Sesenta y cuatro millones de hectáreas de bosques naturales y 25 millones aptas para el cultivo de especies maderables en Colombia fueron la ”cuota inicial” para la declaratoria de vocación forestal del gobierno con ocasión de la Conferencia Mundial de Bosques.
El encuentro se realizó en el puerto caribeño de Santa Marta entre el martes y este jueves. Sus propósitos eran canalizar recursos internacionales que apoyen los planes de reinserción de grupos armados y el retorno a sus parcelas de campesinos desplazados por la violencia.
Sin embargo, el enfoque del Plan Nacional Forestal y del actual programa de ”familias guardabosques” para quienes abandonen los cultivos ilícitos de coca y adormideras en zonas de conflicto, suscitan reparos en distintos sectores.
Según estimaciones de Estados Unidos, en 2002 el área cultivada de coca era de 144.000 hectáreas, y según la Organización de las Naciones Unidas, de 96.000.
El programa de ”guardabosques” es impulsado por el gobierno en aquellas comunidades que desistan de cultivar coca, adormidera y marihuana, a las que entrega un subsidio anual equivalente a unos 1.750 dólares, por proteger los bosques que habitan.
La actividad forestal ”es uno de los dominios en los que podrían construirse proyectos que tengan que ver con (campesinos) reincorporados”, dijo a IPS, Germán Bula, director de la Agencia de Cooperación Internacional (ACCI), organizadora de la Conferencia.
El carácter de largo plazo de la actividad forestal es, a su juicio, una bondad de la propuesta.
En Colombia entre 1,5 y 3 millones de personas han sido desplazadas por la guerra, según diferentes estimaciones de la estatal Red de Solidaridad Social y de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento.
El gobierno y grupos paramilitares derechistas con presencia en todo el país y unos 22.000 combatientes, avanzan en un acuerdo de desmovilización gradual.
Bula reconoce que la propuesta ”tiene muchas aristas” y que ”está atravesada por el problema crucial de la paz”.
Tampoco descarta que la industria maderera o el control de zonas estratégicas, como la occidental del océano Pacífico, donde confluyen frentes paramilitares y guerrilleros, hayan incidido en el desplazamiento de comunidades de origen africano, que con los indígenas conforman la población mayoritaria en esa parte del país.
La biodiversidad del llamado Chocó biogeográfico, que abarca desde Ecuador hasta Panamá, es comparable a la de la Amazonia. En el listado de ”algunos árboles de la costa pacífica”, el botánico Gilberto Mahecha identificó 580 variedades endémicas.
Pero el director de ACCI estima que ”el bosque está llamado a ser un renglón poderoso” en la economía del país.
El potencial maderero de Colombia ”es enorme” y hasta ahora ”nunca se ha tenido en consideración la vocación forestal del país”, dijo a IPS el cultivador maderero Alfonso Dávila, quien formó parte del comité de temas forestales de la campaña por la candidatura de Uribe.
Estudios del estatal Instituto Geográfico Agustín Codazzi, indican que más de 63 por ciento del territorio es apto para el cultivo de árboles, lo que ”nos sitúa en un lugar estratégico a nivel mundial. Pero actualmente los cultivos forestales no pasan de 140.000 hectáreas”, explicó.
Comparado con Chile, el principal productor de madera de América del Sur, Colombia tiene 10 veces más potencial, y el clima cálido y húmedo favorece un crecimiento mas rápido, dijo.
Dávila estima que el crecimiento promedio de los árboles en Colombia es de 25 metros cúbicos por hectárea, más del doble que en Chile, donde es de 12 metros cúbicos por hectárea y ”muy superior al de los países forestales del Norte, como Canadá, Suecia y Noruega, donde es de entre tres y cuatro”.
Las variedades de la madera colombiana son muy valiosas, afirmó el industrial dedicado a la actividad desde mediados del siglo XX en sus plantíos ”Tres y medio”, en la central zona de Puerto Salgar.
Se trata de especies nativas como el cedro (Cedrela cf.angustifolia), muy cotizado en el mercado mundial, y el balso (Ochroma pymiramidale Cav.ex Lam), de rápido crecimiento y con múltiples aplicaciones en aeromodelismo, implementos médicos y juguetería.
Otras variedades propias son el dinde (chlorophora (Maclura) tinctoria(L) Gaud), el guayacán (Terminalia amazonia, Buchenavia spp). Y la exótica teca, originaria de Malasia, que Dávila introdujo al país en 1953, y se cotiza en Estados Unidos a 12 dólares el pie cuadrado (2.250 centímetros cúbicos).
Pero es un negocio a largo plazo.
Por eso Dávila no está convencido de que los plantíos forestales sean alternativa para atraer a campesinos de zonas de conflicto, ”pues necesitan su platica (dinero) ya. Ni bosques para sustituir coca, ni riesgos, la industria de la madera necesita empresarios y trabajadores asalariados”, enfatizó.
Sin embargo Dávila no descarta que a largo plazo las plantaciones de madera se conviertan en alternativa laboral.
”Si Colombia estuviera en capacidad de sembrar dos por ciento de su territorio (2.170.000 hectáreas) de árboles podría generar empleo como para que un millón de colombianos, incluidos quienes proveen de servicios a los trabajadores del bosque”, dijo.
”Si se mantiene la tendencia de precios, al cabo de 30 años, se estaría exportando el equivalente a 30.000 millones de dólares anuales, que es más que el doble del total de exportaciones actuales”, estimó.
En sus cuentas incluye el fin de la guerra de cuatro décadas, la adecuación de la infraestructura terrestre y portuaria, y ”reglas claras para los inversionistas nacionales y extranjeros”.
Otra es la óptica de Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de la etnia embera waunan, del departamento del Chocó con respecto a la política forestal.
Andrade dijo a IPS que su organización no fue invitada a la conferencia de esta semana ”porque desde la tradición ancestral indígena se aborda el bosque con criterios de conservación y sostenibilidad, mientras que desde algunas políticas gubernamentales el enfoque es el aprovechamiento”.
”Muchas veces las estrategias de reforestación, manejo y uso de los bosques no tienen en cuenta las condiciones de cada región”, acotó el dirigente al referirse a las experiencias en el curso medio del río Atrato, en el Chocó, próximo a la frontera con Panamá.
Allí, las empresas madereras han hecho un uso extractivo del cativo (Prioria copaifera Griseb), agotando los bosques cuya recuperación es muy difícil, porque tardaría más de 30 años, dijo Andrade.
Por otra parte, Andrade estimó que el programa de guardabosques ”no es adecuado”, pues ”pone en condiciones de vulnerabilidad a las comunidades, pues va acompañada de un componente militar, aunque aparezcan como civiles”, precisó.
El conflicto colombiano está asociado al control del territorio y al aprovechamiento de sus recursos. En esa medida los indígenas y las comunidades negras se convierten en punta de lanza de planes de expansión maderera, lo que a su vez las vuelve objeto de presión de los grupos armados.
”Con las familias desplazadas se han ido acabando los árboles de cedro, roble o guayacán (Terminalia amazonia, Buchenavia spp), amarillo (Centrolobium paraense Tul), caracolí (Anacardium excelsum) y otras”.
”Si las familias retornan a algunas zonas, como el gobierno ha anunciado, no será fácil recuperar las variedades perdidas. Tal vez se impongan monocultivos”, opinó.
El monocultivo de la palma africana, que se impulsa en muchas zonas del Pacífico afectadas por la presión de los grupos armados, es lesiva para la biodiversidad, dijo a IPS el experto en narcotráfico Ricardo Vargas, de la organización no gubernamental Acción Andina.
”Lo perverso” de los monocultivos es que la rentabilidad está asociada al carácter comercial y extensivo de las plantaciones y ”a formas fraudulentas de intervención en áreas de propiedad colectiva de las comunidades ancestrales”, comentó.
Además, las grandes empresas extractivas imponen un nuevo modelo de asalariados del campo que modifica las relaciones tradicionales de los nativos con su tierra, superpone la cultura del consumo, y destruye la multiculturalidad colombiana, dijo Vargas.
Y citó el caso de comunidades indígenas, negras y de colonos del meridional departamento de Nariño, ”quienes consideran tan nocivo el cultivo de coca como el de la palma africana”.
(
