El FMI y el Banco Mundial dieron un apoyo decisivo a las obras y a la política económica rechazadas por la multitud que obligó al presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, a renunciar este viernes.
”Lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que cuando hay negociaciones con el FMI (Fondo Monetario Internacional), siempre tenemos lo que llamamos los 'disturbios del FMI'”, afirmó la activista Sara Grusky, del grupo de defensa a los consumidores Public Citizen, con sede en Washington.
Grusky sostuvo que las políticas neoliberales impulsadas por las denominadas instituciones de Bretton Woods (por la localidad de Estados Unidos donde fueron creados el FMI y el Banco Mundial) tuvieron en los últimos años un efecto ”acumulativo” de malestar popular.
El FMI aprobó el 6 de este mes el desmbolso de 15 millones de dólares para Bolivia como parte de un préstamo de 4.000 millones.
”Las movilizaciones masivas y periódicas del último año tienen su raíz en el rechazo a las políticas liberales. Lo que las activa es, a veces, la política antidrogas de Washington y su efecto en los campesinos, a veces la privatización del agua y a veces la extrema pobreza. Creo que el malestar es acumulativo”, afirmó Grusky.
Sánchez de Lozada renunció este viernes tras varios días de manifestaciones y marchas hacia La Paz realizadas por miles de trabajadores y campesinos, que lo acusaban de empobrecer al país y beneficiar a empresas extranjeras con su política económica.
Unas 70 personas murieron y cientos más resultaron heridas desde este sábado en enfrentamientos entre manifestantes y militares desplegados por el gobierno, según organizaciones de derechos humanos.
Sánchez de Lozada, que asumió en agosto de 2002, había sobrevivido en febrero a fuertes protestas contra medidas de austeridad fiscal alentadas por el FMI y el Banco Mundial, y contra un plan de erradicación forzosa de cultivos ilícitos de coca, impulsado por Estados Unidos.
Activistas responsabilizan al FMI y al Banco Mundial por las recetas de reforma estructural aplicadas en Bolivia en las dos últimas décadas.
Las políticas impulsadas por los organismos multilaterales acabaron con el ingreso con que trabajadores y agricultores contaban para subsistir, redujeron la inversión en servicios públicos y planes sociales e intensificaron la degradación del ambiente, según activistas.
Luego de aprobado el desmbolso de este mes, la subdirectora general del FMI, Anne Krueger, sugirió al gobierno de Sánchez de Lozada que aplicara una serie de ”pasos correctivos” y le exhortó a una ”puesta en práctica consistente para lograr un mayor crecimiento económico y la reducción de la pobreza”.
El organismo multilateral desea que Bolivia reduzca sus gastos ”menos prioritarios”, introduzca un nuevo sistema tributario que amplíe la base impositiva, y reduzca el déficit fiscal, que llegó a nueve por ciento del producto interno bruto en 2002.
El gobierno de Sánchez de Lozada se comprometió con el FMI a bajar el costo de su plan de pensiones a la vejez y flexibilizar el mercado laboral, todo lo cual generó gran descontento popular.
Pero el motivo más inmediato de las actuales manifestaciones es el proyecto para exportar gas natural boliviano a América del Norte a través de un puerto en el océano Pacífico.
Bolivia es unos de los países menos adelantados de América Latina, con más de 70 por ciento de sus 8,2 millones de habitantes en la pobreza y tres de cada 10 en la indigencia, según datos oficiales. El desempleo asciende a 13 por ciento.
Más de un millón de personas trabajan en el sector informal, mientras el salario de los obreros mineros equivale a 14 dólares al mes, con una jornada de 14 horas diarias, y la mitad de las familias que viven con apenas un dólar al día, sostuvo la no gubernamental Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
El FMI alentó en agosto al gobierno de Sánchez de Lozada a ”avanzar rápidamente en grandes proyectos de gas natural”, que ”serían importantes para alcanzar el potencial de crecimiento boliviano”.
La principal exigencia de los participantes en las protestas es la anulación del gasoducto de 5.000 millones de dólares, a través del cual se exportarían siete billones de pies cúbicos de gas durante 20 años.
El FMI aseguró que el proyecto aumentaría el crecimiento económico anual un punto porcentual y elevaría enormemente el ingreso de divisas al país.
Pero un amplio sector de la población boliviana abriga un gran escepticismo al respecto, dados los antecedentes de las instituciones financieras internacionales y de las corporaciones multinacionales que participarían en el proyecto.
”Buena parte de los bolivianos del común no están comprando el argumento de que los beneficios se derramarán sobre sus cabezas”, indica un artículo del director ejecutivo del académico The Democracy Center, Jim Shultz, que será publicado este domingo y al que ya accedió IPS.
Los dirigentes de la protesta advirtieron que la construcción del gasoducto arrasaría inmensos recursos naturales, al tiempo que enriquecería a corporaciones energéticas transnacionales de Estados Unidos y Gran Bretaña, en contraste con el pequeño porcentaje de las ganancias que, aseguran, obtendría el país.
La obra también ha dado pie al estallido de sentimientos nacionalistas, pues el trazado propuesto termina en la costa de Chile, país que arrebató a Bolivia su salida al océano Pacífico en una guerra librada en 1879
Un sector de la población boliviana también se opone a la presión estadounidense para acabar, sin un plan de cultivos alternativos, con las plantaciones de coca, planta aborigen a partir de cuyas hojas se elabora la cocaína.
”Los problemas originados por el gas son el síntoma de una inquietud social mucho más amplia, resultado de la frustración y la pobreza que afligen a Bolivia”, dijo la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), principal central sindical del planeta.
Las principales exportaciones de Bolivia son soja, zinc, plata, oro y otros metales, madera y gas natural.
Golpeado por la recesión y la elevada inflación de los años 80, el gobierno de Sánchez de Lozada implementó reformas monetarias y tributarias, entre otras. Esas medidas abatieron la inflación y restauraron la confianza de los inversores.
Pero el costo, según activistas y opositores, fue una creciente inequidad en el reparto de la pobreza e inestabilidad social.
