiental ciudad mexicana de Monterrey.
Cada vez más analistas independientes expresan preocupación por la falta de atención de Estados Unidos a sus vecinos del sur, sobre todo luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
En el plano comercial, Bush parece haber reducido sus expectativas ante la creación del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y ahora enfoca sus fuerzas en acuerdos parciales, como el firmado el mes pasado con cuatro países de América Central.
En el frente político, el gobierno estadounidense se concentra sobre todo en apoyar al derechista presidente de Colombia, Alvaro Uribe, al que proveyó de 700 millones de dólares el año pasado para combatir a grupos guerrilleros y al narcotráfico.
Estados Unidos tiene frecuentes roces con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, cuyo breve derrocamiento dos años atrás pareció contar con el beneplácito de Washington y cuya amistad con el mandatario cubano Fidel Castro tanto irrita a la Casa Blanca.
Este asunto también enfrió las hasta ahora buenas relaciones con Argentina y con su nuevo presidente Néstor Kirchner.
Diplomáticos estadounidenses expresaron esta semana su molestia por la relación que el gobierno de Kirchner mantiene con Cuba, y recibieron una dura réplica de Buenos Aires.
El mandatario argentino enterró definitivamente las llamadas relaciones carnales, el alineamiento automático con Washington, que caracterizó al gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
Analistas consideran que la brecha entre Estados Unidos y América Latina se va ampliando, en especial debido al creciente rechazo a las políticas neoliberales impulsadas por Washington.
Nuevos gobernantes latinoamericanos buscan alternativas a un modelo económico aplicado en la región hasta sus últimas consecuencias en los años 90 y al que consideran causante de sus males. Bush es visto como la encarnación de ese modelo.
Existe en América Latina una creciente ola de movimientos políticos de izquierda o centro-izquierda que acceden al poder en gobiernos centrales o locales.
Bush se encontrará en Monterrey con líderes muy escépticos, porque su agenda es muy diferente a la de ellos, dijo a IPS Michael Shifter, del grupo independiente Diálogo Interamericano.
Los presidentes latinoamericanos están preocupados por el desarrollo social y económico de sus países, pero Bush sólo quiere hablar de la guerra al terrorismo y a las drogas, añadió.
Shifter pronostica que el mandatario podría llevar a Monterrey una propuesta para crear una suerte de fondo para la inversión social en América Latina.
Pero es muy difícil que el mismo, así como su plan sobre mano de obra extranjera anunciado el miércoles para legalizar a millones de inmigrantes latinoamericanos indocumentados, sea suficiente para ganar la simpatía de sus pares del continente.
El informe del CFR parece destinado a sacudir la complacencia de Washington y su renuencia a atender las posibles amenazas contra sus intereses, que podrían surgir especialmente en la región andina.
El CFR está integrado por prominentes figuras de la política y la economía, como la ex vicepresidenta del Banco Interamericano de Desarrollo Nancy Birdsall, el financista internacional George Soros y el ex asistente de la Secretaría de Estado (cancillería) para Asuntos Interamericanos Alexander Watson.
Según el grupo, las prioridades que deben guiar la política de Estados Unidos con América Latina son tres.
En primer lugar, ayudar a los países de la región a distribuir mejor la riqueza interna con un compromiso con las reformas agrarias estratégicas..
En este sentido, la organización sugiere una completa y profunda revisión de los sistemas fiscales regionales a favor de nuevos y progresivos impuestos a la propiedad y al ingreso.
Tales medidas, según John Heimann, ex jefe del organismo de supervisión bancaria de Estados Unidos, deberían formar parte de las condiciones que impone el Fondo Monetario Internacional para conceder asistencia financiera.
Además de acelerar el registro y propiedad de tierras, el gobierno colombiano, por ejemplo debería detener la apropiación de territorios de los paramilitares derechistas, las guerrillas de izquierda y los traficantes de drogas.
En segundo término, el CFR reclama esfuerzos mayores y mucho más multilaterales para otorgar incentivos a los cultivadores de coca que se vuelquen a plantaciones legales, por ejemplo creando un fondo especial de desarrollo para países productores de drogas, administrado por el Banco Mundial.
Washington debería trabajar con otros donantes para coordinar una amplia estrategia de asistencia a la región, imponer sanciones económicas a los narcotraficantes y paramilitares y a los grupos que los respaldan financieramente, y canalizar más ayuda a la población desplazada por la guerra en Colombia.
Finalmente, el grupo instó a la administración a adoptar por sí misma un abordaje más regional a los grandes desafíos que afrontan los países andinos y a promover la cooperación intrarregional.
El CFR también es favorable a la negociación de un área de libre comercio andina y una unión aduanera para abatir los aranceles intrarregionales y expandir la cooperación de las Fuerzas Armadas nacionales en la vigilancia fronteriza.
Ninguna de esas medidas requeriría aumentar la asistencia que Estados Unidos destina a la zona, y podrían llevarse a cabo reasignando la ayuda a materias sociales y económicas, aseguró el grupo.
