Los ambientalistas de Brasil ganaron una batalla, pero la guerra de los transgénicos continúa en el país.
El proyecto de Ley de Bioseguridad, anunciado por el gobierno el miércoles, atiende los reclamos del movimiento que se opone al desarrollo comercial de organismos genéticamente modificados, pero no tiene aprobación asegurada en el Congreso Nacional.
"Sin presión de la sociedad, el Congreso modificará el proyecto", teme Jean Marc von der Weid, dirigente de Asesoría y Servicios a Proyectos en Agricultura Alternativa, una organización no gubernamental.
La batalla será por tanto en el parlamento y "en las calles", para asegurar que no se invierta el sentido de los principios y normas que se formularon tras nueve meses de discusiones dentro del gobierno y con los movimientos interesados, dijo a IPS Von der Weid.
El proyecto intenta solucionar la caótica situación creada por el cultivo de soja transgénica, sembrada en forma ilegal sobre todo en el sur, con semillas contrabandeadas de Argentina, donde casi toda esa oleaginosa es de la variedad con modificaciones genéticas desarrollada, patentada y vendida por la transnacional estadounidense Monsanto.
Ante el hecho consumado, el gobierno autorizó la siembra y comercialización de la próxima cosecha, hasta el final de 2004, pero prohibió el comercio de semillas y exigió a los agricultores que planten soja transgénica algunos compromisos, entre ellos el de responder por eventuales daños que cause su producto.
Pero el gobierno del meridional estado de Paraná prohibió que granos transgénicos entren a su territorio y puertos, y eso causó un problema diplomático con Paraguay, que exporta su soja por el puerto paranaense de Paranaguá y ya tuvo una partida retenida en almacenes.
Paraná aprobó también una ley estadual que prohíbe sembrar transgénicos. Sus medidas son cuestionadas por agricultores, con el argumento de que los estados deben subordinarse a las leyes nacionales, pero otros gobiernos estaduales ya manifestaron su interés en aprobar normas como las paranaenses.
Para crear reglas definitivas y dirimir conflictos legales y disputas dentro del propio gobierno central, especialmente entre los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, se intensificó en las últimas semanas la discusión y elaboración de la propuesta presentada al Congreso.
El proyecto crea un Consejo Nacional de Bioseguridad compuesto por 12 ministros, que definirá orientaciones oficiales sobre el tema y será la instancia suprema sobre la conveniencia de autorizar actividades que involucren productos transgénicos.
La Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, vinculada con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y que antes evaluaba los pedidos en la materia, perdería gran parte del poder que le aseguraba una legislación anterior, de 1995, cuestionada por ambientalistas y prácticamente no aplicada.
Ahora esa Comisión tendría competencia para prohibir las actividades que considere riesgosas para el ambiente y la salud humana, pero sus aprobaciones no serían definitivas, sino solamente una primera instancia técnica, previa a evaluaciones de los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud sobre posible efecto del transgénico en sus áreas.
Cualquiera de esos tres ministerios tendría derecho a vetar una solicitud.
Por último, el Consejo Nacional de Bioseguridad podría negar la autorización, contra la opinión de todos los demás organismos participantes en el proceso, si considera que el producto o la actividad en cuestión se contraponen a alguna orientación estratégica del gobierno, por ejemplo en materia comercial.
"Es un retroceso, una lástima", reaccionó Leila Oda, presidenta de la Asociación Nacional de Bioseguridad, quien aclaró que comentaba "las líneas anunciadas, sin conocer los detalles de todo el proyecto", aún no publicado.
"No tiene sentido que la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad tenga competencia sólo por la negativa, y no para aprobar", observó a IPS.
La creación de esa comisión representó la adopción, en Brasil, del modelo europeo, por contraposición con el de Estados Unidos, de permanentes "disputas entre los ministerios cuando hay opiniones antagónicas", explicó la activista.
Retirar el poder de decisión final a la Comisión Técnica Nacional y crear otras instancias regulatorias debilitará la evaluación científica, en beneficio de "la influencia política", pronosticó.
La Comisión se ampliará si el proyecto es aprobado, de 18 a 26 miembros, y pasará a componerse de 10 científicos, ocho representantes del gobierno y ocho de la sociedad civil, que ahora sólo tiene tres. Eso responde a un viejo reclamo de los ambientalistas y activistas por la defensa de los consumidores.
Pero al mismo tiempo que se aumenta la participación de la sociedad civil organizada en ese organismo, se recortan sus facultades.
"¿Es o no una comisión técnica, científica?", preguntó Oda.
Las organizaciones de empresarios agrícolas también acogieron mal el proyecto gubernamental, aunque el ministro de Agricultura, Roberto Rodrigues, lo saludó como un avance y dijo que expresaba "el consenso posible".
La ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, considerada victoriosa en el proceso, opinó que "es el país el que gana", al salir del "círculo vicioso" en la materia.
Von der Weid cree que el proyecto sólo será aprobado con su orientación original si el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y los ministros más poderosos ejercen influencia sobre el Congreso.
Pero el activista teme que eso no ocurra, y considera decisiva la movilización de los movimientos que defienden el principio de la precaución, para demandar estudios de impacto ambiental y sanitario en la cuestión de los transgénicos.
