AMBIENTE-PORTUGAL: Fuego impiadoso

Un total de 162.000 hectáreas de bosques y campos de pastoreo ardieron en Portugal desde enero, 133.000 de ellas en las dos últimas semanas, informaron este viernes las autoridades.

Se trata de la peor tragedia ambiental de este país europeo desde mediados del siglo XX. El calor extremo, la imprevisión estatal y actos criminales formaron el cóctel incendiario. De todos modos, las autoridades aseguraron que la situación mejoró mucho entre el jueves y este viernes.

Portugal es el país más dañado en la actual ola europea de incendios, por la proporción de la superficie quemada en el territorio nacional, de 89.000 kilómetros cuadrados.

Aún continúan fuegos activos en cuatro de los 18 distritos del país, con un total de 416 incendios en las comarcas de Castelo Branco, Leiria, Guarda y Santarem, todos en el centro del país.

Con el hallazgo en la madrugada de este viernes del cadáver carbonizado de una mujer, empleada de un asilo de ancianos, el saldo de la ola de incendios desde su inicio el 29 de julio es de 15 muertos. El fuego causó, además, pérdidas económicas estimadas en 550 millones de euros.

El fuego también se cobró las vidas de dos ciudadanos chilenos, miembros de una brigada especial aerotransportada que se encontraban en el país para especializar a bomberos portugueses en el combate a incendios forestales.

En el combate al fuego participan 3.600 compañias de bomberos y dos regimientos de soldados, que suman 13.843 hombres.

Entre el 1 de enero y el 27 de julio, los incendios forestales habían quemado 26.372 hectáreas de bosques, en especial de pinos y eucaliptos.

El fuego proliferó por las altas temperaturas, las mayores en casi 100 años. Las máximas, de 47,3 grados, se registraron en la localidad meridional de Ameralejo, y las mínimas, de 37,3, en las septentrionales Oporto y Viana do Castelo.

Los incendios destruyeron 700 kilómetros de la red eléctrica y 70 kilómetros de cable de fibra óptica, por lo cual 800.000 personas quedaron sin luz y 11.000 sin teléfonos.

El mayor perjuicio económico es la pérdida de exportaciones de corteza de alcornoque para la produccion de corcho, producto del cual Portugal representa 67,3 por ciento de la producción mundial, según el Instituto de Comercio Exterior de este país.

Ademas de estas pérdidas ya calculadas, la Dirección General Forestal (DGF) estimó que será necesaria una inversión mínima de 150 millones de euros en la reforestación de las áreas quemadas en 15 de los 18 distritos del país.

El gobierno decretó el lunes el estado de calamidad pública y puso 50 millones de euros a disposición de los damnificados.

Esa medida obliga a la Unión Europea (UE) a prestar asistencia para mitigar el desastre, de acuerdo a los convenios comunitarios vigentes. Pero hasta el martes sólo Italia había acudido al pedido de socorro, con el envío de dos aviones.

La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE, respondió el martes, anunciando el envío de dos helicópteros alemanes y cuatro aviones, dos de España y dos de Grecia.

Pero en los diez días que duró la tragedia, Portugal solo contó con la asistencia italiana y la de Marruecos, que la semana pasada despachó cinco aviones contra incendio.

Los llamados de Lisboa tampoco encontraron eco en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con aviones de gran porte para este tipo de operativos.

La alianza atlántica no ha contestado, y según dijo a IPS el político José Falcao, dirigente del opositor Bloque de Izquierda, ”si la OTAN envía aviones ahora, será para echar agua en las cenizas”.

El aumento de los incendios en Portugal es resultado de la ausencia de una política de prevención, estimó la Asociación Nacional de Conservación de la Naturaleza, Quercus.

Según Quercus, ”esto ocurre por el abandono de los bosques y la falta de medidas de prevención”.

”En casi un tercio del territorio portugués existe un muy elevado riesgo de incendio”, advirtió el jueves el presidente de la asociación ambientalista, Hélder Spínola.

Según datos de Quercus, el área forestal portuguesa constituye 38 por ciento del territorio nacional, genera 2.759 millones de euros en exportaciones y da empleo a 3,3 por ciento de la población activa del país.

Muchos portugueses señalan que detrás de gran parte de los incendios se esconden manos criminales movidas por grandes intereses económicos.

La Policia Judicial (PJ) informó el jueves sobre el arresto de dos supuestos incendiarios, un hombre de 28 años y una mujer de 76, con antecedentes de piromanía, lo cual elevó a 35 la cantidad de detenidos en las últimas dos semanas.

El jueves habían sido detenidos otros siete, en una acción que el director de la PJ, Adelino Salvado, calificó de ”la mayor operación” para captura de criminales. ”Todas las estructuras de la PJ están empeñadas en esta actividad”, sostuvo.

Pero Salvado declinó confirmar acusaciones de las poblaciones afectadas contra empresas a las que responsabilizan de causar incendios con el propósito de aumentar sus lucros.

Mientras, analistas, ambientalistas y la prensa han comenzado a identificar a responsables del desastre.

El primero en la fila es el conservador primer ministro José Manuel Durao Barroso, seguido por el ministro del Interior, Antonio Figueiredo Lópes.

A inicios de este verano boreal, el gobierno anunció la reorganización de la Comisión Nacional Especializada de Fuegos Forestales (CNEFF).

Esa reorganización no es otra cosa que ”un eufemismo para la extinción”, dijo el jueves a la prensa el ahora exonerado coordinador de la CNEFF, Francisco Rego, vicepresidente del Instituto Forestal Europeo.

”El problema principal es la falta de planificación y de funcionarios calificados en prevención de incendios”, explicó Rego, recordando que Durao Barroso ordenó la reducción de 25 por ciento del presupuesto para el servicio nacional de bomberos.

La prensa, incluidos los medios progubernamentales, también señala al gobierno conservador, al que ha acusado de privatizar servicios que deberían seguir siendo públicos.

Y por tanto, las sospechas recaen en las empresas privadas de aviación para combate de incendios forestales, que reemplazaron a las Fuerzas Armadas en esa función, pues la proliferación de incendios incrementa su actividad y sus ganancias.

Los intermediarios en la venta de maderas también son señalados, pues los propietarios de bosques quemados venden en su desesperación la leña a cualquier precio, pero éste no baja en el mercado.

Sin embargo, si hubiera detrás de los incendios un negocio jugoso, ese sería el de las empresas constructoras dedicadas a edificar barrios privados para vacaciones en regiones montañosas.

Aunque la ley estipula que no se puede construir en áreas quemadas durante los diez años siguientes al siniestro, la falta de datos actualizados en los sistemas informáticos del Estado hace relativamente fácil para los constructores eludir las normas y obtener los permisos municipales.

Pero aún no se han comprobado vínculos entre los presuntos autores materiales de los fuegos y esos posibles intereses económicos.

La mayoría de los incendiarios son personas mentalmente desequilibradas, según estudios psiquiátricos efectuados por la PJ en las cárceles y ahora difundidos.

Entre 75 incendiarios presos entrevistados para un estudio, ”comprobamos que en su gran mayoría son jóvenes con conflictos relacionados con impotencia sexual”, explicó un médico de la policía.