Norma Andrade tiene un sueño recurrente: su hija de 17 años le pide ayuda mientras es violada. El cadáver de esta joven fue encontrado hace dos años en Ciudad Juárez, México, donde unas 300 mujeres han sido asesinadas en los últimos 10 años.
Los ultrajes y crímenes como los que terminaron con la vida de Lilia García, la hija de Andrade, comenzaron en 1993 y continúan a pesar de las investigaciones, detenciones y promesas de las autoridades policiales, y de las movilizaciones, protestas y demandas de grupos no gubernamentales.
No creo ya en nada de lo que dicen las autoridades, pues niñas como la mía siguen muriendo aquí (en Juárez) en manos de los criminales, dijo Andrade a IPS.
Los asesinatos en la septentrional Ciudad Juárez, una localidad fronteriza con Estados Unidos de 1,2 millones de habitantes, son conocidos entre grupos humanitarios locales e internacionales por su persistencia y brutalidad.
García, quien trabajaba en una fábrica y estudiaba por las noches, desapareció el 14 de febrero de 2001 y siete días después fue hallada con signos de haber sido violada repetidas veces. Además tenía el rostro desfigurado, los cabellos arrancados y numeroso huesos rotos.
La violencia con la que atacaron a Lilia fue brutal, los autores del crimen son unos animales, expresó Andrade, quien confiesa que mantiene vivo el trauma que le generó la muerte de su hija.
En febrero fueron encontrados los últimos cuatro cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Tres de las muertas eran jóvenes de entre 17 y 18 años, cuyos cuerpos presentaban signos de violación, mientras que la cuarta, una niña de apenas cinco años, falleció de una certera puñalada en el corazón, según indicaron los peritos.
En las investigaciones de los 300 crímenes participaron hasta la fecha cuatro procuradores (fiscales) diferentes del estado de Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez, sin que se lograran resultados definitivos ni se hayan detenido los asesinatos.
Organizaciones humanitarias demandan al gobierno de Vicente Fox que tome cartas en el asunto, pero sus portavoces advierten que hacerlo sería violar la ley, pues son delitos del fuero local sin conexiones con el crimen organizado, con patrones cambiantes y donde no se usaron armas de fuego de alto poder.
Los argumentos que usa el gobierno son un insulto, pues parecen olvidar que son ya 10 años de crímenes constantes, que sí hay un patrón en ellos y que el sufrimiento y la muerte de mujeres jóvenes no termina, señaló a IPS Maricela Ortiz, portavoz del grupo no gubernamental Nuestras Hijas de Regreso a Casa.
Casi todas las mujeres asesinadas tenían edades en la franja de 15 a 30 años, fueron atacadas con cuchillos y sus cuerpos dejados en terrenos alejados de zonas habitadas con huellas de torturas y violación. A veces presentan quemaduras, o los pezones arrancados a dentelladas.
En relación a estos casos han sido detenidos varios presuntos asesinos, pero los crímenes continúan. Sólo una persona, el egipcio Abdel Latif Sharif, está sentenciada a 20 años de prisión por la muerte de cinco jóvenes.
Las hipótesis sobre los motivos de los asesinatos van desde prácticas satánicas hasta negocios vinculados a la pornografía.
La Procuraduría General de la República (PGR) decidió en abril investigar 14 de los 300 casos, tras recibir un bombardeo de pedidos para despojar a la fiscalía de Chihuahua de las pesquisas de los asesinatos en Juárez.
Se trata de mujeres a las que al parecer se les extrajeron sus órganos, por lo que la Procuraduría General estima que podría estar frente a un caso de tráfico ilegal de órganos.
La PGR nos defrauda, pues en las víctimas no se ha visto la falta de órganos. Lo que están haciendo es un fraude, un engaño, sentenció la portavoz de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, el grupo integrado por activistas, familiares y amigos de algunas de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez.
Ya no tenemos esperanzas en las autoridades mexicanas y no sabemos qué sigue ahora, pero ojalá esto (las muertes) pare y pronto, manifestó Ortiz, quien trabaja como consejera estudiantil y asegura haber sido la confidente de la asesinada Lilia García.
La PGR asegura que ha brindado hasta el momento todo el apoyo necesario a las autoridades de Chihuahua.
Detalla entre ellas el respaldo en investigaciones de material genético de las víctimas y la contratación de una consultoría con el estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para estudiar los casos.
En base a esos argumentos, la PGR insiste en que los casos de Ciudad Juárez, excepto los 14 que investiga, deben ser resueltos por la policía y los fiscales de Chihuahua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantiene abierto un expediente sobre las llamadas muertas de Juárez y desde fines del año pasado está en elaboración un informe al respecto.
Según trascendió, en el documento aún no divulgado, se pedirá al gobierno de México mayor atención y apoyo en las investigaciones de los asesinatos, pero también se le reconocerá apertura e interés por atender el caso.
En 2001, la relatora especial de la Comisión, Marta Altolaguirre, visitó Ciudad Juárez para conocer detalles sobre las muertes y se declaró impresionada.
Los grupos mexicanos de derechos humanos y los familiares de las víctimas realizaron en los últimos años una infinidad de marchas y manifestaciones para pedir el esclarecimiento de los asesinatos, pero de poco han servido.
Ahora sólo esperamos que los organismos internacionales de derechos humanos presionen más al gobierno para que por fin deje de lado su resistencia y se decida a detener tanta muerte, señaló Ortiz.
