TRABAJO-COLOMBIA: Sindicatos en alerta rojo ante recorte estatal

La reestructura del área estatal de Colombia, que incluye la eliminación de 47.000 puestos de trabajo, puso a los sindicatos en alerta rojo ante lo que entienden es una «masacre laboral» para allanar el camino a las privatizaciones.

El gobierno derechista de Alvaro Uribe espera ahorrar en los próximos tres años el equivalente de unos 780 millones de dólares con el recorte de personal en marcha en ministerios, empresas públicas y otras unidades administrativas.

El balance de la primera fase de implementación del plan, divulgado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), indica que fueron modificadas las estructuras de 41 de las 300 entidades públicas en la mira.

En esta etapa inicial de la reestructuración, encarada por Uribe gracias a las facultades extraordinarias que le aprobó el Congreso legislativo, ya fueron despedidos 16.000 empleados, la mayoría de ellos de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), informó el director del DNP, Santiago Montenegro.

Pero el fiscal nacional del sindicato de Telecom, Carlos Cely, se manifestó convencido ante IPS de que "la intención del gobierno detrás de la liquidación de esta compañía es entregar a las multinacionales el negocio de las telecomunicaciones".

También el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Rodríguez, entiende que este proceso está encaminado además a cumplir con el compromiso adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de reducir el alto déficit fiscal.

Colombia finalizó 2002 con déficit fiscal de 3,6 por ciento del producto interno bruto y la meta es bajarlo a 2,5 por ciento o menos.

El gobierno de Uribe logró el año pasado que el FMI le ratificara un crédito de contingencia por 2.700 millones de dólares a cambio de llevar a cabo una serie de reformas que, según el profesor de la estatal Universidad Nacional César Giraldo, afectan directamente a "amplios grupos sociales.

Entre estas reformas están nuevos impuestos, la reestructuración de la administración pública y el cambio del régimen laboral y de pensiones.

Para confrontar la arremetida del gobierno, los sindicatos crearon un comité de protesta que programa una movilización masiva y una huelga nacional para una fecha aún no definida.

El proceso va a continuar con una segunda fase, que incluye recortes en el Ministerio de Defensa, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y varias superintendencias, todo lo cual puede sumar al finalizar el programa la merma de más de 47.000 funcionarios.

La reestructuración se lanzó a comienzos de este año en entidades como el SENA, responsable de planes de capacitación de mano de obra para el sector privado, donde se dejaron de renovar 3.400 contratos de trabajo.

En esa repartición estatal 15 de cada 20 empleados están dedicados a trabajo administrativo y de apoyo "y sólo cinco son capacitadores", explicó Montenegro.

"La idea es elevar esos cinco que están en capacitación a 18 y medio y que sólo uno y medio por cada 20 trabajadores esté en áreas de administración y de apoyo", agregó.

Por su parte, la directora del Programa de Renovación Pública del DNP, Claudia Jiménez, retrucó las críticas sindicales al rechazar la expresión de "masacre laboral", pues según dijo casi 30.000 puestos de trabajo de los que se suprimirán corresponden a personas que se jubilarán.

Los cambios en el Estado se profundizaron a fines de junio, cuando Uribe anunció de modo sorpresivo la liquidación de Telecom, para crear una nueva empresa con capital privado, y la implementación de reformas en la Empresa Colombiana de Petróleo (Ecopetrol) y en el Instituto del Seguro Social (ISS).

El objetivo del plan gubernamental es hacer más eficientes las empresas del Estado y no privatizarlas, dijo a IPS un portavoz de Telecom, cuyos trabajadores presentan una fuerte organización sindical.

Telecom contaba con 10.000 trabajadores y la nueva empresa, denominada Colombia Telecomunicaciones, sólo tendrá 2.000 de planta, a los que se le sumarán 3.000 vinculados por contratos con terceros.

El mismo argumento oficial sustenta los cambios en el ISS, prestador de servicios de salud y pensiones para trabajadores privados y estatales y que, al igual que Telecom, entró en proceso de bancarrota por la feroz competencia privada que arreció en la década del 90.

Para el ISS, que acumuló un déficit de casi 600 millones de dólares, el gobierno implementó la división de las prestaciones de salud en siete empresas y también se reestructurará el área de pensiones.

Esa situación de deterioro, en cambio, no se manifiesta en la tercera firma estatal en discordia Ecopetrol, pues es una de las empresas más rentables de Colombia.

Sin embargo, el gobierno de Uribe se decidió a aplicar el bisturí también aquí, según indicaron portavoces del sector, para frenar el derroche de recursos en momentos en que la producción petrolera ha descendido de 800.000 barriles diarios a 540.000.

Para Alvaro Calle, despedido de Telecom, el cierre de la empresa fue también el final de un sueño que trataba de realizar desde hace cuatro años.

En tanto, Martín, de 24 años, dijo a IPS que por falta de recursos para iniciar una carrera universitaria se matriculó en una escuela tecnológica de comunicaciones con el objetivo de ingresar luego a Telecom y reunir dinero para la universidad donde quería estudiar ingeniería.

El año pasado logró su propósito, entró como operador de una central de datos con un sueldo de 350 dólares, el equivalente a dos y medio salarios mínimos.

"Ahora lo único que me queda es esperar hasta recibir la indemnización por el despido para poner un pequeño negocio de algo, pero todavía no se me ocurre nada", afirmó el joven.

Los trabajadores despedidos reciben el salario equivalente a 45 días por el primer año que permanecieron en la empresa y 15 días por cada uno de los que le siguieron.

El presidente de Colombia Telecomunicaciones, Alfonso Gómez, señaló que para los trabajadores es muy duro "entender que se acabó la empresa (estatal), pero hay que ser responsables" y el objetivo es optimizar las operaciones.

El usuario no se va a ver afectado en la prestación del servicio y va a sentir que "renace una nueva compañía competitiva y activa en el mercado de las telecomunicaciones", añadió.

Pero si bien el gobierno afirma que el objetivo es hacer empresas rentables y eficientes, para los trabajadores la intención de la reestructuración es allanar el camino para las privatizaciones.

Lo que más ha molestado a los trabajadores en este proceso es la falta de concertación. "Nosotros presentamos un diagnóstico y una propuesta para el salvamento de la empresa y el gobierno nunca nos respondió", precisó a IPS Cely.

En opinión de este dirigente sindical de Telecom, Uribe recibe "con todo el despliegue a los guerrilleros o paramilitares en su despacho, mientras a los trabajadores los sacan a las patadas".

En este conflicto hasta las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia manifestaron "su irrestricta solidaridad de clase con el movimiento obrero y sus justas luchas".

El gobierno ha tomado esas medidas para "cumplir las exigencias del FMI y del Banco Mundial", y con ello asegurar nuevos préstamos para profundizar la guerra civil, señalaron.

Las FARC insisten en el comunicado en su propuesta de conformar "un nuevo gobierno, pluralista, patriótico y democrático", en el que participen todos los demócratas, bolivarianos, la izquierda en todas sus corrientes, el movimiento popular, sindical, agrario y el movimiento social en general. ***** + Presidencia de Colombia (http://presidencia.gov.co/) + FARC (http://www.farcep.org/)

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