– A 30 años del golpe de Estado en Chile, surgen desde el gobierno y la oposición nuevas fórmulas para dar solución judicial a los casos de desaparecidos y aumentar las indemnizaciones a familiares de las víctimas, quienes a su vez miran con escepticismo esas propuestas.
El presidente Ricardo Lagos ya mantuvo tres reuniones reservadas con el comandante en jefe del Ejército, general Emilio Cheyre, para informarle sobre el proyecto de ley al respecto que se propone enviar al parlamento este viernes, con la expectativa de que sea aprobada antes del 11 de septiembre.
Ese día se cumplirán tres décadas del cruento golpe de Estado que culminó con el bombardeo aéreo al palacio presidencial de La Moneda y el suicidio del mandatario constitucional Salvador Allende, dando inicio a la dictadura del general Augusto Pinochet, que se prolongó hasta el 11 de marzo de 1990.
Este histórico aniversario ha puesto en boga nuevamente la reconciliación, con gestos inéditos de los actuales mandos militares, como la reivindicación en la Fuerza Aérea de unos 50 oficiales y suboficiales destituidos por su rechazo al golpe.
El Ejército y la Armada se aprestan a hacer otro tanto, aseguró el 11 de este mes la ministra de Defensa, Michelle Bachelet.
Por su parte, Cheyre sostiene que hoy existen condiciones propicias para una reconciliación y el día 13, en un discurso en la septentrional ciudad de Calama, llamó a superar el pasado reciente de excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más una sociedad chilena dividida, proclamó el militar.
Para hablar de reconciliación, para hablar de gestos concretos en este país se necesita mucho más, dijo a IPS Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), a propósito de las expresiones de Cheyre y de la reincorporación de los militares constitucionalistas.
No basta con decir 'lo lamentamos'. Lo que se necesita es que una vez por todas las Fuerzas Armadas reconozcan que institucionalmente el Estado (en la dictadura) creó aparatos represivos, en los cuales lo altos mandos sabían lo que se hacía, que reprimían, torturaban y hacían desaparecer a nuestros familiares, añadió Pizarro.
Bajo el régimen de Pinochet se registraron en Chile unos 3.000 crímenes represivos, según documentos judiciales sobre asesinatos de opositores por agentes del Estado y de desapariciones forzadas. Estas últimas comprende unos 1.200 casos, de los cuales se ha aclarado poco más de un centenar.
La ley de amnistía que la dictadura expidió en marzo de 1978 cubrió los fusilamientos y asesinatos de militantes de izquierda desde marzo de 1973, pero los tribunales han sentado desde la década pasada la jurisprudencia de que no es aplicable a las desapariciones, que configuran el delito de secuestro.
El secuestro es un delito permanente mientras no aparezca la víctima, viva o muerta. Cheyre dijo el día 6 al diario local El Mercurio que es preocupante, a 30 años del golpe, que un familiar pueda seguir considerando secuestrado a un desaparecido, sin asumir su muerte.
La justicia mantiene unos 300 procesos por desapariciones y asesinatos políticos, que involucran a agentes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional y de otros aparatos represivos, en su mayoría oficiales y suboficiales retirados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la policía de Carabineros.
Esos procesos son una preocupación permanente del Ejército, que en los años 90, cuando Pinochet era todavía su comandante, presionó a los gobiernos de Patricio Aylwin (1990-1994) y de Eduardo Frei (1994-2000), en pro de una ley de punto final que terminara con las interpretaciones arbitrarias de la amnistía y cerrara los juicios.
En 1999, cuando el ex dictador y ex senador vitalicio estaba arrestado en Londres, Frei creó una mesa de diálogo que convocó por primera vez en torno a los derechos humanos a las Fuerzas Armadas y a personalidades del mundo civil, incluyendo a abogados defensores de víctimas de la represión.
La mesa terminó su trabajo en junio de 2000, ya en el gobierno de Lagos, y propuso una ley especial que bajo la figura del secreto profesional permitiera recopilar al interior de las Fuerzas Armadas y Carabineros información para ubicar los restos de los desaparecidos y facilitar así el cierre de los procesos.
Se recogieron datos sobre unos 200 casos hasta enero 2001, con una mayoría de víctimas que habrían sido arrojadas al mar, pero una vez que los jueces investigaron los antecedentes muchos de esos informes resultaron falsos, ya que no aparecieron restos o se encontraron osamentas en tierra de gente supuestamente lanzada al océano Pacífico.
Así, la Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la oposición de derecha, reabrió la polémica en mayo, cuando el senador Jaime Orpis y el diputado Pablo Longueira, presidente de esa colectividad, hicieron trascender negociaciones con unos 100 familiares de desaparecidos.
Se trataba de deudos de víctimas del campo de concentración de Pisagua (1.800 kilómetros al norte de Santiago), descontentos por las bajas indemnizaciones que les otorgó una ley emitida en 1991, luego de que el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación documentara los 3.000 casos de crímenes contra la humanidad en Chile.
La UDI ofreció a esos familiares impulsar una ley que aumentara sustantivamente las pensiones de viudez, las becas de educación y otras formas de indemnización para los familiares, a cambio de que éstos se desistieran de los juicios.
La iniciativa mereció un indignado rechazo de la AFDD y de los partidos de la gobernante Concertación por la Democracia, de centroizquierda, que la calificaron de un intento embozado de ley de punto final.
El gobierno puntualizó al respecto que por ningún motivo auspiciaría una norma en que se negociara justicia por indemnizaciones.
No obstante, el intento de la UDI repuso la cuestión de las reparaciones a las víctimas y el proyecto que el gobierno presentará al Congreso legislativo incluye aumentos de los montos indemnizatorios y ampliación de sus plazos de vigencia, además de perseverar en la búsqueda de fórmulas para acelerar los procesos por desapariciones.
Trascendió que Lagos impulsará una norma para que los jueces puedan obviar la figura del secuestro permanente y sentencien con celeridad a los autores, cómplices y encubridores de delitos de desapariciones comprobados en los procesos, aún cuando no aparezcan los restos de las víctimas.
La UDI anunció el día 17 que retirará su propuesta de desistimiento en los procesos, pero también hará pública este viernes su fórmula para cerrar los juicios a militares por desapariciones forzadas durante la dictadura.
La UDI es el partido que más reivindica la dictadura de Pinochet.
En sus filas militan el senador Sergio Fernández, ex ministro del Interior de la dictadura, y el diputado Alberto Cardemil, ex viceministro de la misma cartera, a quienes se atribuyen responsabilidades políticas en crímenes contra los derechos humanos.
Pizarro mira con escepticismo estos nuevos intentos. Reconciliación ha sido una palabra tan manoseada en nuestro país, que generalmente ha sido sinónimo de intentos de impunidad o de maniobras falsas, como fue la mesa de diálogo, dijo la presidenta de la AFDD.
El abogado Héctor Salazar, quien participó de esa mesa, comentó a IPS que no le agrada la palabra reconciliación, porque remite más bien a un sentido religioso, y que en Chile se debe propiciar más bien el reencuentro, en el sentido de que sectores que han estado incomunicados durante tantos años, se vuelvan a comunicar.
La civilidad debería mirar más bien hacia los militares, que están dando una suerte de pedagogía del reencuentro, que todavía no la veo tan nítida en el mundo civil, agregó el abogado defensor de los derechos humanos.
Según Salazar, al hablar de soluciones hay que asumir que a los desaparecidos los mataron y que son, por tanto, irrecuperables.
A lo que podemos aspirar es a un grado razonable de respuestas en que se sepa lo que ocurrió con ellos y se hagan efectivas las responsabilidades. En otras palabras, lo que en Chile se llama verdad y justicia, apuntó.
El coronel Ernesto Galaz, el oficial de mayor jerarquía reincorporado por la Fuerza Aérea, que sufrió cinco años de prisión y 10 de exilio tras el golpe de 1973, tiene una visión optimista.
Creo que está muy próximo el momento en que se despierten las conciencias de mucha gente que tuvo acciones directas en los desaparecimientos de personas y pueda ser posible encontrar su paradero. Advierto muy próxima la posibilidad de que ello acontezca, dijo Galaz a IPS.
