El incendio accidental de un depósito gubernamental de venenos agrícolas en la capital paraguaya dejó al descubierto la ausencia de controles estatales, y algunas fuentes sugieren que podría tratarse de un acto para ocultar corrupción.
Aunque 800 personas sufrieron los efectos de la inhalación del humo tóxico, estudios de agua y suelo realizados por expertos internacionales desmienten la catástrofe ambiental que denuncian los ecologistas.
Un depósito del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), presuntamente lleno de sustancias agrotóxicas y ubicado en medio de Asunción, ardió el 7 de julio durante tres horas, sin que los bomberos lograran evitar su destrucción total.
En los dos días siguientes, más de 800 personas de la zona fueron atendidas en hospitales cercanos por síntomas de mareos, malestar respiratorio, vómitos y diarrea, debido a la inhalación de humo tóxico, informó el Ministerio de Salud.
Sin embargo, sólo 20 por ciento de los pacientes presentó cuadros agudos, caracterizados por trastornos en el sistema nervioso central, entre otras cosas, según el toxicólogo Evelio Cardozo.
El almacén contenía 24.610 litros y 6.803 kilogramos de fungicidas, herbicidas e insecticidas donados por el gobierno del Japón a Paraguay, con el fin de destinar el producto de su venta a la asistencia financiera a pequeños agricultores, explicó a Tierramérica el titular de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos del MAG, Juan Carlos Escalada.
Once depósitos similares están distribuidos en el país. Los venenos quemados son considerados por la Organización Mundial de la Salud en las categorías II y III, de riesgo moderado a ligero, o en el grupo de los que no presentan peligro agudo utilizados en forma apropiada.
Entre otros, se encuentran los herbicidas glifosato y metrobuzin y el fungicida thiophanate metyl, según la lista obtenida por Tierramérica.
El accidente podría ser considerado de pequeño a medio, si se compara con otros, dijo a Tierramérica el técnico brasileño Ronaldo Oliveira, uno de los dos contratados por la Organización Panamericana de la Salud para medir el impacto del incidente.
Oliveira la comparó con la explosión e incendio de 35 toneladas de ciclohexano en una planta industrial en Flixborough, Gran Bretaña, en 1974, que dejó 28 muertos y 104 intoxicados, y con la explosión de una fábrica procesadora del tóxico TCDD ocurrida en 1976 en la ciudad italiana de Seveso, por la que enfermaron 190 personas y 600 fueron evacuadas.
Estudios efectuados entre el 11 y el 18 de julio en suelos y aguas subterráneas de Asunción detectaron índices muy bajos de contaminación, y ninguna muerte de animales domésticos y de aves, la primera señal clara de alarma, añadió Oliveira.
Pero las organizaciones ambientalistas Alter Vida e Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), condenaron el accidente y reclamaron una rápida respuesta oficial ante lo que entienden como una catástrofe ecológica.
De igual modo reaccionaron la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAP-AL) y la Fundación para la Defensa del Ambiente de Argentina.
Simultáneamente, crecen las sospechas sobre el contenido del almacén incendiado.
Si el depósito albergaba los químicos declarados por el Ministerio de Agricultura, el impacto debió ser mucho mayor, dijo a Tierramérica una fuente de la Fiscalía del Ambiente, que prefirió mantener el anonimato.
En un país en que casi todo se trafica y comercia de manera ilegal, no sería extraño descubrir que había menos químicos que los declarados, añadió.
Si no se detectan daños ecológicos, la investigación debería tomar otro rumbo para aclarar si existió un fraude con el fin de esconder evidencias, sugirió la fuente.
* Publicado originalmente el 2 de agosto por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica. (
