Los mapuches, quienes constituyen la principal comunidad indígena de Chile, se organizan para reclamar sus derechos ancestrales, en el marco de un movimiento creciente de los pueblos autóctonos de América Latina.
Estos indígenas, cerca de 700 mil en un país de unos 15 millones de habitantes, demandan ser reconocidos constitucionalmente como pueblo originario y buscan una forma de autodeterminación sobre su propio destino y su cultura, sin amenazar la integridad del Estado chileno.
Por razones de segregación, discriminación, pobreza o resistencia, a diferencia de otras comunidades indígenas que han experimentado procesos de integración, los mapuches mantienen muy puras sus formas de vida y eso lo puede ver cualquier persona que conoce un poco el sur de Chile, donde ellos viven, dijo a Tierramérica José Bengoa, autor de Historia del Pueblo Mapuche.
El conflicto y los desencuentros entre la sociedad chilena y las comunidades originarias se encendieron en la última década, cuando jóvenes mapuches irrumpieron en áreas rurales para denunciar que su etnia no sólo afrontaba la pobreza, sino también el problema de no ser reconocida como colectivo humano.
El movimiento indígena se tornó más violento, con ocupaciones de terrenos, manifestaciones contra la construcción de la represa hidroeléctrica de Ralco, en la región central del país y sobre el curso alto del río Bío bío, y reiterados incendios de plantaciones de empresas forestales en el sur.
El impacto del desarrollo forestal limita y altera las tradicionales actividades económicas, sociales y culturales de los mapuches.
Los mapuches más radicalizados han intentado recuperar por la fuerza territorios usurpados a su etnia, y proponen volver a formas ancestrales de convivencia.
A los involucrados en esos actos se les ha acusado de terrorismo, para aplicarles la Ley de Seguridad Interior del Estado.
La historia de despojos, abandono y resistencia comenzó hace cinco siglos con la llegada de los conquistadores españoles y la guerra de Arauco. En 1881, mediante la Pacificación de la Araucanía, el Estado intentó civilizar a los mapuches, porque los consideraba bárbaros.
Eso significó apropiarse de sus tierras, reducir sus comunidades y someterlos a colonizadores no indígenas.
A comienzos de los años 70, las reivindicaciones del movimiento mapuche se articularon con la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), pero a fines de la misma década, la dictadura que derrocó a ese presidente socialista truncó el proceso.
Un decreto de ese régimen propició la división de las tierras de las comunidades indígenas para incorporarlas al mercado, y estableció que una vez liquidada la comunidad (en lo relacionado con la posesión de territorio), dejarán de ser tierras indígenas, e indígenas sus habitantes.
Tras la dictadura, se produjo un acercamiento entre el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y el pueblo mapuche, y en 1993 se promulgó la Ley Indígena vigente y se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
El principio rector fue reconocer a la sociedad como pluriétnica y multicultural, y buscar que toda su institucionalidad, política, económica y social, en salud y educación, sea el reflejo de la realidad multicultural que subyace en la base social, afirmó hace poco el director nacional de la Conadi, Aroldo Cayún.
La Ley Indígena expresó el esfuerzo del Estado por reconocer que debía hacer una compensación a todos los indígenas por el daño causado por la civilización occidental, las pérdidas de vidas, las persecuciones, las expropiaciones y los confinamientos dijo a Tierramérica el ingeniero Andrés Millaleo, asesor del Area de Desarrollo de la Conadi.
Sin embargo, el estatuto no contempló ningún tipo de autogobierno, ni siquiera en términos relativos.
En la actualidad, los mapuches subrayan que no buscan la independencia, sino una forma de autodeterminación que no ponga en riesgo la integridad del Estado chileno.
El 12 de octubre, en el 511 aniversario de la llegada a América de Cristóbal Colón, un millar de mapuches marcharon por el centro de Santiago para protestar contra las políticas oficiales hacia su etnia.
Demandaron la libertad de los indígenas encarcelados por asociación ilícita e incendios a fundos forestales en el sur.
Exigieron, además, que el 12 de octubre, llamado Día de la Hispanidad o Día de la Raza, deje de ser un día festivo, puesto que para los indígenas esa fecha representa el comienzo de la conquista colonial española. Por eso prefieren llamarlo Día de la Resistencia Mapuche.
* La autora es colaboradora de Tierramérica. Publicado originalmente el 1 de noviembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
