– Detrás de las expresiones de apoyo al gobierno de Colombia en una reunión internacional celebrada en Londres se esconde una fuerte advertencia a Bogotá para que haga respetar los derechos humanos, según Amnistía Internacional.
En el último año, la actual administración (del presidente Alvaro Uribe) ha implementado políticas contrarias a esa recomendación, que garantizan impunidad a funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos, dijo a IPS Peter Drury, de Amnistía Internacional.
El grupo de apoyo a Colombia que se reunió la semana pasada por convocatoria del gobierno británico incluyó a representantes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, la propia Colombia, Estados Unidos, Japón, México, Noruega, Suiza y la Comisión Europea.
También participaron delegados de la Corporación Andina de Fomento, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El grupo expresó un fuerte apoyo político al gobierno de Colombia en sus esfuerzos por combatir las amenazas a la democracia, el terrorismo, las drogas ilegales, las violaciones a los derechos humanos y al derecho humanitario internacional, y la grave crisis humanitaria.
Por otra parte, manifestó profunda preocupación por la crisis humanitaria en Colombia y, en especial, por la apremiante situación de los desplazados internos, y pidió a Bogotá acciones efectivas contra la impunidad y la colusión, especialmente con los grupos paramilitares.
Asimismo, la comunidad internacional urgió al gobierno colombiano a cumplir sin demora las recomendaciones que la ONU le realizó en materia de derechos humanos.
La situación de los derechos humanos en Colombia es la peor de América Latina. Las ejecuciones extra-judiciales, la tortura, las desapariciones, las violaciones contra niños e indígenas han alcanzado en los últimos años proporciones epidémicas.
Funcionarios de Bogotá interpretaron la declaración de Londres como un espaldarazo, pero Amnistía opinó que se trata de una advertencia formulada con diplomacia.
En especial, Amnistía está preocupada por la reinvención de fuerzas paramilitares, una política que elimina la distinción entre combatientes y civiles, dijo Drury.
Esta crítica hace referencia al programa de seguridad democrática de Uribe y medidas, como las llamadas zonas de rehabilitación y la red de informantes, dictadas en el marco de la declaración de conmoción interior, que habilitan a las fuerzas de seguridad a detener personas y allanar casas sin intervención judicial.
El último informe anual de Amnistía Internacional, en su capítulo sobre Colombia, aseguró que las medidas de seguridad del gobierno de Uribe exacerbaron el ciclo creciente de violencia política en Colombia.
Esta organización humanitaria con sede en Londres también sostuvo que la ruptura de las conversaciones de paz en febrero del año pasado entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), intensificaron la crisis de derechos humanos.
La población civil siguió siendo la principal víctima de las violaciones de derechos humanos perpetradas tanto por el ejército, con sus aliados paramilitares, como por los grupos armados de oposición, cuestionó Amnistía.
El informe sostiene que en los primeros nueve meses de 2002 se registraron en Colombia más de 500 desapariciones de personas, 4.000 civiles muertos por motivos políticos y unos 350.000 desplazados de sus hogares, además de 2.700 secuestradas por la guerrilla o paramilitares.
También agrega que el actual gobierno, en el marco de su política de seguridad democrática, implicó aún más a la población civil en el conflicto armado mediante la creación de una red de un millón de informantes civiles, que se espera colaboren con las fuerzas de seguridad.
Esta semana, el gobierno de Uribe y las paramilitares y derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) firmaron un acuerdo en que éstas se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará a finales de este año y finalizará a más tardar el 31 de diciembre de 2005.
Por su parte, el gobierno se comprometió a realizar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.
Los paramilitares de derecha surgieron en Colombia en los años 70 para hacer frente a los grupos guerrilleros izquierdistas, con apoyo de hacendados y del Ejército, pero en 1989 fueron declarados ilegales por sus vínculos con el narcotráfico y sus asesinatos de campesinos, sindicalistas y otros activistas sociales.
Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, los paramilitares han sido responsables de más de 70 por ciento de las masacres de civiles cometidas en el marco del conflicto colombiano en la última década.
El grupo de apoyo reunido en Londres no realizó ningún compromiso económico concreto para el Plan Colombia adoptado en 1999 por el entonces presidente Andrés Pastrana, llamado oficialmente Plan por la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado.
El plan requiere una inversión de 7.500 millones de dólares, de los cuales 3.500 millones deben ser aportados por la comunidad internacional, y uno de sus principales objetivos es fortalecer, equipar y entrenar al ejército colombiano para combatir el narcotráfico.
Estados Unidos es el principal impulsor y financiador del Plan Colombia.
Los donantes temen que la entrega de ayuda económica a Colombia sea interpretada como una luz verde para que todo continúe como hasta ahora en ese país, señaló Drury.
En vista de las preocupaciones expresadas en la declaración de Londres, Amnistía reclamará la presencia de la sociedad civil en zonas de conflicto, y que sindicalistas y activistas preocupados por los derechos humanos tengan una efectiva participación en los actuales procesos, anunció Drury.
Amnistía y otras organizaciones planean aprovechar el contenido de la declaración para llamar la atención hacia el uso de la ayuda militar de Estados Unidos y otros países. Los grupos sostienen que muchos receptores de esa ayuda han estado implicados en violaciones a los derechos humanos.
Varios gobiernos y agencias internacionales que participaron en la reunión de apoyo también tienen pensado establecer sus propios sistemas de seguimiento en Colombia.
