El gobierno de Colombia pidió este miércoles cooperación de la comunidad internacional y los empresarios para la acordada y gradual desmovilización de la mayoría de los paramilitares de derecha, que se prevé concluir en 2005.
La negociación oficializada el martes con el sector mayoritario de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tendrá altos costos económicos si es exitosa, y los recursos estatales son escasos, explicó el alto comisionado para la paz (designado por el gobierno), Luis Restrepo.
Confiamos en que sea la comunidad internacional la que nos dé la mano y nos apoye en este proceso de reinserción, dijo a la radioemisora Caracol.
El gubernamental Programa de Reinserción calcula que para desmovilizar a 1.000 alzados en armas se requieren cerca de 7,1 millones de dólares anuales, o sea que para unos 13.000 combatientes de las AUC harían falta más 92 millones de dólares, destacó Restrepo, escritor y psiquiatra.
El comisionado, firmante del acuerdo en representación del gobierno, dijo que según lo previsto, el proceso de desmovilización se iniciará dentro de unos tres meses y será gradual.
Al comienzo, los paramilitares se concentrarán con sus armas en sitios previamente acordados, que básicamente corresponderán a las zonas donde operan los frentes, informó.
Hay que entender que estas personas que han estado tanto tiempo en la guerra también tienen muchos temores, que surgen al tener abandonar amplios territorios en los que han sido amos y señores, para concentrarse en espacios reducidos, apuntó Restrepo.
Habrá que buscar los sitios más seguros, donde sea posible brindar a los desmovilizados protección de la fuerza pública, añadió.
El gobierno y las AUC anunciaron en un comunicado conjunto la firma, tras siete meses de contactos, de un acuerdo de 10 puntos en el que los paramilitares se comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzará a finales de este año y finalizará a más tardar el 31 de diciembre del 2005.
Por su parte, el gobierno se comprometió a realizar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil.
Las AUC reiteraron su compromiso con el cese del fuego unilateral que iniciaron en diciembre de 2002, y señalaron que perfeccionarán mecanismos para garantizarlo, pues se ha visto perjudicado por algunos hechos imprevistos que pusieron en riesgo las conversaciones con el gobierno.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos reconocen que un amplio grupo de paramilitares dejaron de atacar a guerrilleros izquierdistas y de realizar masacres (que definen como el asesinato simultáneo de más de cuatro personas en un mismo lugar), pero subrayan que en algunas regiones continuaron los asesinatos selectivos.
En el comunicado se anunció también que los comandantes de las AUC se comprometieron a respaldar la política estatal contra el negocio de la droga.
Las AUC comparten el propósito del gobierno de una Colombia sin narcotráfico y respaldan las acciones del Estado colombiano contra este fenómeno que destruye la democracia, la convivencia, la economía y el medio ambiente, se afirmó en el documento.
Estados Unidos tiene pedida la extradición de los dos máximos jefes de las AUC, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, acusados de tener vínculos con el narcotráfico. Ambos firmaron el acuerdo del martes.
Eso es una piedra en el zapato del proceso de negociación, dijo a IPS Luis Valencia, profesor de Ciencias Políticas de la privada Universidad Javeriana.
Para Valencia, lo importante del acuerdo es que el sector mayoritario de los paramilitares renuncia al combate contra la guerrilla lo que fue su razón de ser: el combate a la guerrilla y que respaldan al gobierno en su lucha contra el narcotráfico.
Pero está por verse cuál será la contrapartida que pidan, advirtió.
El gobierno de Estados Unidos está en su derecho al pedir las extradiciones, como el de Colombia tiene la potestad de decidir si las otorga, y lo pertinente sería que ambos llegaran a un acuerdo político, opinó el académico.
El abogado de Castaño, Camilo Guiza, afirmó este jueves que el hecho de que su defendido y Mancuso sean negociadores en el proceso que se inicia con el gobierno suspendería automáticamente el pedido de extradición que pesa sobre ellos.
Estados Unidos ha manifestado que apoya las negociaciones con las AUC, pero que una cosa es este proceso de desmovilización, y otra muy distinta la comparecencia ante la justicia de su país.
Este jueves, el presidente Alvaro Uribe afirmó que el tema de la extradición de Castaño y Mancuso será analizado con la comunidad internacional y con Estados Unidos.
El acuerdo fue firmado en la septentrional localidad de Santa Fe de Ralito por nueve bloques (unidades correspondientes a un territorio) de las AUC, que suman cerca de 13.000 combatientes, y quedaron por fuera otros cinco grandes bloques con cerca de 3.000 integrantes.
Esa división puede ser un importante obstáculo en el proceso de desmovilización, en opinión de Camilo Castellanos, del Instituto Latinoamericano de Asesorías Legales Alternativas.
Otro problema es el de la impunidad que pueden lograr los paramilitares si se aprueba un proyecto que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso, para otorgar libertad condicional a desmovilizados acusados de gravísimas violaciones de los derechos humanos, señaló.
La anunciada libertad condicional para los acusados de delitos atroces no presenta solución de fondo al problema de las víctimas y a la obligación que tiene el Estado de satisfacer sus demandas de justicia, y responde a las necesidades de las cúpulas de las AUC de encontrar una reinserción a la vida normal de la sociedad colombiana, sostuvo Castellanos.
El relator para Colombia de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, Robert Goldman, visitó Bogotá a comienzos de este mes y alertó en esa ocasión sobre los riesgos de una negociación que derive en impunidad, en referencia a eventuales acuerdos con las AUC.
Los paramilitares de derecha surgieron en Colombia en los años 70 para hacer frente a los grupos guerrilleros izquierdistas, con apoyo de hacendados y del Ejército, pero en 1989 fueron declarados ilegales por sus vínculos con el narcotráfico y sus asesinatos de sindicalistas y otros activistas sociales.
