El dinero de mafias internacionales de narcotráfico, conectadas con poderes locales, sirve con frecuencia como detonante de estallidos financieros, dijeron expertos en el Foro Social Mundial Temático de Colombia.
La incidencia del narcotráfico en las crisis financieras se debe a las grandes cantidades de dinero que se vuelcan en inversiones de corto plazo, principalmente inmobiliarias o en títulos, señaló Guilhem Fabre, profesor de la facultad de Asuntos Internacionales de la francesa Universidad del Havre.
Los capitales del narcotráfico fueron un factor decisivo en la crisis que se abatió sobre México a fines de 1994, con una fuerte devaluación de la moneda y la posterior contracción económica de 6,2 por ciento en 1995, cuyo eco en el resto de América Latina se conoció como efecto tequila.
Sólo se puede entender esa crisis por la irrigación de unos 8.000 millones de dólares en los torrentes bancarios, cifra que superaba las exportaciones petroleras mexicanas de la época, dijo Fabre en uno de los debates del Foro que finalizará este viernes en la septentrional ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
El experto añadió que el fenómeno también se presenta en economías industrializadas como Japón, donde la organización criminal local Yakuza detenta el control de redes de narcotráfico, prostitución, empresas comisionistas de bolsa y directorios de grandes empresas de construcción.
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El dinero que mueve la Yakuza puede representar hasta 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) japonés, además de ser responsables de 10 por ciento de los créditos de dudoso recaudo, aseguró Fabre.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso Indebido de las Drogas indican que la economía en manos de las organizaciones delictivas representa tres por ciento del producto bruto mundial, que el año pasado alcanzó a 31,4 billones de dólares, anotó.
En el panel sobre drogas del Foro Social Mundial Temático (FSMT) también abordaron el asunto, pero desde las secuelas políticas y sociales, el periodista paquistaní Muhammad Iqbal Khattak y el analista chileno Ibán de Rementería.
Khattat reveló que, tras el ataque encabezado en 2001 por Estados Unidos a Afganistán y el derrocamiento del régimen talibán, los cultivos de adormidera para elaborar opio y heroína en la frontera con Pakistán han resurgido, revirtiendo el éxito obtenido entre 1992 y 2002 al bajar la producción de 181 a cinco toneladas.
Un indicador del aumento de la producción es la caída del precio del opio, que pasó de cotizarse en Pakistán el año pasado a 900 dólares el kilogramo a 620 dólares en enero. El valor de la misma cantidad en Afganistán es de 586 dólares, informó Khattat.
Por su parte, De Rementería, investigador del chileno Instituto Ciudadanía y Justicia, se percibe una tendencia interesante en las legislaciones de Canadá y Estados Unidos hacia la despenalización del consumo de drogas, lo cual afectará las políticas de lucha y los mercados de drogas.
En esa dirección apunta el proyecto de ley impulsado por el gobierno canadiense para despenalizar el consumo de marihuana, que representa 90 por ciento del consumo de drogas prohibidas en ese país.
Igualmente, es sintomática la aprobación en 11 estados de Estados Unidos, mediante plebiscito, de la despenalización del uso de marihuana con fines médicos.
De Rementería fue categórico al afirmar que no cree en las operaciones exitosas de erradicación de cultivos ilícitos, a excepción de la realizada por el movimiento Talibán en Afganistán, pues el origen de esas plantaciones está en la crisis de la agricultura de los países pobres a causa del proteccionismo del Norte.
Colombia desplazó a los países asiáticos como principal proveedor de heroína a Estados Unidos y continúa siendo su mayor abastecedor de cocaína.
En el debate del FSMT de Cartagena de Indias, iniciado el lunes, también se sostuvo que los narcotraficantes fueron premonitorios del proceso de gobalización de la economía, al articular los recursos locales de trabajo, capital y tierra, con los circuitos de comercio internacional.
Respecto al modelo colombiano de represión del cultivo, De Rementería entiende que no tendrá éxito.
La criminalización de los campesinos productores de coca con el objetivo de acabar en 2006 con los cultivos ilegales es algo que no va a poder ser, aseveró el experto chileno, en referencia a lo expresado por el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, en el foro de autoridades locales que antecedió al FSMT.
Santos prometió en esa instancia acabar con los cultivos de coca y amapolas o adormidera. Las fumigaciones contra los cultivos ilícitos no se pararán, pues es un tema de seguridad y, por tanto, seguirán hasta el 7 de agosto de 2006 a las tres de la tarde, cuando concluya el mandato del presidente Alvaro Uribe, apuntó.
Los cultivos de coca pasaron en Colombia de 144.807 hectáreas en 2001 a 102.071 el año pasado, indicó un informe divulgado en marzo por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para Colombia y Ecuador.
El estudio sostuvo que esa notable merma se debe, en parte, a la mayor operación de fumigación llevada a cabo por el gobierno, en particular en los meridionales departamentos de Putumayo y Caquetá.
Las plantaciones ilegales también retrocedieron en conjunto en la región de la cordillera de los Ande, al bajar en el lapso analizado de 210.000 hectáreas a 172.000. Sin embargo, aumentaron en Bolivia, pasando de 19.000 hectáreas a 24.000.
A propósito, el general retirado Manuel Bonett, quien fuera jefe de las fuerzas armadas de Colombia en el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998), explicó a IPS que para enfrentar el problema hay que revisar la actual política y mirar el otro lado e incluir lo social en la solución del conflicto armado interno.
El modelo represivo del Plan Colombia, de lucha contra las drogas, equivale a llevar a la selección de fútbol encañonada para que gane un partido, por tanto, si no se revisa la política no será posible cumplir las metas oficiales de acabar con los cultivos de coca, amapolas y marihuana en 2006, sostuvo Bonnet.
