En nuestra institución tenemos como 50.000 campesinos sin tierra que no pueden producir sustento para sus familias, dijo un dirigente de la Organización Nacional Campesina, una de las decenas que reúnen a pobladores rurales paraguayos, muchos de ellos en apuros similares.
El problema no para de crecer y afecta, según cálculos privados, a unas 600.000 personas, o sea algo más de uno de cada cuatro integrantes de la población rural de Paraguay, un país con 5,2 millones de habitantes, de los cuales el 43 por ciento vive en el campo.
Cada vez mejor organizados, esos ciudadanos han presionado a sucesivos gobiernos para lograr una respuesta a sus reclamos, pero muy pocas veces fueron atendidos.
El panorama de invasiones de predios rurales, necesidades insatisfechas, manipulaciones políticas y corrupción será probablemente respondido por el gobierno con represión, como siempre se hizo, dijo a IPS el sociólogo Tomás Palau.
Es que esta es una historia muy larga que se repite en forma constante desde hace más de 130 años, y que comienza prácticamente a fines de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), agregó.
El experto explicó que cuando Paraguay fue derrotado en esa guerra por Argentina, Brasil y Uruguay, los vencedores repartieron la tierra del país, en grandes latifundios ganaderos y forestales, entre empresas y empresarios extranjeros, fundamentalmente argentinos, brasileños e ingleses.
Entonces los campesinos fueron expulsados de las tierras y se concentraron en los alrededores de Asunción y de los (meridionales) departamentos de Guairá y Paraguarí, señaló.
A comienzos de los años 60, el régimen totalitario de Alfredo Stroessner (1954-1989) lanzó un programa de colonización y reforma agraria, y en 1963 fundó el Instituto de Bienestar Rural (IBR).
En realidad, ese programa fue un pago político por el apoyo que ciertos sectores campesinos, conocidos como py nandy' (pies descalzos), le habían dado al Partido Colorado (liderado por Stroessner) en la revolución de 1947, puntualizó Palau.
Las tierras fueron cedidas en lotes agrícolas de 10 y 20 hectáreas, pero los beneficiarios no fueron sólo campesinos, sino también militares y civiles del entorno del dictador.
El proceso tendría que haber culminado en una desconcentración de la tierra. Pero al haberse dado grandes extensiones de tierra como pago político, estos lotes se transformaron de nuevo en latifundios, definió Palau.
Más de seis millones de hectáreas fueron parceladas desde la creación del IBR, indicó el experto Bartolomé Sánchez González, en su libro Políticas agrarias y desarrollo.
De ese total, cerca de cinco millones de hectáreas se repartieron a 10.000 personas privilegiadas, y sólo la quinta parte restante fue distribuida entre 100.000 familias de escasos recursos.
Tres factores se combinaron para que se llegara en 1982 a las primeras ocupaciones de tierras por parte de campesinos organizados.
A fines de los años 60 y principios de los 70 comienza a darse el fenómeno de la migración de colonos brasileños al este de Paraguay, al que se sumaron la alta tasa de natalidad rural, de 6,7 hijos por mujer en edad fértil, y el comienzo de la construcción de la represa paraguayo-brasileña Itaipú, explicó Palau.
Cuando las obras principales de Itaipú finalizaron, la mano de obra no calificada fue despedida, y eso dejó sin ingresos a unos 30.000 paraguayos, 90 por ciento de ellos hijos de campesinos.
Con el paso de los años, tras haber crecido y formado una familia, ellos ya no podían volver a la tierra de sus padres. Esta gente quedó aglomerada en sectores marginales de Alto Paraná y son los que organizan las primeras ocupaciones, concluyó Palau.
Otro problema que agravó la situación campesina fue que los asentamientos creados por IBR nunca contaron con la infraestructura social básica de agua potable, escuelas y servicios de salud, ni con asistencia técnica, explicó a IPS el ingeniero agrónomo y consultor Carlos Tallone.
En 1982 Paraguay comenzó a entrar en recesión económica (técnicamente, dos trimestres sucesivos con disminución del producto interno bruto).
Ese año se dejó fluctuar libremente la cotización del dólar, que se había mantenido fija en 147 guaraníes durante 20 años, y se produjo una devaluación de la moneda paraguaya, que dio comienzo a un largo proceso inflacionario y de especulación cambiaria.
Con el panorama económico adverso y tras la terminación de Itaipú, no hay más inversiones en el país, y la gente de pocos recursos que se había acercado a los centros urbanos queda en situación muy precaria, mientras en el campo las cosas empeoran, prosiguió Tallone.
Una investigación realizada por la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía Nacional, a pedido del Ministerio de Educación, mostró que las invasiones de propiedades rurales por grupos de campesinos sin tierra sólo se han producido en la región oriental del país.
Hasta octubre, existían en Paraguay 223 asentamientos irregulares, de los cuales 150 correspondían a invasiones realizadas por campesinos sin tierra. Según el documento, había unas 195.000 hectáreas ocupadas.
Los demás asentamientos son ocupaciones realizadas por grupos de familias sin techo, en zonas urbanas.
A fines de los años 80, se acabaron los terrenos estatales disponibles para su entrega a campesinos a través del IBR, y la respuesta de los sin tierra fue invadir áreas que creían fiscales, porque no están tituladas y normalmente sus propietarios las mantienen mediana o totalmente improductivas, indicó Tallone.
También en época electoral, y ante la incitación de operadores políticos ligados al partido oficial (el Colorado) se dan muchas ocupaciones, agregó.
Con el aumento del cuatrerismo rural, las invasiones y la inoperancia de las fuerzas de seguridad, los grandes terratenientes han formado grupos paramilitares, advirtió Palau.
Paraguay está en una situación muy próxima a la de Colombia, porque los narcotraficantes que operan en los septentrionales departamentos de Amambay y San Pedro, centro de los cultivos de marihuana, también tienen sus grupos armados que presionan a los sin tierra, opinó.
La diputada Olga Ferreira, del centroderechista Movimiento Patria Querida e integrante de las comisiones de Derechos Humanos y Asuntos Municipales, explicó que los campesinos plantean al parlamento de cinco a siete pedidos de expropiación de tierras por semana.
Están pendientes las resoluciones correspondientes a unas cien expropiaciones, agregó.
Pero Paraguay no es el único país de la región aquejado por esta problemática.
En Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra está articulado en escala nacional desde 1984, y desde entonces ha ocupado más de 3.900 latifundios, que se transformaron en proyectos de asentamiento para más de 450.000 familias de trabajadores rurales, en más 22 millones de hectáreas.
La Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia está constituida por 24 federaciones regionales y departamentales, que representan a un millón de colonos radicados en siete departamentos del país. (
