El alto precio de los medicamentos trae consigo baja estima por sus patentes en Brasil, donde quienes luchan por un sistema de salud no sometido a la lógica del mercado ganaron aliados esta semana.
La Conferencia Nacional de Medicamentos y Asistencia Farmacéutica, que reunió cerca de mil participantes en Brasilia del lunes al jueves, aprobó una propuesta por la flexibilización de la ley de patentes del país, que consideró una de las condiciones para mejorar la salud de la población.
La patente representa un monopolio que convierte los medicamentos en simple mercancía, los encarece y traba el progreso sanitario, dijo a IPS Clair Castilhos, coordinadora de la conferencia y profesora de farmacología de la Universidad Federal de Santa Catarina, en el sur de Brasil.
Lo ideal sería revocar la ley brasileña, una de las más rigurosas del mundo, pero no es realista esperar una medida tan radical, admitió Castilhos, quien demanda por lo menos una revisión inmediata de esa norma.
En 2001, Brasil desempeñó un papel protagónico en el proceso de adopción internacional del principio que hace prevalecer las emergencias de salud pública sobre la protección de la propiedad intelectual.
El país ya había suspendiendo derechos de patentes mediante licencias obligatorias, previstas en la legislación nacional, para abaratar su programa de distribución gratuita de medicamentos a los enfermos de sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).
La Conferencia aprobó orientaciones para una nueva política nacional que asegure a los enfermos, y en especial a los más pobres, acceso adecuado y gratuito a medicamentos esenciales, mediante el Sistema Unico de Salud (SUS), a semejanza del programa antisida, o a precios más bajos en el mercado libre.
El SUS, creado hace década y media con la intención declarada de universalizar la asistencia médica, afronta problemas de implantación en un país de enorme demanda y escasos recursos públicos, pero funciona bien en muchas partes del país.
Una de sus debilidades más graves es la precariedad de su asistencia con medicamentos a las poblaciones cuyos ingresos no permiten adquirirlos.
Un ejemplo es el caso de Damaris Lucena, de 78 años, que sometida a quimioterapia por un cáncer de estómago, que tiene recibe una pensión por viudez de unos 80 dólares, y debe adquirir medicamentos cuyo valor es de 23,50 a 40 dólares.
El medicamento sintético adecuado a su caso cuesta unos 270 dólares, pero su hija, enfermera, obtuvo con profesores de la Universidad de Campinas, cerca de Sao Paulo, la alternativa de tratarse con medicamentos mucho más baratos elaborados en farmacias, que incluyen sustancias vegetales.
Angelina Oliveira, de 80 años, es empleada pública jubilada y gana cinco veces más que Lucena, pero debe gastar cada mes más de 67 dólares para controlar hipertensión, vértigo y problemas de tiroides, y el doble algunos meses por trastornos digestivos.
En su caso hace falta reducir los precios, afirmó.
Para abastecer mejor los hospitales y puestos del SUS, hay que fomentar la investigación y el uso de plantas medicinales, combatir la biopiratería y fortalecer la industria farmacéutica nacional, según las recomendaciones consensuales de la Conferencia de Brasilia, resumió Castillos.
Se llama biopiratería a la actividad de transnacionales farmacéuticas que identifican y patentan sustancias medicinales naturales, que en algunos casos han sido empleadas durante siglos por pueblos aborígenes.
La Conferencia culminó un debate de varios meses, iniciado en encuentros municipales seguidos de reuniones en los 27 estados brasileños. Ese proceso de amplia participación puede servir de referencia a otros países latinoamericanos, opinó Norberto Rech, director de Asistencia Farmacéutica del Ministerio de Salud.
La mitad de los participantes en la reunión de Brasilia fueron representantes de usuarios, un cuarto delegados de trabajadores de la salud, y el resto gestores sanitarios, entre ellos autoridades de gobiernos, industriales y comerciantes.
Las propuestas fortalecen los planes gubernamentales para ampliar la acción farmacéutica del SUS e incrementar la producción nacional de medicamentos, así como el desarrollo científico y tecnológico del sector, comentó Rech.
Brasil importa 80 por ciento de la materia prima para su industria de medicamentos. Esa dependencia del exterior produce un déficit comercial de 2.500 millones de dólares anuales en el sector de farmaquímicos y productos farmacéuticos acabados, destacó.
Por eso es estratégico poner en marcha una política industrial sectorial, uno de cuyos instrumentos serán los 19 laboratorios oficiales, vinculados con universidades, centros de investigación y organismos gubernamentales, que ya producen buena parte de los medicamentos genéricos del país.
Los medicamentos genéricos, identificados por el nombre de su principio activo, son réplicas de otros con marca registrada.
Las inversiones en esa red de laboratorios sumarán este año unos 13,5 millones de dólares, y eso es muy poco, pero en el presupuesto para 2004 serán el doble, anunció Rech.
En Brasil se consumen cada año medicamentos por valor cercano a 3.500 millones de dólares. El problema es que 80 por ciento de ellos se venden en la red privada, con precios que sólo son accesibles a 20 por ciento de la población, señaló Castilhos.
Muchas personas tienen que ahorrar en alimentos para adquirir medicamentos de los cuales depende su vida, explicó.
El negocio es tan lucrativo que hay 58.000 farmacias instaladas en el país, más que las 54.000 panaderías, comentó la coordinadora de la conferencia.
