El proceso de juicio político a tres ministros de la Corte Suprema de Paraguay tomó un nuevo cariz este miércoles, al desestimar el Senado 14 de los 20 delitos que les son atribuidos, y podría suspenderse si prospera un recurso interpuesto por los acusados.
Quedan firmes acusaciones de violar la Constitución, interferir en funciones propias del Poder Legislativo, mal desempeño de funciones y corrupción.
La decisión del Senado se produjo luego de que los defensores de los acusados presentaran el lunes sus alegatos para refutar los cargos elevados por la Cámara de Diputados, que según la Constitución actúa como parte acusadora.
Los alcanzados por la determinación son los ministros Carlos Fernández Gadea, Luis Lezcano Claude. y Bonifacio Ríos Avalos, presidente de la Corte.
El diputado Rafael Filizzola, jefe del bloque del partido socialdemócrata País Solidario y uno de quienes actúan como fiscales, indicó que los cargos que quedan vigentes involucran a los tres acusados.
El primero de los casos se refiere a la autodeclaración, por parte de los magistrados, de su inamovilidad hasta la edad jubilatoria de 75 años.
Los propios miembros de la Corte, siendo parte de un caso que solamente a ellos les interesaba, declararon que el periodo de duración de su mandato no es de cinco años como establece expresamente la Constitución, explicó Filizzola.
En el segundo caso, también de violación de la Constitución, se alteró claramente el procedimiento reglamentario para la confirmación de jueces y fiscales, añadió el legislador.
También hay acusaciones de exceder las competencias de la Corte Suprema, al declarar en varios expedientes inconstitucionalidades con efectos generales, y de interferir en funciones propias del Poder Legislativo, al haber interpelado a Walter Reiser, ex titular paraguayo de la entidad binacional con Argentina de la represa de Yacyretá.
El caso siguiente es realmente escandaloso, según Filizzola, y se refiere a la dilación por más de cuatro años en la resolución de inconstitucionalidades interpuestas por empleados públicos contra la ley de la Función Pública.
Con esto se crea un caos jurídico, porque no hay un régimen legal uniforme aplicable a los funcionarios de la administración pública, explicó el legislador.
Otro escándalo en la lista de acusaciones es el relacionado con la firma Mundy Recepciones, que prestó un servicio de provisión de alimentos al ente binacional con Brasil de la represa de Itaipú.
Se tenía que pagar un contrato de 5.000 millones de guaraníes y se terminó pagando el doble, con argumentos que no tienen ninguna razonabilidad, afirmó Filizzola.
Mientras en el Senado avanza el proceso, un recurso impulsado por los defensores de los ministros acusados podría paralizar el juicio político..
Esos abogados alegan que el reglamento del juicio, redactado por los senadores, es inconstitucional, porque una de sus cláusulas enmarca el proceso exclusivamente en el Senado, e inhibe la presentación de recursos ante el Poder Judicial.
Creo que no se puede impedir a un acusado el derecho de recurrir a los mecanismos constitucionales, dijo a IPS el analista judicial, abogado y periodista Rodney Smidbauer.
El experto se refería a los constitucionales derechos a la defensa, presunción de inocencia y debido proceso. Este último establece claramente que diversas acciones se pueden recurrir cuando una parte afectada se considera agraviada, señaló.
Según Smidbauer, el recurso propiciado por los abogados defensores es valido y es constitucional.
Pero el jurista Víctor Bobadilla va más allá al considerar que casi nada está bien en el juicio político, desde el punto de vista procesal.
Para Bobadilla, ese proceso está viciado de una nulidad absoluta, ya que se violó el principio de la defensa y el debido proceso, sin perjuicio de establecer o no que sean inocentes o culpables los ministros de la Corte de cualquier cargo que se les atribuya.
Sin embargo, Emilio Camacho, único senador de País Solidario, opinó que existe una confusión tremenda (entre los defensores), involuntaria o deliberada, entre lo que es juicio político y lo que es un proceso estrictamente jurisdiccional.
Camacho, abogado constitucionalista y ex subcontralor general de la República, indicó que hay citas de 26 autores donde está claramente determinada la naturaleza mixta del juicio político. Y hay coincidencia entre esos autores.
Aún no se ha dirimido la cuestión de la constitucionalidad del reglamento del juicio político, y el lunes se realizó un sorteo para cubrir con camaristas del fuero penal tres vacantes de la Corte Suprema, a fin de que se pueda constituir su Sala Constitucional para tratar el asunto.
El problema es que los tres titulares y los tres suplentes sorteados se inhibieron de participar por diversas causas.
Los analistas interpretan que el pacto político entre el Poder Ejecutivo y los partidos de oposición con representación parlamentaria que dio inicio al juicio prevalece en el ánimo de los magistrados.
Hay escepticismo sobre la posibilidad de integrar la Sala Constitucional, sobre todo ahora que progresó el juicio político con respecto a los accionantes y teniendo en cuenta que el interés superior de los recurrentes era suspender el proceso, comentó Smidbauer.
No obstante, advirtió que si hay una resolución sobre el tema, servirá de instrumento legal para que los recurrentes puedan adoptar otras medidas.
En palabras simples, si la sala se integra, podría suspenderse el juicio antes de que el Senado emita sentencia, explicó.
La semana pasada, el ministro acusado Felipe Santiago Paredes renunció a la Corte Suprema para evitar el juicio político, y a fines de octubre había ocurrido lo mismo con los magistrados Jerónimo Irala Burgos y Raúl Sapena Brugada.
Paraguay no es el único país de la región en el que se desarrolla una ofensiva gubernamental para renovar la máxima instancia judicial.
En Argentina, el presidente Néstor Kirchner logró una tercera vacante en la Corte Suprema cuando aceptó formalmente este lunes la renuncia de Guillermo López, que había presentado su dimisión hace más de un mes, al comenzar un juicio político en su contra en la Cámara de Diputados.
Desde que Kirchner asumió este año, impulsó una arremetida contra la denominada mayoría automática que el gobierno del ex presidente Carlos Menem (1989-1999) habría logrado imponer en la Corte Suprema, acusada de amparar y practicar la corrupción.
Julio Nazareno, presidente de la Corte, fue el primero de los renunciantes para evitar un proceso en su contra, y se espera que esta semana el Senado emita una sentencia definitiva en el juicio político que lleva adelante contra el suspendido magistrado Eduardo Moliné O'Connor. (
