Una inédita reunión extramuros del parlamento de Venezuela, en un parque enclavado en un barrio donde el oficialismo es mayoría, mostró este viernes las dificultades para traducir en medidas legislativas el armisticio firmado hace una semana entre el gobierno y la oposición.
Centenares de partidarios del presidente Hugo Chávez siguieron los pormenores de la sesión en la colina El Calvario, a unos 500 metros de la sede del parlamento, en la que 93 diputados oficialistas modificaron el reglamento interno para así agilizar la aprobación de muchas leyes pendientes.
La coalición de gobierno cuenta con 86 de los 165 asientos en la unicameral Asamblea Nacional. Sin embargo, en la sesión de este viernes esa mayoría creció, ya que no participaron varios diputados que se declararon opositores, y sus lugares fueron ocupados por legisladores suplentes.
Eso fue posible gracias a las normas aprobadas en noviembre de 2002, las cuales establecieron que, en caso de ausencia del titular de la banca, ésta puede ser ocupada de modo automático por el suplente.
La medida exacerbó los ánimos de parlamentarios opositores, que días atrás habían dejado sin quórum las reuniones, cuestionando a la bancada oficialista e, incluso, habían quemado en el recinto legislativo ejemplares de las nuevas normas internas.
En un documento, 71 parlamentarios de una decena de grupos de oposición señalaron que la sesión extramuros constituye un acto de intimidación, viciado de nulidad, con el que el oficialismo intenta respaldar su proyecto político totalitario, echando al traste los principios democráticos.
En cambio, para el presidente de la Asamblea, Francisco Ameliach, la sesión en El Calvario es la respuesta, de cara al pueblo, ante quienes pretenden un nuevo golpe de Estado por la vía de bloquear las instituciones e impedir la aprobación de leyes.
La oposición pretende con argucias y comportamientos violentos impedir que el parlamento funcione, y han represado 43 proyectos de ley que necesita el pueblo, sostuvo el dirigente oficialista y ex presidente del parlamento, Willian Lara.
La oposición retiene los proyectos de leyes en la Comisión de Legislación de la Asamblea, donde tiene mayoría, por lo cual el oficialismo modificó el reglamento para obligar a esa Comisión a que entregara los textos a la plenaria para su discusión.
También Nicolás Maduro, dirigente del gobernante Movimiento V República, acusó a poderes económicos que conspiran y tratan de comprar diputados a razón de un millón de dólares cada uno, para que se pasen a las filas de la oposición.
En cambio, el presidente del opositor partido socialdemócrata Acción Democrática, Henry Ramos, entiende que el oficialismo va a perder su mayoría parlamentaria y ese es su verdadero temor, por lo que convocan a sesiones en áreas rodeadas de grupos afectos, para amedrentar.
Los representantes de la oposición acudirán al Tribunal Supremo de Justicia para pedir la nulidad de la sesión de este viernes y del reglamento que modificó.
El dividido parlamento mostró así sus problemas para traducir en acuerdos el pacto político para superar la crisis política, firmado la semana pasada bajo la batuta del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria.
El centro de ese pacto es que los bloques que disputan el poder se midan en referendos para que continúen en sus cargos o sean revocados los mandatos de gobernadores, alcaldes, parlamentarios y del propio Chávez, y los cuales podrían realizarse a fines de este año.
Un paso previo es la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, de cinco miembros, que debe hacer el parlamento con una mayoría, hasta ahora imposible de ser reunida, de dos terceras partes de sus miembros, es decir de 110 votos.
Si el nombramiento del Consejo Electoral se demora, la decisión puede recaer en el Tribunal Supremo de Justicia, pero los protagonistas políticos admiten que esa posibilidad puede producir un árbitro electoral cuya imparcialidad no sea confiable.
En paralelo, el oficialismo impulsa varios proyectos de ley enérgicamente resistidos por la oposición, sobre todo uno contra el terrorismo, otro que ampliaría de 20 a 32 las plazas en el Tribunal Supremo y un tercero que dicta normas sobre los contenidos que pueden transmitir la radio y la televisión.
Esta última norma calzaría con la confrontación entre el gobierno de Chávez y la mayoría de los medios de comunicación privados, que este viernes vivió uno de sus capítulos cotidianos.
Los cuatro grandes canales de televisión privada transmitieron sólo imágenes de fondo de la sesión de la Asamblea de este viernes en El Calvario, mientras entregaban los micrófonos a los parlamentarios de la oposición, quienes se extendieron en denuestos contra el oficialismo.
Este clima contradice el compromiso firmado ante Gaviria de buscar la creación de confianza recíproca, incluso en el campo de la comunicación social, para hacer expedita la salida política prevista en el acuerdo.
Los parlamentarios enlodan el acuerdo de la Mesa de Negociación que dirigió Gaviria, dijo a IPS Carlos Correa, coordinador de Provea, una de las principales organizaciones de derechos humanos en Venezuela.
El clima de violencia gestado en el seno de la Asamblea Nacional es un mal ejemplo para el resto de la sociedad, que reclama paz y concordia, según Correa.
Exhortamos a los parlamentarios del oficialismo y de la oposición a deponer sus intereses individuales y partidistas para darle paso a su condición de servidores públicos para hacer de la Asamblea un poder eficiente, agregó.
Chávez, quien habló en un acto de alianza entre las empresas estatales de petróleo e industrias pesadas, dijo que la oposición quiere dar un golpe a uno de los poderes del Estado, pero no lo permitiremos. Son unos muertos políticos y no resucitarán nunca en esta tierra bolivariana.
