La cruzada de Estados Unidos contra el terrorismo ha dañado la situación humanitaria en el mundo, aseguraron juristas en el Foro Social Mundial Temático (FSMT) que se realiza en Colombia.
La llamada lucha antiterrorista lanzada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington ha llevado a una nueva lectura de la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos, sostuvo Ignacio Saíz, director adjunto del programa para América de Amnistía Internacional (AI).
Esa nueva visión llega al punto de que se ha promovido la idea de que los derechos básicos son "un lujo" de los países estables, añadió con ironía el directivo de esa organización humanitaria con sede en Londres, al inaugurar uno de los debates en el foro de la septentrional ciudad colombiana de Cartagena de Indias.
Saíz abrió así la discusión del panel "Guerras, terrorismo, seguridad y Derechos humanos", que congregó entre otros expertos a Federico Andreu, consejero de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), y a Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
También participaron Marco Romero, profesor de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, y Samuel Moncada, de la Universidad Central de Venezuela.
El chileno José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), coincidió con Saíz y otros especialistas en que el 11 de septiembre de 2001 comenzó lo que algunos llaman la "nueva era" en la política internacional y en la aplicación de la jurisprudencia sobre derechos humanos.
Por su parte, Andreu explicó que a partir de la división bipolar del mundo, que pasó de oscilar entre comunistas y capitalistas al eje del bien y del mal, incluso "se ha empezado a plantear que tal vez la tortura sea necesaria".
Este asesor de la CIJ, con sede en Ginebra, destacó que el sólo hecho de que se haya señalado su posible aplicación "implica un grave retroceso", más allá de que no se hable de tortura, a secas, sino que se use su definición técnica de "uso de presiones físicas necesarias".
Para Romero, el asunto que está a la orden del día es "si en la actual situación es posible hablar de salidas políticas a los conflictos, y si la seguridad implica observancia de los derechos humanos y respeto de la convivencia".
El ataque terrorista contra Estados Unidos permitió "racionalizar una doctrina que no es nueva" y le dio salida a corrientes que se movían al interior de ese país y que rememoran episodios de la llamada guerra fría, agregó.
En medio de una democracia de baja intensidad al interior de Estados Unidos, ya se habían "construido enemigos tipo narcoestados como Colombia y estados-problema como Iraq", y se habían ganado adeptos para la "cultura de que es bueno el imperio si el imperio es bueno", indicó Romero.
De ese modo el gobierno estadounidense de Georg W. Bush "metió en el saco del antiterrorismo todo lo que tenía en muchos sacos", construyendo una política "laxa" en materia de derechos humanos "en la que si los dictadores son amigos hay que apoyarlos, como ocurre con Pakistán", precisó.
A su vez, Andreu identificó una "emergencia paulatina y progresiva" de una serie de reformas que apuntan a reprimir formas legítimas y pacíficas de resistencia social, como ocurrió semanas atrás en Perú, donde el gobierno habló de infiltración masiva de terroristas en las protestas de maestros, campesinos y estudiantes.
"Lo más revelador" al respecto es la resolución 1373 del 28 de septiembre de 2001 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que otorga poderes excepcionales en materia de mantenimiento del orden y seguridad internacional, y que es de obligatorio cumplimiento, apuntó.
En esa decisión, que se la llamó "carta de navegación" de la lucha antiterrorista, se señalan 35 obligaciones, se tipifican nuevos delitos y nuevas infracciones, pero perversamente "no define que es terrorismo", acotó.
Precisamente, Andreu recordó que desde 1937 se ha intentado llegar a un consenso para definir el terrorismo, se han discutido 250 propuestas, pero "ninguna ha sido retenida" y, así, en un mundo en el que "no se aceptan los grises", cada vez se recortan más libertades y se vulneran los derechos de los más débiles.
A manera de ejemplo citó la decisión marco de la Unión Europea que suprime garantías para los extraditados, pues, ya no es exigible que el crimen del que se les acusa esté tipificado en la nación de origen y en la de destino.
En cuanto a la Convención de Argel, para la Unión Africana, y la Convención Antiterrorista de la Liga Arabe, similares entre ellas, incluyen dentro de las formas de terrorismo la perturbación en cualquier sector fundamental del país, por ejemplo servicios públicos de agua o energía.
Con ello, "formalmente se empieza a criminalizar en el ámbito internacional formas legítimas del ejercicio de los derechos sindicales", afirmó.
Por eso, aunque hay consenso en la comunidad internacional en la necesidad de "tener éxito" en el combate contra el terrorismo, los Estados "no pueden recurrir a los mismos métodos que dice combatir", puntualizó Vivanco.
Es un error "creer que los derechos humanos son un obstáculo" de la lucha antiterrorista, y por tal esa cruzada no puede reducirse "al miedo y a la intimidación, sino que requiere de la supremacía moral del Estado y del apoyo de la población, añadió el portavoz de HRW, con sede en Nueva York.
Recordó que Estados Unidos fue pionero en incorporar los derechos humanos a su política exterior, pero ahora, con la cruzada contra el terrorismo, se está "deslegitimando".
El caso más perturbador es la violación de los derechos humanos en la prisión de Guantánamo, el enclave estadounidense en Cuba, señaló.
Vivanco insistió en denunciar que prisioneros de Guantánamo, acusados de terroristas, son enviados por Estados Unidos a Jordania y Egipto para ser interrogados, dado que las legislaciones de esos países permiten la tortura para obtener información.
Este activista también se refirió a la situación de los derechos humanos en Cuba.
"Cuba está congelada en derechos humanos (…), y los cubanos también tienen derecho a la libertad", sostuvo, tras indicar que el gobierno de Fidel Castro no cumple con los estándares establecidos por los organismos internacionales.
Las afirmaciones de Vivanco provocaron una airada respuesta del embajador de Cuba en Colombia, Antonio López, quien se encontraba en el auditorio.
En su intervención, matizada de alusiones personales al representante de HRW, el diplomático dijo que en su país "no hay desaparecidos ni torturados" y que las cárceles "están abiertas" para los observadores, lo que fue contradecido por Vivanco.
En cuanto a Colombia, fue recurrente la advertencia de los expertos a las implicaciones que tendría la promulgación de un estatuto antiterrorista, un proyecto que cumplió seis de los ocho trámites reglamentarios en el Congreso y que incorporará a la legislación medidas adoptadas sólo en estado de excepción.
Algunas de las más polémicas de esas acciones son la interceptación de teléfonos y de correos y la atribución de funciones de fiscalía a miembros de la policía y el ejército. ***** + Foro Social Mundial Temático (http://www.fsmt.org.co/) + Cobertura especial de IPS (https://www.ipsnoticias.net/focus/fsmt/index.asp)
