A seis años de su transferencia a manos privadas, Corelca, la tercera empresa eléctrica de Colombia, es criticada por cobrar tarifas muy altas y registrar fallas en el sistema de distribución.
La privatización de Corelca (Corporación Eléctrica de la Costa) mejoró la cobertura y la atención de reclamos en los últimos seis años, pero trajo perjuicios más importantes, como fallas en el sistema de distribución y tarifas altas, fuera del alcance de los más pobres.
De las denuncias por tarifas altas y fallas en el servicio, que afectan la calidad de vida, no se salva nadie: ni los del estrato Uno (con ingresos de menos de un salario mínimo) ni los del Seis (los de mayores recursos económicos), dijo a Tierramérica un funcionario de la Defensoría del Pueblo del septentrional departamento de Atlántico, uno de los siete atendidos por Corelca.
Angel Cervantes vive en Me Quejo, un barrio periférico de la septentrional ciudad de Barranquilla, y no pagaba la energía que tomaba directamente del cableado con una conexión irregular, como todos los del vecindario.
Desde la privatización en 1997, Corelca colocó un medidor en la puerta de su casa y le envía cada mes facturas hasta por 50 mil pesos (unos 17,5 dólares), una suma que le cuesta mucho reunir con su trabajo como vendedor de frutas en el mercado.
El arquitecto Carlos Prieto vive en el barrio Los Alpes, al norte de Barranquilla, y la firma le cobra 300.000 pesos mensuales (unos 105 dólares), cerca de un salario mínimo, por el consumo de una casa en la que sólo vivo con mi esposa y mi hijo pequeño y en la que se tiene lo normal: un televisor, un computador y los electrodomésticos básicos, dijo a Tierramérica.
En lo que va de este año ha tenido que cambiar dos veces el monitor de su computador, otra vez el módem y una vez toda la unidad, debido a desperfectos causados por los cambios bruscos de voltaje, pese a que su equipo cuenta con estabilizador y una adecuada conexión de polo a tierra.
En los barrios del estrato Uno hubo en el último año varios heridos y un muerto durante frecuentes bloqueos de calles para protestar contra tarifas altas y cortes de energía.
El gobierno comenzó el proceso de privatización de Corelca con base en un diagnóstico del Ministerio de Minas y Energía y en estudios del Banco Mundial, que señalaron resultados muy desfavorables de las empresas eléctricas estatales en términos de eficiencia administrativa, operativa y financiera, incluyendo graves deficiencias de facturación y cobro a deudores.
Las pérdidas de energía y los problemas de facturación sumaban un déficit mensual de 7,1 millones de dólares al cambio actual, y los costos operativos eran más de 30 por ciento de los ingresos.
Según la Financiera Eléctrica Nacional, en los años 90 el gobierno transfirió 1.100 millones de dólares a Corelca, sin contar intereses ni garantías.
La privatización fue una forma rápida de solucionar la crisis energética que había llevado al país a racionamientos diarios de hasta 12 horas, dijo a Tierramérica Jacobo Acosta, primer director de Corelca, a quien se atribuye la buena gestión de la empresa en los años 80.
El gobierno decidió llamar al sector privado a invertir, con lo que curiosamente, se llegó nuevamente a la situación de 30 años atrás, cuando los servicios públicos eran prestados por empresas privadas.
Según Acosta, la participación mixta (gobierno y empresa privada) permitió seguir impulsando el desarrollo energético y es vital mantener la presencia del Estado en el sector, entre otras cosas para subsidiar las tarifas de los más pobres.
El artículo 365 de la Constitución promulgada en 1991 establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que es deber de éste asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
También señala que los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares.
Para el consultor empresarial Jorge Medina, ese mandato constitucional sirvió para abrir el proceso de privatizaciones en el sector eléctrico colombiano a finales del siglo XX.
O, mejor, regresó al país al período del siglo XIX cuando la prestación del servicio eléctrico fue el resultado de la iniciativa de inversores privados, quienes constituyeron las primeras empresas que tenían como finalidad generar, distribuir y comercializar electricidad.
Para la Contraloría General de la República (CGR), fiscal de cuentas del Estado, la privatización de Corelca es una muestra del norte perdido en los procesos de privatización.
La firma fue en sus inicios una empresa con enorme solvencia técnica (…) que no sólo se consolidó como generadora de energía, sino que también aportó recursos para procesos de desarrollo y autogestión en la región, según la CGR.
Corelca era una de las compañías eléctricas integradas más grandes del país. Estaba conformada por una empresa de generación térmica, una red de transmisión y 8 firmas distribuidoras que atendían la región de la Costa Caribe.
Pero su solidez se fue al piso en una prolongada historia de infortunios debido a la imprevisión de sus administradores, sostuvo la CGR.
Según los defensores del proceso, el sector eléctrico considerado globalmente enfrentaba la quiebra financiera y la desidia administrativa que ocasionaron un entorno económico, técnico y operativo desfavorable.
Ese entorno no fue capaz de reaccionar ante el fenómeno climático de El Niño, cuyos efectos de sequía en el territorio colombiano se tradujeron en un racionamiento nacional de electricidad en 1991 y 1992.
Para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, el gobierno decretó el 23 de abril de 1992 el Estado de Emergencia Económica y Social y expidió el Decreto 700 que, entre otros aspectos, autorizó a capitalizar y reestructurar un número importante de empresas y movilizar más de 3.000 millones de dólares hacia el sector energético.
Desde otra perspectiva, la privatización de Corelca y otras en el sector de la energía son resultado de la aplicación del modelo económico neoliberal que se consolidó en los años 90, dijo a Tierramérica el presidente de la Sociedad Colombiana de Economistas, Amylkar Acosta, investigador y consultor en temas energéticos.
Este proceso abrió las economías indiscriminadamente, en perjuicio de los sectores más vulnerables de la población, afirmó Acosta.
* La autora es colaboradora de IPS. Publicado originalmente el 25 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
