El sindicalismo en Colombia está atrapado entre el fuego guerrillero y paramilitar y las violaciones a la libertad de asociación, afirmaron líderes obreros que asisten en Ginebra a la Conferencia Internacional del Trabajo.
En 2002 fueron asesinados unos 170 sindicalistas colombianos, la mayoría a manos de paramilitares de derecha y al menos 19 por guerrilleros de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, según un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch, con sede en Nueva York.
El gobierno de Alvaro Uribe trae a la Conferencia un discurso que realza la merma de sindicalistas asesinados de 60 a 25 en los cinco primeros meses de este año respecto de igual lapso de 2002, aseguró el secretario general de la Confederación de Trabajadores Democráticos de Colombia (CGTD), Julio Gómez.
La delegación oficial colombiana, encabezada por el vicepresidente Franciso Santos, va a presentar ese dato como un avance, advirtió Gómez.
Pero los dirigentes obreros responden que es tan grave el asesinato de un sindicalista como el de un millar. Esos argumentos del gobierno carecen de sentido, opinó Cérvulo Bautista Matomá, otro alto responsable de la CGTD.
Los ataques contra la libertad sindical se vuelven cada vez más insoportables, apuntó Gómez.
Esa ofensiva arremete contra tres conquistas, como son los derechos de organización, a la negociación colectiva y de huelga.
Añadieron que para ellos son igualmente sensibles los atentados criminales contra los sindicalistas como los ataques a los sindicatos, que ya han ocasionado una baja impresionante en las tasas de sindicalización.
En Colombia han sido liquidados prácticamente los sistemas históricos de contratación de personal y el derecho a la negociación colectiva y a la libre asociación se han convertido en un engaño, insistió Matomá.
La situación es tan crítica que algunos llegan a sostener que en Colombia es más fácil constituir un frente guerrillero que una organización sindical, expuso Gómez.
Empresas despiden a los trabajadores en forma masiva apenas detectan movimientos para la creación de un sindicato y ninguna autoridad protege el derecho de organización, pese a que está consagrado en la Constitución y en el código laboral, prosiguió.
Pero Colombia no es una excepción de clima antisindical respecto del resto de América Latina, donde se percibe una política generalizada, fruto de las orientaciones de ajuste estructural dictadas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Así, el problema es más profundo en Colombia, ya que a la política de exterminio, de asesinato de sindicalistas, se le suma la estrategia de ajuste estructural, con nuevas formas de contratación y con la extinción de la función social del Estado, reflexionó el secretario de la CGTD.
No hay duda de que en países como Argentina, Chile o México, la gente no piensa tanto sobre hacer un sindicato o no, mientras que los obreros colombianos se acercan a las organizaciones laborales con el doble de temor, como es el riesgo de la eliminación física y de la pérdida del empleo.
Por eso los sindicalistas colombianos se proponen provocar el debate sobre el riesgo de vida de los sindicalistas y de los sindicatos durante la presente sesión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que se prolonga hasta el 19 de este mes.
La Conferencia es la máxima instancia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la agencia de la Organización de las Naciones Unidas integrada por representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores que se ocupa de velar por la armonía de las relaciones laborales.
Las denuncias de los sindicalistas colombianos se dirigirán contra los empresarios que hostigan a los trabajadores cuando reivindican sus derechos.
También acusarán al sector público de eliminar las convenciones colectivas de trabajo, como se pretende en la estatal Empresa Colombiana de Petróleo, que por ese motivo se encuentra al borde de la huelga, comentó Matomá.
La representación obrera de ese país sudamericano reclamará a la OIT disposiciones más efectivas que los actuales programas especiales de protección para los sindicalistas.
No hay presupuesto suficiente para sufragar la protección de los 500.000 miembros de nuestra organización, dijo Gómez.
Yo tengo un automóvil blindado y cuatro escoltas, pero hay otros compañeros que pueden correr el mismo riesgo y carecen del auto especial y de los guardianes, comentó el líder de la CGTD.
Los sindicalistas colombianos confían que el caso de su país llegue hasta el Consejo de Administración, el máximo organismo de la OIT después de la Conferencia.
El Consejo está integrado por 28 delegados de gobiernos, 14 de empresarios y otros tantos de trabajadores. Representantes gubernamentales de 10 países de importancia industrial ocupan asientos permanentes en el organismo, que son Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, India, Italia, Japón y Rusia.
En la próxima reunión del Consejo, que comenzará el 20 de este mes, la representación sindical demandará la creación de una comisión de encuesta para Colombia.
Esos cuerpos especiales son creados por la OIT para casos críticos, como ocurrió con Birmania, donde una comisión de encuesta se ocupó de las denuncias sobre trabajos forzados.
Gómez aceptó la posibilidad de que los delegados empresariales y de algunos gobiernos se opongan a la creación de esa comisión. Pero los sindicalistas igualmente insistirán, porque pretenden que la comunidad internacional asuma su parte de responsabilidad en el holocausto colombiano, añadieron.
