Los insurgentes en Colombia ya no combaten por ideales como en el pasado sino por porciones de terreno para el narcotráfico, según el presidente de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Jorge Aníbal Gómez Gallego.
El magistrado, quien realizó una visita oficial a Israel al frente de una delegación de juristas, dijo también en entrevista a IPS que ?no hay peor ni mejor terrorismo?, pues más allá de que ?sea por política o por narcotráfico? sólo causa ?muerte, atraso y destrucción?.
Además, se pronunció categóricamente a favor de la Corte Penal Internacional (CPI), un instrumento para globalizar la justicia en busca de erradicar ?la impunidad y evitar que los derechos básicos del hombre sean confiscados?.
Si bien ?no todas las naciones han adherido a la CPI por consideraciones políticas?, es seguro que ?no querrán ver a sus connacionales sometidos a un tribunal extranjero?, apuntó Gómez Gallego, uno de los muchos jueces en la mira por defender la independencia y la imparcialidad.
Precisamente, Colombia fue uno de los países parte de la CPI a los que Washington suspendió la ayuda militar por negarse a suscribir un acuerdo bilateral que exima a los estadounidenses de la jurisdicción de ese tribunal internacional, creado para juzgar genocidios y crímenes de guerra y contra la humanidad.
La medida afectará en particular a países de Europa Central, de Africa subsahariana y de América Latina, como Colombia, tercer receptor de asistencia militar de Estados Unidos, detrás de Israel y Egipto.
—Usted encabezó una delegación poco común de jueces y otros especialistas en derecho de Colombia, un país azotado por una guerra civil que incluye acciones terroristas, en visita a Israel, que también es blanco de ataques de ese tipo por parte de organizaciones palestinas. En Israel se dice que el terrorismo no es una amenaza para la existencia del país, pero altera la normalidad de la vida cotidiana e infunde miedo. ¿Cuál es la meta de quienes perpetran ataques en Colombia?
—Pienso que pretenden cambiar el gobierno por la vía de la violencia, pero esa es una meta muy difícil de alcanzar. Hace aproximadamente 40 años que vivimos la violencia y la situación no cambia. Es más, ya no se lucha por ideales, no es la guerrilla política y de ideales marxistas leninistas como en otras épocas sino un problema de narcotráfico y de posesión de tierras para la producción. Creo que en este punto es muy distinto a la violencia en Medio Oriente, donde sí hay causas políticas y en cierto sentido también religiosas.
—¿Existen terrorismos de distinto tipo?
—El terrorismo es uno solo, no puede ser de mejor o peor familia y no puede tener causas que lo justifiquen, ni siquiera que lo expliquen. El terrorismo es eso, es daño, muerte, atraso, destrucción de un país. Para mí es intrascendente si surge por razones políticas, económicas o sociales, pues todo converge hacia una misma cosa, como es la muerte y eso es lo que lo identifica.
—Entre los más amenazados por la violencia política en Colombia están los miembros del Poder Judicial.
—Esa es otra particularidad que lo distingue del terrorismo que sufre Israel. Los atentados en nuestro país no son sólo contra el gobierno o los militares sino también contra los jueces. Recordará que en 1995 fue incendiado el Palacio de Justicia, en Bogotá, donde perecieron más de la tercera parte de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y más de 100 personas que estaban en el lugar en el momento del ataque. Antes y después de eso también hubo atentados contra jueces y fiscales, fueron asesinados un procurador de la Nación y un ministro de Justicia. Cuatro compañeros míos del mismo tribunal fueron muertos por la mafia del narcotráfico y todos los sobrevivientes temíamos ser los próximos.
—¿Ha sentido temor alguna vez?
—Si, quien no haya sentido miedo no es un ser muy racional que digamos. El problema no es sentir temor sino claudicar ante él y eso es lo que no hemos hecho ni vamos a hacer. Siempre nos hemos sobrepuesto a eso y cumpliremos nuestro deber a pesar de las amenazas, de todo el riesgo y del peligro que podamos correr. Por esa razón fue que murieron nuestros compañeros, porque no cedieron. Es imperioso garantizar la independencia e imparcialidad de los jueces, brindándoles seguridad personal.
—¿Se puede decir que en Colombia rige en forma absoluta el estado de derecho?
—Creo que sí. En mi país se preservan y se cuidan mucho las instituciones jurídicas, además de que hay libertad y por eso es que estamos en esta lucha para tratar de evitar la violación de los derechos humanos entre los actores del conflicto armado interno. Hay muchos problemas de un lado y del otro, tanto en la extrema derecha (paramilitares) como en la extrema izquierda (insurgentes). Por eso hay que ser severo con unos y con otros, sin tomar partido por ninguno y siempre para establecer el orden jurídico y preservar el estado de derecho. Entiendo que eso se cumple en Colombia, sin ignorar y negar que se presentan ataques contra los derechos fundamentales del hombre, pero no como una política del Estado. Por el contrario. El Estado está empeñado en mostrarle al mundo que, pese a un conflicto tan difícil como el que afrontamos, se lucha para restablecer el orden en base al respeto de esos derechos.
—¿Cree que la Corte Penal Internacional (CPI) puede cumplir algún papel en relación a la guerra civil colombiana?
—Colombia ya adhirió a la CPI, pero, como su jurisdicción abarca aquellos casos en los que el país miembro no hace justicia, espero que no se vea la necesidad de que opere ese tribunal. Que sea nuestra propia justicia la que se ocupe de todos los casos.
—¿Está de acuerdo con la instalación de la CPI?
—La tendencia es a la globalización en todos los órdenes, así que también la justicia debe seguir ese rumbo. La justicia no debe ser preocupación de un solo país y, cuando hablamos de los derechos humanos, somos todos parte de la misma humanidad, de modo que me parece bien que exista un tribunal de acuerdo entre los propios Estados, para que sancione el cuidado y garantice el respeto a los derechos fundamentales del individuo. Si el fin es que no haya impunidad, que los derechos del hombre no sean confiscados o que quien los viole pague por ello, está bien. Yo estoy de acuerdo con ello y es parte de la globalización, que al menos en este punto me parece bien interesante que se haya logrado.
—¿Ese tribunal instalado hace un año en La Haya tiene bases suficientemente sólidas como para convertirse en el instrumento mediante el cual se logre la justicia universal?
—Creo que es la mejor manera de buscar entre todos los países que no queden impunes las violaciones de los derechos humanos. Si bien no todas las naciones han adherido a él, o han tenido reservas por consideraciones políticas, no querrán ver que sus connacionales se vean sometidos a un tribunal extranjero. Por eso es importante que sea un marco apoyado por numerosos estados.
—¿Cuál es el mayor problema que afronta hoy la justicia en América Latina?
—Sin lugar a dudas, la necesidad de garantizar la independencia. La justicia tiene que tener esa cualidad, es decir que no puede servir a ningún régimen sino estar siempre en defensa de los derechos de todos por igual. Cuando se trata de sesgar la justicia se está atacando su valor más importante, su imparcialidad.
—¿La justicia es independiente en la actualidad en todos los países democráticos de América Latina?
—Hasta donde yo conozco, sí. Ha habido lunares, pero pienso que en la gran mayoría de los países latinoamericanos hay independencia judicial. ***** + Rama judicial de Colombia (http://www.ramajudicial.gov.co/) + Corte Penal Internacional, en inglés y en francés (http://www.icc-cpi.int/php/index.php)
