Familiares de víctimas de la dictadura imperante en Argentina entre 1976 y 1983 celebraron la anulación este jueves de las leyes que alejaron de los tribunales a los represores y ahora confían en el avance de la justicia.
El Senado ocupó 10 horas de debates para finalmente aprobar con 43 votos a favor y siete en contra el proyecto de nulidad, que había sido sancionado una semana atrás en la Cámara de Diputados, de las leyes de Punto Final, de 1986, y de Obediencia Debida, de 1987.
La madrugada de este jueves encontró abrazados y llorando de alegría a activistas humanitarios y familiares de desaparecidos, de torturados y de ex presos políticos, que siguieron desde los alrededores del edificio parlamentarios la histórica sesión senatorial.
"Fue muy emocionante, esperamos mucho este momento", dijo este jueves a IPS Sara Steimberg, madre de Luis Steimberg, secuestrado en 1976 cuando tenía 22 años al salir de su casa rumbo al cine con un amigo que también está desaparecido.
Steimberg, a los 80 años lamenta no haber podido participar de la vigilia frente al Congreso que mantuvieron madres y abuelas de personas desaparecidas junto a militantes de partidos de izquierda hasta que se concretó la anulación.
Con menos tiempo de deliberación y el voto unánime, la Cámara de Senadores también le dio rango constitucional a la adhesión de Argentina a la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.
Así, la anulación de las dos leyes, también llamadas del "perdón", parece allanar el camino de la justicia pese a que, según la mayoría de los juristas, esa medida no habilita por sí misma la reapertura de los procesos en torno a los delitos contra la humanidad cometidos en la última dictadura militar.
Los expertos y observadores entienden que la aprobación del Congreso de un proyecto que respalda con fuerza el propio presidente Néstor Kirchner representa un fuerte gesto político hacia la Corte Suprema de Justicia, que debe fallar sobre varios dictámenes de inconstitucionalidad de ambas normas.
Pero no le fue fácil sortear con éxito el Senado a esta anulación propuesta dos años atrás casi en soledad por la diputada izquierdista Patricia Walsh.
Muchos senadores coincidían hasta la hora de comenzar el debate con el vicepresidente y por consiguiente titular de la cámara alta, Daniel Scioli, en que era "poco serio" anular una norma dictada por el mismo Congreso, además de plantearse dudas sobre los efectos legales que tendrá.
No obstante, los reiterados reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos y la voluntad de Kirchner, declarada a poco de asumir el gobierno el 25 de mayo, de sumar gestos para conseguir que los represores enfrenten la justicia decidieron a los legisladores.
El pedido de captura con fines de extradición de unos 40 acusados de esos crímenes enviado en julio por el juez español Baltasar Garzón hizo el resto y aceleró la decisión con el propósito de que puedan ser juzgados en Argentina.
La solicitud de Garzón también activó la derogación por parte de Kirchner del decreto que impedía la extradición de argentinos acusados de represión durante la dictadura, emitido por Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, días antes de renunciar al gobierno cuando sólo había cumplido la mitad de su mandato de dos años.
Los ex jefes militares de la dictadura y cientos de sus subordinados están acusados, entre otros delitos, de la desaparición de unas 11.000 personas, según denuncias judiciales, pero que las organizaciones humanitarias elevan a 30.000.
El senador Jorge Yoma, del gobernante Partido Justicialista, admitió que la anulación de las leyes del perdón "es controvertida", aunque consideró la medida de "enorme importancia moral y ética".
La votación fue celebrada en la calle por centenares de manifestantes.
"Ya no puedo estar tanto tiempo parada, pero me siento muy gratificada por este triunfo", comentó a IPS Steimberg, quien es integrante de la organización "Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas" y colabora con otros grupos humanitarios.
"Hay que tener mucha paciencia" para esperar a que se pronuncie la justicia, pues no hay que apurar los tiempos", recomendó tras expresar confianza en que la causa sobre la desaparición de su hijo ahora cobre mayor impulso.
Esta mujer además debió soportar en 1995 la confesión del ex sargento Víctor Ibañez, en un programa de televisión, de su supuesto arrepentimiento por haber arrojado al Río de la Plata a algunos prisioneros, entre ellos a Luis Steimberg.
"Fue horrible, ese genocida pretendía pedirnos perdón", recordó Steimberg, quien agregó que al menos desde ese día tiene una tumba para su hijo.
Las leyes ahora anuladas por el Congreso habían frenado los juicios en los que estaban involucrados unos 2.500 militares que actuaron en la represión dictatorial.
La ley de Punto Final había sido sancionada en 1986 bajo la presión militar para que se acotara a 60 días el plazo para que los jueces convocaran a militares a declarar en causas por violación de los derechos humanos.
El gobierno de entonces de Raúl Alfonsín (1983-1989) había impulsado hasta ese momento el juicio que llevó a la condena de los ex jefes de la dictadura, la mayoría de ellos a prisión perpetua.
Debido a que esta norma no tuvo todo el efecto buscado, pues los jueces se apresuraron a convocar a los militares acusados, se aprobó la llamada ley de Obediencia Debida, en medio de un levantamiento militar.
Esta última norma estableció que los subordinados que actuaron en la represión ilegal lo hicieron obedeciendo órdenes de sus superiores.
