Las movilizaciones de protesta en Bolivia, que comenzaron hace tres semanas contra el proyecto de venta de gas natural a América del Norte, se multiplican con demandas muy diversas, sin que el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada pueda controlarlas.
En las primeras dos semanas, la modalidad característica de esas protestas fue el bloqueo de carreteras, y hubo violentos enfrentamientos en la occidental región del altiplano, pero en la tercera semana los conflictos se han trasladado a las principales ciudades del país, donde hay a diario marchas y choques entre manifestantes y policías.
La Paz, sede del gobierno boliviano, se ha convertido en el mayor escenario del descontento, con inactividad en las escuelas públicas, atención irregular en los mercados callejeros, amenaza constante de bloqueos de rutas que conectan a la ciudad con el interior del país, y las marchas callejeras de protestas que congestionan todos los días el centro de la ciudad.
Los trabajadores de la salud iniciaron este jueves una huelga de 48 horas, mientras se mantienen medidas de fuerza en la región de Yungas, cuyos campesinos abastecen a parte de los mercados populares de La Paz, y en la vecina ciudad de El Alto, donde está el aeropuerto internacional que la sirve.
Cada movilización tiene reclamos particulares, pero todas comparten el rechazo al plan gubernamental para exportar gas por un puerto chileno, e incluso, en forma creciente, la oposición en general a la venta de ese recurso natural.
Bolivia es considerada la segunda potencia gasífera de Sudamérica, después de Venezuela, y sus reservas son suficientes para el consumo interno en los próximos 100 años y para exportar a México y al sudoccidental estado estadounidense de California, pero la estrategia de la oposición ha logrado un contundente rechazo popular a la venta de gas.
Tal estrategia se apoya en la difusión de rumores y en el aprovechamiento de la animosidad histórica de la población contra Chile, que se apoderó en 1879 de la parte del territorio boliviano que tenía costas sobre el Océano Pacífico, y lo conserva hasta el presente.
A eso se debe, en buena medida, que el conflicto sea casi inmanejable para el gobierno, que además parece carecer de una estrategia para afrontarlo. Según algunos dirigentes sindicales y políticos, el agravamiento de la actual crisis puede comprometer incluso la estabilidad del sistema democrático boliviano.
El líder campesino, diputado indigenista y ex guerrillero Felipe Quispe, que controla parte de los bloqueos del altiplano, es uno de los más firmes promotores de soluciones radicales, entre ellas lo que llama un retorno al Estado autónomo incaico del Kollasuyo, previo a la conquista española.
Hasta el lunes (6 de este mes) tenemos que romper definitivamente todo. Nos vamos a ir al campo para iniciar la mayor de las batallas. No vamos a retirar el bloqueo del altiplano, porque el gobierno dispara contra nuestros hermanos y nos abusa cuando nos obligan a desbloquear semidesnudos y sin calzoncillos, afirma.
El gobierno ha invitado a Quispe a reanudar un diálogo para discutir las demandas indígenas, pero el dirigente condicionó esas conversaciones a que la sede fuera la ex capital incaica Cuzco, al sur de Perú, que considera un territorio neutral.
Pero ahora el diputado cambió de opinión, y sus condiciones son que el gobierno retire a sus tropas de las carreteras y que el diálogo se realice en la población altiplánica de Warisata, 148 kilómetros al este de La Paz, donde el sábado 20 un enfrentamiento entre pobladores armados y fuerzas de seguridad costó la vida a cinco campesinos y un soldado.
El Poder Ejecutivo, a su vez, condiciona la reanudación del diálogo al levantamiento de los bloqueos de rutas, y sostiene que la sede debería ser El Alto.
Un sector que aún no ha ingresado en los escenarios de movilización social es el de los campesinos productores de coca de la región del Chapare, en el centro del país, liderados por el cocalero y diputado Evo Morales, pese a que éste es el principal representante de la oposición política y ha tenido un papel central en el impulso a las protestas en curso.
Los cocaleros, uno de los sectores sociales más radicalizados de la Bolivia contemporánea, preparan una movilización a partir de este lunes, que implicará previsiblemente el cierre de la ruta del Chapare y por tanto del eje vial que une el occidente con el oriente del país, además de enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, que casi siempre terminan con muertos.
En previsión de la casi segura agudización de la tensión social, dirigentes sociales de la oriental ciudad de Santa Cruz, que es la más próspera del país, han lanzado una propuesta de mueva república que promueva el desarrollo en vez del bloqueo.
Esa propuesta surge como consecuencia del descontento en la región oriental con los constantes conflictos sociales del altiplano, que le resultan ajenos pero terminan por perjudicar la comercialización, en el país y fuera de él, de la rica producción agropecuaria del oriente.
Sánchez de Lozada aseguró que este lunes comenzará una nueva etapa de su gobierno, en la que asumirá como programa un documento de compromisos impulsado por la Iglesia Católica en consulta con todos los partidos, aunque a último momento decidieron no firmarlo el Movimiento al Socialismo de Morales y los demás de la oposición.
El presidente confía en calmar el descontento social mediante el cumplimiento de compromisos que incluyen el de realizar una campaña de información sobre la cuestión de la venta del gas natural, y luego una consulta a la ciudadanía para decidir la conducta del país en esa materia.
En la noche del miércoles, Sánchez de Lozada encomendó a sus 13 ministros realizar antes del fin de este año diálogos con la sociedad civil sobre la reactivación económica, la política de hidrocarburos y gas, la tierra, la coca, la seguridad ciudadana, la corrupción y una reforma constitucional.
Este es nuestro plan de emergencia, de urgencia. Queremos hechos y no palabras. Yo espero que esto dé resultados concretos que el pueblo pide. En lugar de bloquear, entraremos al diálogo y buscaremos soluciones entre todos los bolivianos, dijo esa noche a los medios de comunicación.
Se trata, aparentemente, del último esfuerzo del gobierno para controlar la tensión social mediante el diálogo, y no se descarta que si eso falla considere la posibilidad de decretar un estado de sitio, que limite derechos ciudadanos en nombre del resguardo de las instituciones.
El dirigente político Manfred Reyes Villa, aliado del presidente, señaló que el estado de sitio es un instrumento que el gobierno siempre tiene a mano, aunque añadió que no veía por el momento necesidad de utilizarlo.
Una de las razones que impedirían a Sánchez de Lozada usar en el corto plazo ese mecanismo es la prevista realización en Santa Cruz, los días 14 y 15 de noviembre, de la XIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, con presencia de 21 países, incluidos España y Portugal, además del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan.
En círculos vinculados con el gobierno se afirma que Sánchez de Lozada teme que la cobertura periodística de la cumbre se asocie con una imagen insegura del país.
Esta semana, la reunión preparatoria de ministros de Agricultura de las naciones iberoamericanas que se realizó en Tarija, al sur del país, contó con la presencia de sólo uno de los 14 secretarios de Estado que habían confirmado su asistencia. (
