Allá lejos, en la localidad de Brill, al oeste de Londres, hay un roble chileno plantado en memoria de Diana Arón por Luis Muñoz, el padre del hijo que Diana llevaba en su vientre cuando la desaparecieron para que no escribiera más, destaca el Colegio de Periodistas de Chile.
Reunidos en un congreso extraordinario en La Serena, una ciudad ubicada a 460 kilómetros al norte de Santiago, los periodistas chilenos rindieron homenaje a 23 colegas y nueve estudiantes de periodismo desaparecidos o asesinados tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Arón, a la que se refiere un folleto del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas para la reunión, tenía 24 años cuando fue secuestrada el 18 de noviembre de 1974 por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de los cuatro primeros años de la dictadura del general Augusto Pinochet.
El roble que plantó Luis en Londres en memoria de Diana, forma parte del Proyecto Internacional de Derechos Humanos, que contempla plantar un árbol nativo por cada detenido desaparecido y ejecutado político en ciudades de Europa, América y Australia, dijo a IPS la presidenta del Departamento de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas, Lucía Sepúlveda.
Arón era al ser secuestrada redactora de El Rebelde, el periódico del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) que se editaba en la clandestinidad.
El brigadier retirado del ejército Miguel Krasnoff, jefe del comando especializado en la represión del MIR que detuvo a Arón, reapareció a la luz pública el 6 de julio en una entrevista al diario El Mercurio.
En ese reportaje Krasnoff afirmó que cumplía sólo labores de analista en la DINA y que son falsos los cargos de torturador y homicida que se le imputan.
Krasnoff, un hijo de rusos refugiados en Austria tras la revolución bolchevique de 1917, torturó a la joven embarazada y la insultaba por su condición de judía y marxista, de acuerdo al testimonio que Marcia Merino, militante del MIR convertida por la DINA en delatora, entregó a la periodista Nancy Guzmán.
Treinta años después del cruento derrocamiento del gobierno de Salvador Allende el de periodistas es uno de tantos sindicatos que reclaman no sólo verdad y justicia ante los crímenes represivos de la dictadura del general Pinochet (1973-1990), sino también la restitución de derechos conculcados por ese régimen militar.
En la reunión extraordinaria de La Serena participaron 200 profesionales y 50 estudiantes de todo el país, que trabajaron los días 11 y 12 de este mes en los contenidos centrales de un proyecto de Estatuto del Periodista que el gobierno de Ricardo Lagos debe transformar en iniciativa de ley a presentar en el parlamento.
También asistieron como invitadas Lidia Fagale y Claudia Quiñones, dirigentas de la Unión de Trabajadores de la Prensa de Argentina (UTPA), país donde se promulgó un Estatuto del Periodista en 1946.
Un aspecto fundamental del Estatuto que se plantea en Chile es que el Colegio de Periodistas recupere la condición de entidad de derecho público y, como tal, ejerza la tuición y fiscalización ética sobre el trabajo periodístico, señaló a IPS Guillermo Torres, presidente nacional de esa organización.
La dictadura de Pinochet dispuso la disolución de los colegios profesionales para transformarlos en asociaciones gremiales, del mismo modo que atacó las estructuras sindicales que se oponían a la implantación de su proyecto neoliberal.
En el caso específico de los periodistas, el Colegio perdió así la facultad de negociar cada año aranceles para unificar las remuneraciones en los medios de comunicación a las diferentes funciones.
Del mismo modo, el régimen militar favoreció las posiciones empresariales del libre ejercicio profesional, permitiendo que trabajaran como reporteros y redactores en los medios a personas ajenas al Colegio, que a su vez reconoce como periodistas a los titulados como tales en las 38 universidades que imparten la carrera en Chile.
En 2001, luego de una ardua tramitación de ocho años, Lagos expidió una nueva Ley de Prensa, que dejó en la más completa ambigüedad ese punto, ya que, si bien dispuso que solo pueden denominarse periodistas los poseedores del título universitario, autorizó que los medios contraten a otras personas para labores informativas.
Esta fue una transacción que mostró la permeabilidad del gobierno y de los legisladores a la presión de los empresarios de los medios de comunicación, y en particular de las empresas El Mercurio y Copesa (Consorcio Periodístico SA), que configuran un duopolio que controla la prensa escrita en este país.
Insistiremos en la exclusividad del ejercicio profesional para las labores informativas, recalcó Torres, rechazando así el planteamiento empresarial de que esta demanda implique un atentado a la libertad de expresión, ya que los espacios de opinión de los medios continuarían abiertos a todos los ciudadanos.
Numerosos estudios de organismos especializados, como Americas Right Watch y el Programa de Libertad de Expresión de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, indican que el sistema chileno de medios vive un proceso de concentración desde el restablecimiento de la democracia en 1990 que lo hace más excluyente.
Cuatro revistas y dos diarios que en los años finales de la dictadura contribuyeron a la restauración del Estado de derecho desaparecieron en la década del 90, en un fenómeno que se atribuye en gran parte a la concentración de la publicidad, incluso de los avisos oficiales, en los medios tradicionales.
El Estatuto del Periodista se orienta a corregir vacíos de la Ley de Prensa y a crear las condiciones para que la sociedad chilena tenga acceso a un sistema informativo pluralista con un real ejercicio de la libertad de expresión para los diversos sectores, señalaron los delegados al congreso en La Serena.
Las reivindicaciones de los periodistas deben estar ligadas indisolublemente con la responsabilidad social implícita en el ejercicio de la profesión, que parte necesariamente por sus obligaciones éticas al servicio de la verdad, de los principios democráticos y de los derechos humanos, señaló Torres a IPS.
La ley (que cree el Estatuto) será una conquista de la lucha de ustedes, pero su vigencia cotidiana también. Es una lucha en cada redacción, dijo ante el congreso la argentina Claudia Quiñones.
Los periodistas no deben limitar sus demandas al ámbito corporativo, sino vincularlas al conjunto de los trabajadores y proyectarlas en la solidaridad y el trabajo internacional, recomendó la dirigenta de la UTPA.
