Nubes negras y densas aparecen en el cercano horizonte de la Constitución de España, al cumplirse este sábado el vigesimoquinto aniversario de su ratificación por la ciudadanía.
La ley fundamental vigente fue elaborada por el Congreso de Diputados y aprobada en ese cuerpo el 31 de octubre de 1978, con 316 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones. Votaron a favor la gobernante y hoy desaparecida Unión de Centro Democrático, liderada por el entonces jefe del gobierno, Adolfo Suárez, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista.
En contra lo hicieron diputados de la derechista Alianza Popular, que años más tarde daría nacimiento al hoy gobernante Partido Popular (al que se integraron los restos de la Unión de Centro Democrático) y también de Euskadiko Ezquerra, partido vinculado al grupo terrorista ETA.
Se abstuvieron legisladores del moderado Partido Nacionalista Vasco, de Alianza Popular y de Esquerra (Izquierda) Catalana.
Con una votación equivalente a la del Congreso de Diputados fue aprobada una semana después por el Senado, y luego los ciudadanos españoles la ratificaron en un referéndum celebrado el 6 de diciembre de ese mismo año, en el que todos los partidos apoyaron el voto afirmativo, con la excepción del nacionalismo vasco que propugnó la abstención.
Políticos, constitucionalistas y analistas de todos los sectores coinciden en afirmar que esa Constitución aseguró la transición de la dictadura del generalísimo Francisco Franco (1939-1975) a la democracia que rige en la actualidad en España. También destacan que ese texto fundamental fue posible por el espíritu de consenso que imperó en los primeros años de la recuperación democrática.
La palabra consenso significó toda una época, que dio el tono de un momento histórico y la que mejor explica lo que pasó en España en aquellos años, sostuvo Virgilio Zapatero, uno de los entonces diputados que la aprobó y actual rector de la histórica Universidad de Alcalá de Henares.
Ese consenso, entre otras cosas, permitió superar el secular antagonismo entre republicanos y monárquicos, e integrar en un proyecto común a comunidades como la catalana, la gallega y la vasca, en las que el nacionalismo tenía y aún tiene fuerza.
Precisamente desde esas comunidades se plantea ahora con vigor la necesidad de reformar la Constitución o incluso de pasar por encima de ella.
El moderado y mayoritario nacionalismo que gobierna el septentrional País Vasco, una de las 17 comunidades autónomas que integran España, presentó en su parlamento un plan de autodeterminación que ha sido impugnado por el gobierno español ante la Justicia y el Tribunal Constitucional.
En la nororiental Cataluña, otra comunidad autónoma, las elecciones celebradas a fines de octubre dieron nuevamente mayoría al nacionalismo y, dentro de éste, Esquerra Republicana (Izquierda Republicana), duplicó sus diputados y se convirtió en pieza clave para la conformación de un nuevo gobierno, que todavía está en negociación.
El nacionalista catalán Miguel Roca Junyent, uno de los siete ponentes de la Constitución, opinó sobre los problemas que existen, algunos de ellos no menores según dijo, en relación a las reivindicaciones de nacionalistas vascos, gallegos y catalanes, que deben ser encaradas respetando los valores consagrados por la Constitución.
Para Roca Junyent, el núcleo del debate reside en que nadie pretenda reformarla por la vía de los hechos consumados o al margen de lo que establece la propia Constitución.
Ante esa opinión se levantan otras, divergentes. Por un lado, la de nacionalistas que reclaman el derecho a la autodeterminación, o a propugnar un nuevo marco de la relación de sus regiones con España, al margen de lo que establece la Constitución en vigor.
Por otro lado están quienes, como el jefe del gobierno, el centroderechista José María Aznar, se oponen rotundamente no sólo a las aspiraciones de esos nacionalistas, sino también a cualquier intento de reforma de la Constitución.
Eso, a pesar de que el propio Aznar, antes de llegar por primera vez al gobierno en 1996, se pronunció a favor de la reforma. En un libro suyo publicado en 1994 escribió que fallos evidentes de la estructura estatal proceden de la propia Constitución y se refieren, sobre todo, a la composición y funciones del Senado.
En la actualidad los gobernantes autonómicos socialistas y nacionalistas, e incluso el fundador del gobernante Partido Popular y actual presidente de la noroccidental Comunidad Autónoma de Galicia, Manuel Fraga, se pronuncian a favor de la reforma precisamente para hacer del Senado una cámara que represente a las 17 comunidades autónomas.
A ese respecto, Aznar mantiene una posición contraria. Es el mismo político que en 1994 escribió que esta reforma, para ser fiel al espíritu de la Constitución, tendría que integrar definitivamente a las comunidades autónomas en la estructura del propio Estado en sentido estricto.
Incluso otro miembro del PP, actual diputado y otro de los siete ponentes constitucionales, Gabriel Cisneros, planteó que deben cumplirse tres condiciones para una reforma, pero destacó que en la actualidad no se cumple ninguna de ellas.
Esas tres condiciones son que existan una demanda social y un consenso como el de 1978, además de que sea el momento oportuno, según consignó en una exposición presentada el 22 de noviembre en el Congreso de los Diputados.
Otra reforma propuesta por los socialistas plantea que se modifiquen los artículos referidos a la sucesión real. La Constitución establece que será el primer hijo varón del rey el que herede la corona, aunque tenga hermanas mayores que él.
El líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, planteó que se equiparara de manera urgente al hombre y la mujer para reinar en España. Un planteo en el que fue apoyado por ocho expertos constitucionalistas.
Además, en la sombra pero cada vez acercándose más a la luz solar, permanece otra reivindicación que llevó a duros enfrentamientos y es la republicana. La buena votación lograda por Esquerra Republicana el 25 de octubre en Cataluña hizo aparecer nuevamente este tema públicamente, algo que no ocurría desde los primeros años de la transición.
