El gobierno de Venezuela y activistas humanitarios calificaron de atentado contra la libre expresión la clausura de una estación de televisión comunitaria por orden de la alcaldía metropolitana, en manos de la oposición al presidente Hugo Chávez.
Catia TV, emisora comunitaria de las barriadas obreras del oeste de Caracas, fue cerrada por el alcalde Alfredo Peña, sin procedimiento judicial o administrativo previo.
El cierre fue sorpresivo, sin que mediase intimación de desalojo o una orden cualquiera de algún tribunal, y además sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público u otra forma de que ejerciéramos un derecho a la defensa, dijo a IPS el director de Catia TV, Ricardo Márquez.
La emisora comunitaria funciona en el quinto piso del hospital de Lídice, una barriada en la Gran Catia u oeste capitalino, que tiene casi un millón de habitantes, en su mayoría trabajadores.
Peña sustentó su decisión en que la medida había sido pedida por personal del centro administrado por la Alcaldía Mayor, porque hacía un año que no funcionaba, pero la dirección de Salud municipal señaló que fue porque perturbaba la actividad médica.
Venezuela asiste desde hace dos años a una fuerte debate entre Chávez y los grandes medios de comunicación privados, sobre todo de las empresas de televisión, que denuncian presiones del gobierno para silenciarlas, algo que hasta ahora no ha ocurrido.
La oposición ha cerrado filas en defensa de esas empresas privadas, incluido grandes marchas callejeras, pero paradójicamente es desde ese lugar de donde ha salido ahora una medida concreta y directa contra un medio de comunicación.
Para mayor paradoja, el alcalde mayor de Caracas es un ex reportero que dirigió por varios años el diario El Nacional y un programa de opinión en televisión consagrado a denuncias de corrupción y a la defensa de las libertades, titulado Peñonazos de Peña.
Peña ganó en diciembre de 2000 la alcaldía mayor de Caracas con apoyo del gobernante Movimiento V República (MVR), pero a lo largo del año siguiente tomó progresivamente distancia del oficialismo hasta ubicarse como uno de los principales líderes del bloque opositor que intenta desalojar del poder a Chávez.
Funcionarios de la alcaldía mayor cerraron con aldabas y candados nuestras instalaciones el 10 de este mes, y nos impidieron el acceso a estudios, antena, master y equipos de transmisiones, explicó Márquez.
Por su parte, la presidenta de Catia TV, Blanca Eekhout, comentó que el cierre es una trasgresión flagrante a la libertad de expresión de una comunidad que elabora y transmite sus propios programas desde hace año y medio, y recuerda los ataques a medios comunitarios durante la dictadura de Pedro Carmona.
Carmona fue el líder de Fedecámaras, la principal asociación empresarial de Venezuela, que fuera designado presidente el 12 de abril de 2002 por los militares que desalojaran por dos días del gobierno a Chávez, quien fuera repuesto en su cargo por oficiales leales y miles de civiles.
Entre esos civiles que marcharon entonces hacia el palacio de gobierno, muchos eran precisamente de Catia.
Durante el efímero gobierno de Carmona fue cerrada la estatal Venezolana de Televisión y las emisoras privadas se abstuvieron de transmitir el alzamiento popular del día 13, lo cual recuerdan con insistencia portavoces del oficialismo como muestra de que quien más viola la libertad de expresión es la oposición.
La organización Reporteros Sin Fronteras (RPS) pidió desde su sede en París que Peña explique las razones del cierre de Catia TV.
Cualesquiera que sean, le recordamos que no pueden justificar el fin de la programación de este medio de comunicación, dijo en una declaración su secretario general (RPS), Robert Menard.
También Provea, una de las principales organizaciones humanitarias del país, calificó el cierre de privación de los derechos de libertad de expresión e información consagrados en la Constitución, y exigió al ayuntamiento una pronta restitución de las garantías lesionadas.
La Asociación de Medios Comunitarios se sumó a la demanda y declaró que el alcalde Peña priva a las comunidades populares del oeste de Caracas del derecho a informarse y expresarse de manera independiente.
Quien ha cerrado un medio no es el presidente Chávez, sino uno de sus más feroces opositores, resaltó.
Mientras, Peña se defendió indicando que la comunidad médica, enfermeras y empleados solicitaron que esa emisora desocupara sus instalaciones. La televisora tenía un año sin funcionar y lo que se hizo fue colocar cadenas y candados para resguardar los equipos.
Toda mi vida, durante más de 30 años de ejercicio del periodismo, he luchado por la libertad de expresión y jamás atentaría contra ella, agregó Peña.
Pero el director de Salud de la alcaldía, el ginecólogo Pedro Aristimuño, dijo que la instalación fue cerrada porque el ruido y el acceso de personas extrañas al hospital es un agente perturbador de las actividades normales de un hospital.
Catia TV transmitía en promedio cinco o seis horas diarias, cada tarde, sobre todo programas hechos por la propia comunidad. No es cierto que estuviésemos inactivos y lo demuestran la declaración de Aristimuño y las expresiones de solidaridad que recibimos desde distintos barrios de Catia, replicó Márquez.
Es un poco extraño que una televisora funcione en un hospital, pero fue la actual administración de la alcaldía la que dio los permisos, y si no les parecía adecuado han podido negociar un acuerdo, pero no proceder al cierre, dijo a IPS Olga Dragnic, del capítulo venezolano del no gubernamental Observatorio Mundial de Medios.
Eekhout explicó que la televisora se instaló en el hospital porque ha hecho parte de la relación entre los usuarios de ese centro y la comunidad. También torneos comunitarios de fútbol se han hecho en los campos del hospital.
En cualquier caso, es un evidente atentado a la libertad de expresión, opinó Dragnic.
No se trata de censura previa, de presiones, multas o amenazas, sino de la medida más extrema, el cierre de la instalación, apuntó.
Parlamentarios oficialistas plantearon en la Asamblea Nacional un debate sobre el cierre de Catia TV. Le quitaron una voz a los vecinos. Lamento que sea un periodista quien haga esto, dijo Desirée Santos, diputada del MVR y directiva del Colegio de Periodistas, al pedir una interpelación del alcalde Peña.
Por su parte, el ministro de Información, Jesse Chacón, anunció que el gobierno acompañará a los responsables de Catia TV en sus denuncias ante organismos nacionales e internacionales, y ordenó investigaciones para determinar si el abrupto cierre violó la Ley de Telecomunicaciones.
