Organizaciones sociales y sindicales conmemoraron este viernes el 32 aniversario de la nacionalización del cobre en Chile, con el reclamo de que las firmas privadas que hoy controlan 66 por ciento de la producción de este recurso natural paguen regalías.
La principal riqueza de Chile no sólo ha sido objeto de un proceso de desnacionalización, sino que además reporta a empresas transnacionales y a consorcios domésticos niveles de utilidad que no obtienen en ninguna otra parte del mundo, según el senador Jorge Lavandero, del cogobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC).
”Los chilenos debemos hacer valer lo nuestro y exigir a las transnacionales que paguen lo que corresponda”, dijo a IPS Gustavo Ruz, director del Comité de Defensa del Cobre, conformado por 50 organizaciones que recordaron la nacionalización con una ”Marcha por la Dignidad Nacional”.
El Congreso legislativo aprobó por unanimidad el 11 de julio de 1971 una reforma constitucional propuesta por el entonces presidente Salvador Allende (1970-1973), para traspasar al Estado todos los yacimientos de la llamada Gran Minería del Cobre, nacionalizados parcialmente bajo el anterior gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964-1970).
En esa época, las firmas estadounidenses Anaconda y Kennecott, antiguas propietarias de las minas, se unieron a la campaña de desestabilización económica del gobierno de Allende, luego de que éste resolviera descontar de los pagos indemnizatorios las utilidades excesivas que habían cosechado en décadas de explotación del cobre chileno.
La dictadura del general Augusto Pinochet, instalada con el cruento golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y que se extendió hasta 1990, no sólo pagó las indemnizaciones exigidas por las compañías, sino que además expidió en 1983 una norma que reabrió la actividad minera a la inversión privada con exenciones tributarias y otros estímulos especiales.
El cobre alcanzó altos precios en los mercados internacionales a comienzos de la década del 90, para llegar a cotizarse en 1995 a 133 centavos de dólar la libra (453 gramos), lo cual estimuló inversiones para desarrollo de yacimientos de firmas mineras transnacionales, en especial de Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, Sudáfrica y Corea.
Chile posee alrededor de 40 por ciento de las reservas mundiales de cobre y es el mayor exportador, con ventas que en 2002 ascendieron a casi 4,7 millones de toneladas, lo cual cubre 37 por ciento de la demanda, un porcentaje muy superior al de otros grandes productores, como China, Australia, Polonia, México, Perú y Zambia.
Gracias a la inversión externa, la producción chilena del metal aumentó en 1,9 millones de toneladas entre 1995 y 1999, señaló a IPS el economista Orlando Caputo, quien fuera alto funcionario de la estatal Corporación del Cobre (Codelco) durante el gobierno de Allende.
Se trata de un ”crecimiento empobrecedor”, porque en el mismo periodo el consumo de 140 países importadores aumentó sólo 1,3 millones de toneladas. Chile creó así un excedente que hizo bajar el precio de la libra a promedios en torno a los 70 centavos de dólar en los últimos años, agregó Caputo.
Codelco, que a comienzos de la década pasada cubría casi 70 por ciento de las entregas de cobre vio invertirse los términos y en la actualidad los dos tercios de la producción corresponden a privados, sobre todo a transnacionales, mientras el empresario chileno Andrónico Luksic controla 10 por ciento de la extracción.
La caída de precios redujo los aportes de Codelco al Estado de un promedio anual de 2.000 millones de dólares a comienzos de la década del 90 a 1.735 millones en 1990 y a sólo 344 millones en 2001, explicó Caputo.
Pero ese menor aporte de la corporación estatal no se ha visto compensado por las empresas privadas, que a fines de la pasada década pagaban impuestos por unos 100 millones de dólares al año y que en 2002 tributaron apenas 20 millones de dólares, según informes de la Tesorería General de la República.
”¿Cómo puede ser que empresarios cupreros que (entre 1990 y 2002) han vendido 37.988 millones de dólares pagaran sólo 1.700 millones en impuestos (en el mismo período)”, preguntó el senador Lavandero.
La explicación está en que las compañías privadas no sólo hacen usufructo de la legislación vigente desde 1982, sino que además eluden el pago de impuestos a las utilidades, que es de 40 por ciento para las compañías extranjeras, ocultando sus ganancias.
Según el periódico El Siglo, del Partido Comunista, las transnacionales ”sobreendeudan” a sus filiales en Chile desde sus casas matrices y así disfrazan las salidas de capital como remesas de pagos de préstamo, que pagan un impuesto de apenas cuatro por ciento.
Las irregularidades contables quedaron al desnudo en agosto de 2002 cuando la transnacional estadounidense Exxon inició una operación de venta de la mina chilena La Disputada, mediante una operación en las Islas Caimán.
El yacimiento, privatizado en 1978 por la dictadura de Pinochet, fue comprado por Exxon en 100 millones de dólares y nunca pagó impuestos, declarando pérdidas, pero lo vendió en 1.300 millones de dólares a la compañía sudafricana Anglo American, recurriendo a un paraíso tributario para así seguir eludiendo la tributación al Estado chileno.
El actual gobierno de Ricardo Lagos obligó a que la transacción se hiciera en Chile y ese episodio hizo que cobrara paulatinamente fuerza la idea de cobrar a las compañías mineras extranjeras una regalía o ”royalty”, similar al de otros países.
La regalía es un derecho que cobran los países, en este caso por la explotación de un recurso, como el minero, y cuyo monto es variable según la renta que obtenga la compañía, que en el caso de Chile es superior a la que se alcanza en otras naciones por el menor costo de producción.
Caputo postula que la regalía debería ser orden de los 20 centavos de dólar por libra de cobre, inferior así a la que se cobra en Canadá, del orden de los 30 centavos de dólar.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, admitió la posibilidad de instituir este cobro y la Cámara de Diputados creó un grupo de trabajo para investigar los montos de utilidades y la tributación de las 47 compañías mineras privadas que operan hoy en Chile.
Rafael Aldunate, representante de Codelco en Estados Unidos durante el régimen de Pinochet, rechazó la idea del ”royalty”, como un mecanismo que rompe las reglas del juego que atrajeron inversiones externas a la minería, y porque a su juicio es un impuesto expropiatorio que afecta la producción y con ello ”la posibilidad de producción de riqueza”.
La dirigente ecologista Sara Larraín remarcó que el ”royalty” no es un impuesto, sino un derecho de explotación o renta ”que deben pagar los que extraen cualquier mineral de un determinado territorio”. (
